En Agosto de 1982, uno de los mayores operativos militares desplegados
en El Salvador, es la operación denominada “Teniente Coronel Mario
Azenón Palma” donde participaron batallones como Atlacatl, Ramón
Belloso y Atonal, así como tropas del destacamento militar Número 2 y la
Quinta Brigada de Infantería, entre otros.
Redacción Voces
La operación incluyó persecución a civiles, torturas, violación y
agresión sexual a niñas y mujeres, asesinatos que fueron ejecutados como
estrategia para sembrar el horror y el miedo en San Vicente, en los
municipios de San Esteban Catarina, Santo Domingo, San Sebastián, Santa
Clara y San Lorenzo.
Fue la mañana del 22 de agosto que se
cometió la matanza más grande, en una hondonada conocida como “El
Calabozo”, a la orilla del río Amatitán, donde cientos de personas
buscaron refugio al ser perseguidas y perseguidos por soldados en
helicópteros y aviones de la Fuerza Aérea.
Se inició proceso
penal en el año de 1992 ante el Juzgado de Primera Instancia de San
Sebastián en el que se pide que se practique la inspección en el lugar
de los hechos, se practique la exhumación de los restos, se realice el
reconocimiento médico legal que ordena la ley, se citen a testigos y se
sancionen a los que resultaren culpables.
Se realizan las
diligencias, pero se archiva el caso el 22 de marzo de 1999, debido a
que “No se ha establecido la verdadera identidad del sujeto o sujetos
activos del hecho en comento”, y se determina “archívese el presente
proceso penal, sin perjuicio de reabrirlo en caso que aparecieran
elementos de juicio que así lo ameriten”.
El 27 de Septiembre
de 2006 interponemos escrito por medio de nuestro apoderado, para
querellar y acusar, por los delitos de Asesinato, actos de terrorismo,
daños agravados, otros estragos, robo y privación ilegal de libertad
tipificados en Código Penal anterior.
A partir del escrito, el
tribunal corre traslado solicitando a Fiscalía General de la República
(FGR), de sus observaciones, a lo que la FGR emite observaciones y dice
que: “[…]de acuerdo a la normativa penal derogada, la acción penal ya
prescribió y aún con la nueva normativa ya se establecen también los
parámetros de la prescripción[…]”.
Como Sobrevivientes y
familiares de víctimas de la masacre de El Calabozo, sabemos que este
caso no ha prescrito, porque se trata de un crimen de lesa humanidad que
ha afectado nuestras realidades violentando nuestros derechos como la
vida, la integridad, la dignidad y el acceso a la justicia; que la ley
de amnistía absoluta emitida en 1993, no puede aplicarse a ciertas
categorías de crímenes, por prohibición constitucional y por oponerse a
tratados internacionales de derechos humanos vigentes en El Salvador.
Ya la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha
dispuesto, por vía jurisprudencial, que las amnistías no pueden derogar o
quitarle eficacia a los derechos fundamentales de las personas y su
aplicación supondría una violación a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, entre otras disposiciones internacionales que constituye
Leyes de la República en virtud del artículo 144 de la Constitución de
la República de El Salvador.
Al respecto se ha pronunciado la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual ha establecido en el
caso concreto de El Salvador: “que son inadmisibles las disposiciones de
amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de
excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y
sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos
humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extra legales o
arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por
contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos”.
Ante estos y otros
fundamentos, en el año 2010 hemos interpuesto denuncia ante la
Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos y una demanda de
amparo ante la CSJ, que al momento no han tenido eco o quizá es un tema
de último orden de importancia dentro de los despachos.
A 30
años de la Masacre de El Calabozo, reivindicamos nuestros derechos
fundamentales como seres humanos, personas salvadoreñas que hemos
aportado al desarrollo de este país, que buscamos un mejor nivel de
vida, queriendo construir un país sin guerra, en verdadera paz, con
dignidad.
Hoy, al mismo tiempo de que marcamos el 30º
aniversario de este terrible crimen acá en El Salvador, activistas de
Amnistía Internacional de todas partes del mundo estarán expresando su
solidaridad con nosotros, y apoyando nuestras demandas en la exigencia
de verdad, justicia y reparación.
Por todo lo antes expuesto
los familiares de las víctimas que el Presidente de la República se
manifieste públicamente sobre los hechos ocurridos en la Masacre, se
incorporen medidas específicas dentro de un programa de reparación
integral con enfoque de género que beneficie a sobrevivientes y
familiares de víctimas de la masacre de El Calabozo.
De igual forma, solicitan a la Fiscalía General de la República (FGR) haga una investigación exhaustiva de los
delitos cometidos en contra de las víctimas de esta masacre y se
desencuadren de la visión penalista, dando paso a la aplicación de
tratados internacionales de protección a los derechos humanos.
