La construcción de la presa El Chaparral se detuvo en julio de 2010. El
contratista responsabilizó a la CEL alegando que no dio información
suficiente para erigir la obra, y la CEL culpó a la empresa Astaldi,
pero en julio pasado llegaron a un acuerdo de pago de $108 millones por
la obra ejecutada. La CEL calla sobre los términos del acuerdo y ya
tiene luz verde de la Corte de Cuentas para contratar a otra firma sin
necesidad de licitación.
Efren Lemus
elfaro.net / Publicado el 24 de Septiembre de 2012
Después de leer una carta en la que le explican que la
construcción de la presa El Chaparral se atrasó por culpa de fenómenos
naturales y por importantes discrepancias técnicas, el procurador de
derechos humanos, Óscar Luna, dice que sigue sin entender por qué el
Estado pagó 108 millones de dólares sin antes establecer quién es el
responsable del fracaso de la construcción: “Es bien fácil que en un mal
manejo de un contrato algo no salió bien y entonces digan: paguemos
porque hay que pagar. ¿Y quién es el responsable de esto, pues? ¿De
quién fue la falla?”
El 20 de julio de 2012, la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río
Lempa (CEL) publicó un campo pagado que anunciaba un arreglo directo con
Astaldi, la empresa que el 18 de noviembre de 2008 ganó el contrato
para construir una represa generadora de hidroelectricidad en la zona
baja de la cuenca del río Torola, entre San Luis de la Reina y Carolina,
cuyo embalse se extendería hasta San Antonio del Mosco, en San Miguel,
por un monto de 219 millones 197 mil 700 dólares.
CRONOLOGÍA
5 de diciembre de 2006
Autorizan la promoción de la
licitación bajo la modalidad de contrato llave en mano. Dos días
después se convoca a las empresas a participar
1 de diciembre de 2007
CEL declara la licitación desierta e inicia un nuevo proceso avalado
por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)
18 de septiembre de 2008
La licitación CEL-2471 es adjudicada a la empresa Astaldi por
$219,197,700 millones en concepto de obra civil, bienes y servicios.
$702,809 mil más eran para repuestos recomendados.
25 de noviembre de 2008
CEL da la orden de inicio de la obra. Oficialmente las obras comienzan hasta el 5 de enero del 2009.
24 de junio de 2010
Astaldi presentó reclamo sobre las condiciones geológicas del margen
derecho de la montaña que sostiene el dique. Literalmente, dicen que la
montaña se está moviendo.
20 de julio de 2010
Un informe de supervisión de CEL determina que la mayoría de frentes de obra de la presa El Chaparral están inactivos.
9 de septiembre de 2010
CEL acuerda la contratación de la firma Curtis, Mallet-Prevost, Colt
& Mosle para asesorar a la Junta Directiva sobre los reclamos de
Astaldi.
25 de noviembre de 2010
La Corte
de Cuentas ordena un informe de actuación preventiva y recomienda a CEL
realizar más estudios técnicos y buscar una solución al litigio con
Astaldi.
13 de junio de 2012
CEL pide a la
Corte de Cuentas de la República opinión sobre el pago de $108.5
millones y la posible nueva contratación de una empresa para finalizar
la construcción.
29 de junio de 2012
La
Corte de Cuentas emite una opinión favorable para que CEL pague a la
empresa Astaldi y sugiere que no hay problemas en una contratación
directa para retomar la construcción.
Astaldi y la CEL, entonces dirigida por Nicolás Salume, firmaron un
contrato bajo la modalidad llave en mano, lo que significa que no se
aceptan modificaciones al precio pactado. La obra debería estar
finalizada en 2013. Sin embargo, 20 meses después de la firma del
contrato, el 24 de julio de 2010, la constructora pedía cambios al
acuerdo argumentando dos situaciones ajenas a su control: inundaciones
en el cauce del río por las tormentas Ágatha y Álex, y una situación de
emergencia por el movimiento del margen derecho de la montaña en la que
se apoyaba el dique.
“En las condiciones actuales es inviable continuar con la
construcción de la presa con el diseño que se tenía hasta la fecha (…)
se deberá realizar un estudio a nivel de factibilidad que permita
determinar si la ubicación actual de la presa es aún adecuada para
construir una obra técnica y económicamente viable”, se lee en un
documento de Astaldi.
