El Padre Toño es una figura de peso en la mediación con las pandillas. La Fiscalía lo acusa de introducir objetos ilícitos a penales
JUAN JOSÉ DALTON San Salvador 30 JUL 2014
El cura español, en abril 2014, acompañado de sus guardaespaldas. / JÉSSICA ORELLANA
El Salvador ha amanecido impactado por el arresto del sacerdote español Antonio Rodríguez Tercero, de 38 años, párroco de la Iglesia de San Francisco en la capital, San Salvador, y director del Servicio Social Pasionista, dedicado a la prevención de la violencia de las maras, como se conoce a las violentas pandillas centroamericanas. La Fiscalía acusa al Padre Toño de meter “objetos ilícitos” a centros penitenciarios y de tener “relación directa” con el líder de la pandilla Barrio 18.
El sacerdote, que lleva 15 años en El Salvador, es una figura de peso en la mediación de paz con las maras. Su parroquia está en una zona caliente de pandillas y Rodríguez tiene un trato cercano con los mareros, a los que trata de rehabilitar con sus programas de pacificación.
Tras su detención, el padre Toño se encuentra recluido en las instalaciones de la División Central de Investigaciones, a donde llegó la mañana de este miércoles en un vehículo privado y custodiado por agentes vestidos de civil. No iba esposado, pero se le impidió hablar con la prensa.
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El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Benito Lara, confirmó su captura pero no dio más detalles sobre este caso. En la noche del martes y en la madrugada de este miércoles han sido detenidas con orden judicial 127 personas, entre ellas funcionarios públicos como policías, fiscales y concejales de alcaldías, así como abogados y líderes pandilleros. Los capturados en esta redada están recluidos en las instalaciones de la División Antinarcóticos, donde decenas de periodistas esperan que sean presentados públicamente.
El abogado del sacerdote, Nelson Flores, ha asegurado que el padre Toño no ha sido capturado como parte de la redada, sino que es “un caso aparte”, aunque esta misma tarde la Fiscalía ha dicho lo contrario: que, en efecto, la detención del sacerdote forma parte del operativo. Flores, por su parte, considera es inocente de cualquier cargo: “El problema en este país es que trabajar con la reinserción de los jóvenes pandilleros es inmediatamente sospechoso de estar vinculado a las pandillas”, explicó el abogado, quien contempla que el arresto pueda tener una “vinculación política”.
Mientras tanto, el director policial, Ramírez Landaverde señaló que la captura de Rodríguez fue el resultado de una investigación de la Fiscalía contra una estructura de pandillas que opera en la zona oriental de El Salvador, vinculada a delitos como homicidios, extorsiones, robos y hurtos. Agregó que en el marco de las investigaciones, la Fiscalía encontró elementos suficientes que vinculaban al sacerdote con la estructura de pandillas y ejecutó la captura.
El sacerdote es originario del pueblo manchego de Daimiel, en España. Llegó a El Salvador en el 2000 inspirado por la figura del arzobispo asesinado Oscar Arnulfo Romero, un mito de la lucha por la pacificación de este país y contra la desigualdad.
“Vine aquí porque quise seguir el camino de Romero y de los padres jesuitas asesinados por soldados en 1989. Siempre quise desarrollar mi trabajo en América Latina. Presioné mucho a mi congregación para que me enviara aquí y lo hicieron”, dijo el Padre Toño a EL PAÍS en una entrevista en abril pasado.
Toño ha sido un fuerte crítico de los gobiernos de turno por “el fracaso de las políticas públicas implementadas contra las pandillas”, según sus palabras. En El Salvador el pandillerismo es un grave problema. Según fuentes oficiales, la guerra de las pandillas, especialmente el enfrentamiento entre la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, se ha cobrado unos 85.000 muertos en dos décadas.
Recientemente el padre Toño en una entrevista televisiva, la última que concedió antes de su captura, criticó duramente al actual gobierno, al señalar que "hay ausencia de políticas públicas para frenar la violencia". También afirmó que "no sólo hay violencia de las pandillas, sino de todas partes: de los empresarios y de funcionarios insensibles".
El sacerdote, en su Servicio Social Pasionista, trabaja con expandilleros, con víctimas de la guerra entre pandillas y con familiares de los que están presos. “El gobierno tiene la responsabilidad de frenar la violencia, pero se necesita el diálogo entre todas las partes”, apuntó Rodríguez, quien considera que en El Salvador hay que invertir al menos 850 millones de dólares en prevención de la violencia, en la reinserción de los pandilleros y en la atención a las víctimas.
El Salvador está catalogado como el cuarto país más violento del mundo, con una tasa de más de 40 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Las autoridades atribuyen a las pandillas el 67% por ciento de los delitos en el país.
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