Solicitan a la Corte Suprema de Justicia resuelva respecto a incidentes
dentro del procedimiento, admita la demanda de amparo y resuelva
conforme al análisis amplio de los derechos humanos.
Al mismo
tiempo exigen a la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos,
determinar mediante resolución sobre las peticiones de investigación
sobre diligencias y actuaciones de las instituciones en el caso.
Hablando de memoria histórica: “La masacre de El Calabozo”
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Iván C. Montecinos
El pasado 22 de agosto se conmemoró el 26 aniversario de un capítulo
negro en la historia salvadoreña conocido como “La Masacre de El
Calabozo”. El hecho, ocurrido en 1982, fue la matanza de 200 campesinos
por soldados de la Fuerza Armada, en la jurisdicción de San Esteban
Catarina, departamento de San Vicente.
Las víctimas fueron
asesinadas a balazos y machetazos.Dentro de los actos conmemorativos se
realizó una peregrinación que salió de la capilla “Alirio Napoleón
Macías”, en Amatitán Abajo, y se dirigió al lugar de la masacre, en
donde se efectuó un sencillo pero significativo acto con diversas
comunidades. Se recordó este terrible suceso con testimonios de personas
sobrevivientes y luego fue celebrada una misa en memoria de las
víctimas.
Según recopilaciones históricas, en el libro
“Masacres”, editado por el Centro para la Promoción de Derechos
Humanos, “Madeleine Lagadec”, a partir del 17 de agosto de 1982, en los
municipios de San Esteban Catarina, Santo Domingo, San Sebastián, Santa
Clara y San Lorenzo, el ejército desplegó uno de los mayores operativos
militares realizados en esa región, en el que participaron unos 4,000
soldados. Esta operación contrainsurgente se denominó “Teniente Coronel
Mario Azenón Palma” y participaron algunos de los batallones elites de
reacción inmediata como el Atlacatl, Ramón Belloso y Atonal, así como
tropas del destacamento militar Número 2 y la Quinta Brigada de
Infantería, entre otros.
Como era usual, en aquella época y
ante los sendos operativos militares, la guerrilla estratégicamente se
replegaba y no ofrecía mayor combate, por lo que los soldados
concentraban su accionar persiguiendo a la población civil, que huía
despavorida por el ataque de artillería y los bombardeos aéreos. Eran
miles de mujeres, ancianos, jóvenes y niños que abandonaban sus
viviendas y trataban de salvarse buscando refugio en montes y ríos.
Estas huidas eran conocidas como “guindas” y eran numerosas las
familias que en el afán de sobrevivir marchaban en grupos a paso lento y
provocaba que muchas personas se rezagaran o se perdieran en el
trayecto, tomando rumbos diferentes con el objetivo de burlar el cerco
militar.
El 22 de agosto de 1982, en horas de la mañana, soldados
del tenebroso, pero ya desaparecido Batallón Atlacatl, alcanzaron a un
grupo de numerosos civiles en las riberas del río Amatitán,
específicamente en el punto conocido como El Calabozo y ahí asesinaron a
las más de 200 personas con lujo de barbarie y luego quemaron decenas
de cadáveres. Esta matanza fue reivindicada por el ejército como un
“éxito militar”, pues habrían ocasionado “numerosas bajas a los
terroristas”, de acuerdo a los reportes de la época y reflejada en los
periódicos de mayor circulación, que se abstenían de investigar la
veracidad de los informes.
El Diario de Hoy, con fecha del 25
de agosto de 1982, en su página cuatro, informaba sobre este operativo
militar de la siguiente manara: “Como un rotundo éxito para la Fuerza
Armada, fue calificada en fuentes oficiales la operación “Tte. Cnel.
Mario Alberto Azenon Palma”, que terminó ayer en el norte de San
Vicente(...) La acción militar, dijo una fuente del Comité de Prensa de
la Fuerza Armada (COPREFA), tenía como objetivos la búsqueda,
localización y destrucción de campamentos y reductos terrorista”. Por
supuesto, que medios como este, nunca verificaron el informe de las
fuentes oficiales y siempre los daban por ciertos.
En 1992,
cuando la guerra ya había finalizado, el Comité “Madeleine Lagadec”
presentó un amplio reporte debidamente documentado ante la Comisión de
la Verdad, que lo incluyó en su informe público y confirmó la masacre,
basada en una gran cantidad de pruebas testimoniales que permitían una
reconstrucción objetiva de los sucesos ocurridos en El Calabozo en 1982.