En un primer momento, CEL no aceptó que los
atrasos en la construcción fueran culpa de las tormentas. Se basaba en
la obra misma para rechazar la posición de Astaldi. La tormenta Ágatha
inició el 29 de mayo y la tormenta Álex el 28 de junio de 2010. Este
mismo mes las obras deberían tener un avance del 35%, pero un informe de
supervisión detallaba que la construcción apenas había avanzado en un
23.6%. Sobre la denuncia del deslizamiento del margen derecho de la
montaña, la supervisión de la obra escribía en un informe: “Los datos
disponibles son limitados para confirmar cualquier hipótesis”.
La
CEL echaba la culpa al contratista, pues alegaba que Astaldi no hizo
los estudios ni las previsiones de seguridad necesarias para la obra.
Astaldi responsabilizaba a la CEL, pues la acusaba de no haber hecho los
estudios suficientes para determinar que la millonaria obra se estaba
construyendo sobre un suelo arcilloso. Entre versiones encontradas,
entre amenazas de convertir el caso en un litigio internacional, pasaron
dos años, hasta que finalmente las partes acordaron poner punto final
al contrato. Sin aclarar sobre los hombres de cuál actor recae la
responsabilidad de no haber previsto la inestabilidad del terreno donde
se proyectó la represa.
El arreglo directo entre CEL y Astaldi
establece una liquidación total del contrato por 108.5 millones. De ese
monto, la autónoma deducirá al contratista 85 millones (79.8 millones ya
pagados más 5.2 millones en camino de pagar) y otros 23.5 millones que
sí se reconocerán a Astaldi, empresa que reclamaba 52.4 millones
adicionales. “Dicho monto ha sido conciliado a partir del avance y
construcción de la obra, con los anticipos y otros pagos realizados con
anterioridad; y tomando en cuenta aquellos reclamos económicos que ambas
partes han estimado como procedentes, así como el costo-beneficio que
para el interés público origina la inmediata efectividad del arreglo
directo y la total certidumbre de la situación jurídica de la obra, para
su continuación”, reza el campo pagado.
Dado que se trata de grandes cantidades de dinero, la Procuraduría
para la Defensa de los Derechso Humanos (PDDH) se pregunta por qué no se
aclara de quién es la responsabilidad. La institución que vigila el
buen uso de los recursos públicos, la Corte de Cuentas, no ha hecho
público examen alguno sobre el caso. Esto, a pesar de que el mismo
procurador Luna solicitó información para seguir con su propia
investigación a raíz de las demandas de los habitantes que se consideran
perjudicados por la construcción de la presa.
En la carta que el
presidente de CEL, José Leopoldo Samour, envió a la PDDH no se menciona
ningún monto. Samour se limita a decir que el arreglo directo con
Astaldi tenía como objetivo evitar un arbitraje, retomar el sitio de la
obra y realizar los ajustes técnicos para que a la brevedad posible un
nuevo constructor culmine la obra porque “el país está en un déficit
energético a futuro cercano”.
La PDDH tiene abierto un expediente
por la construcción de la presa El Chaparral desde 2006. La
investigación inició por la queja de algunos pobladores a quienes no se
les permitió participar en la consulta ciudadana que ordena la Ley de
Medio Ambiente para determinar los daños o beneficios de una
construcción. “Es un proyecto que puede afectar derechos humanos, mi
deber es prevenir. Hay un derecho al medio ambiente”, responde el
procurador, cuando se le cuestiona por qué está pidiendo información
sobre ese proyecto.
Luna sabe que hay un interés de CEL para
continuar con el proyecto, pero dice que en este caso solo hay dos
situaciones posibles. Dice que la CEL debería explicar si existen los
riesgos que Astaldi denunció en su momento sobre el desplazamiento del
margen derecho. En caso de que ese riesgo no exista, entonces debería
explicar por qué pagó a la constructora, aun y cuando esta abandonó la
obra. “Y esas discrepancias que hubo, ¿fueron por culpa de CEL o por
culpa de la empresa Astaldi? Las causas en sí de quién originó esto no
lassabemos, ni tampoco tenemos claro el visto bueno que se pudo haber
dado para que esto se pagara”.
El titubeo de la Corte de CuentasEn
noviembre de 2010, cuando la Corte de Cuentas era presidida por Hernán
Contreras, la Dirección de Auditoría Cuatro realizó un informe de
actuación preventiva sobre la presa El Chaparral.
articulo completo http://www.elfaro.net/es/201209/noticias/9720/