Los testimonios de las personas que sobrevivieron a esta matanza son
espeluznantes y han quedado debidamente registrados y compilados en el
libro Masacres. Así por ejemplo, tenemos la versión de Raúl González
Arévalo, quien en ese tiempo era un niño de apenas unos 10 años y quien
en su testimonio cuenta que: “estaba viviendo en el caserío Palo Grande,
municipio de Santa Clara, San Vicente, cuando hubo la masacre en El
Calabozo.”
Raúl relata que: “ese 22 de agosto, a las siete de
la mañana, la población civil de Amatitán Abajo y Palo Grande,
aproximadamente unas 300 personas, huyeron bajando hacia el río
Calabozo. Nosotros podíamos ver los soldados llegando, porque el caserío
está al lado del río. Cuando los soldados se dieron cuenta que la
población se había salido del caserío bajaron al río. Cuando nos
encontraron, nos recogieron y nos forzaron a formar filas; la quebrada
estaba llena de gente, nos acusaron de ser subversivos, aunque éramos
civiles, y nos dijeron que nos iban a matar. Colocaron cuatro
ametralladoras en la quebrada. Los soldados que tenían las
ametralladoras comenzaron a rafaguear y los que no tenían empezaron a
rafaguear con fusiles. Yo estaba en medio de la gente junto a mi hermano
Cruz Arévalo, de ocho años. Cuando los soldados comenzaron a
ametrallar, cayó mi hermano, yo me caí al lado de él aunque no estaba
herido....”
Testimonios de numerosos supervivientes de la
masacre relatan que luego de masacrar a las más de doscientas personas
civiles, los soldados apilaron a un gran número de cadáveres y les
prendieron fuego, otros fueron devorados por zopilotes y otros animales
de rapiña.
Sobre este caso, la Comisión de la Verdad presentó
el 15 de marzo de 1993, un informe al Secretario General de la
Organización de las Naciones Unidas, en el que en una de sus partes
decía : “Existen pruebas suficientes de que el 22 de agosto de 1982,
efectivos del Batallón Atlacatl dieron muerte deliberadamente a más de
doscientos civiles, hombres, mujeres y niños, que habían apresado sin
resistencia”.
A pesar de las comprobadas denuncias sobre La
Masacre de El Calabozo, este hecho como muchos otros en el país, está en
la total impunidad y las víctimas y sus familiares aún esperan que se
haga justicia.
“Y ahora escribe” Iván C Montecinos, periodista colaborador de Diario Co Latino y Raíces.
Masacre de El Calabozo, necesita reconocimiento
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Martes, 06 Noviembre 2012
Piden pronunciamiento del Estado por masacre de El Calabozo
Por Gloria Morán
SAN SALVADOR- Las masacres ocurridas durante la guerra civil en El
Salvador continúan haciendo eco, tanto a nivel nacional como
internacional, sobre todo porque la justicia no se ha hecho presente en
la mayoría de los crímenes cometidos durante ese periodo.
Esta vez
la masacre de El Calabozo, ocurrida el 22 de agosto de 1982 en San
Vicente, es la razón por la que Amnistía Internacional emita una Carta
Abierta al presidente salvadoreño, Mauricio Funes, la cual fue
presentada esta tarde en Casa Presidencial.
La masacre del Calabozo
dejó más de 200 víctimas, entre ellas mujeres, niños y ancianos, que
fueron asesinados deliberadamente por efectivos del Batallón Atlacatl,
datos que se confirman según el informe de la Comisión de la Verdad
presentado el 15 de marzo de 1993.
Amnistía Internacional retoma las
demandas de los familiares de las víctimas y de las peticiones del
Centro para la Defensa de los Derechos Humanos “Madeleine Lagadec” en su
carta.
Según una publicación en la página web de Amnistía
Internacional, la investigadora sobre América Latina en esa
organización, Esther Major, dijo “Esta semana (la semana del dos de
noviembre, día de los difuntos), cuando personas de todo El Salvador
visitan las tumbas de sus familiares fallecidos para rendirles homenaje,
decenas de familias de las personas asesinadas a sangre fría en El
Calabozo llorarán la muerte despiadada de sus seres queridos, desde
bebés que ni siquiera habían dado sus primeros pasos, hasta abuelos de
avanzada edad. La inmensa mayoría no tiene una tumba que visitar, sólo
un monumento conmemorativo construido para recordar el lugar donde se
cometió la masacre”.
Los encargados de presentar la carta fueron
precisamente los representantes del Centro para la Defensa de los
Derechos Humanos “Madeleine Lagadec”, quienes llevaban un paquete que
contenía la carta y las 5.000 firmas que diversas personas a nivel
mundial han dado para que el caso de El Calabozo obtenga justicia.
“Como Sobrevivientes y familiares de víctimas de la masacre de El
Calabozo, sabemos que este caso no ha prescrito, porque se trata de un
crimen de lesa humanidad que ha afectado nuestras realidades violentando
nuestros derechos como la vida, la integridad, la dignidad y el acceso a
la justicia; que la ley de amnistía absoluta emitida en 1993, no puede
aplicarse a ciertas categorías de crímenes, por prohibición
constitucional y por oponerse a tratados internacionales de derechos
humanos vigentes en El Salvador”, cita la carta.
Entre las
peticiones está que Funes se manifieste públicamente sobre los hechos
ocurridos en la masacre, que se incorporen medidas específicas dentro de
un programa de reparación integral con enfoque de género que beneficie
a sobrevivientes y familiares de víctimas de la masacre de El Calabozo.
Otra es Que la Fiscalía General de la República (FGR) haga una
investigación exhaustiva de los delitos cometidos en contra de las
víctimas de esta masacre y se “des encuadren de la visión penalista,
dando paso a la aplicación de tratados internacionales de protección a
los derechos humanos”, cita la carta entregada.
Además solicitan que
la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resuelva respecto a incidentes
dentro del procedimiento, admita la demanda de amparo y resuelva
conforme al análisis amplio de los derechos humanos.
“Exigimos a la
Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos, determinar
mediante resolución sobre las peticiones de investigación sobre
diligencias y actuaciones de las instituciones en el caso”, piden los
familiares de las víctimas.
Claudia Interiano de la fundación
Madelaine Lagadec dijo que “aplauden” el hecho que el Estado salvadoreño
se haya pronunciado en otros casos similares y hay pedido perdón, pero
que las “víctimas y familiares de las víctimas de El Calabozo también
tienen ese derecho”.
Una de las acciones de petición de perdón fue
en enero de 2012, cuando Funes reconoció formalmente la responsabilidad
del Estado salvadoreño en otra masacre cometida durante la guerra civil
en El Mozote, donde los soldados mataron a más de 750 personas, en ese
momento también inició un programa de reparaciones para los afectados
por esa masacre.
Recientemente el Estado salvadoreño pidió perdón a
familiares y víctimas de las desapariciones forzadas de los hermanos
Contreras y otros tres niños. Este acto fue en obediencia a la sentencia
emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH)
El Salvador: Asesinados a sangre fría a orillas del río en El Calabozo
Tres décadas después, los sobrevivientes vuelven al lugar donde tuvo
lugar la masacre de El Calabozo en 1982.Tres décadas después, los
sobrevivientes vuelven al lugar donde tuvo lugar la masacre de El
Calabozo en 1982.© Amnistía Internacional
“
Los y las
sobrevivientes y familiares de las personas asesinadas en El Calabozo
reviven el dolor de ese día una y otra vez, como si hubiera ocurrido
ayer
”
Esther Major, investigadora de Amnistía Internacional sobre El Salvador
Mar, 21/08/2012
El año 1982 fue un año peligroso en El Salvador.
La guerra civil había empezado dos años antes, y en las zonas
controladas por los rebeldes, el ejército nacional consideraba a todos
—campesinos, bebés, mujeres y ancianos— objetivos militares legítimos.
En 1982 las fuerzas armadas ya habían cometido una serie de masacres en todo el país.
En agosto de ese año, las fuerzas armadas salvadoreñas lanzaron una
importante ofensiva en la región septentrional de San Vicente, una zona
que los militares consideraban un baluarte de la guerrilla. A medida que
se difundía la noticia de la ofensiva, las comunidades de San Vicente
empezaron a huir al temer por sus vidas. Muchos de quienes se quedaron
para cuidar las tierras eran ancianos, mujeres y niños de corta edad.
Se habían quedado creyendo que en casa estarían a salvo.
Nadie podía imaginar lo que estaba a punto de ocurrir.
Operación “tierra arrasada”
Tras varios días y noches de bombardeos, los lugareños oyeron rumores
de que los militares habían enviado tropas terrestres para terminar el
trabajo. Miles de quienes aún permanecían en la zona huyeron de sus
hogares, llevando a sus hijos y la poca comida que pudieron tomar,
mientras la oleada de destrucción avanzaba.
“El operativo lo
eligieron la fuerza armada como tierra arrasada. Porque ellos querían
terminar con todo, con personas y animales; en realidad aquí las vacas
que miraban, las mataron. Los caballos, los perros, gatos, gallinas; los
dejaron sin nada. Los incendiaron las casas, todo lo quemaron”,
recordaba Felicita, una de las sobrevivientes, cuando habló con una
investigadora de Amnistía Internacional este año.
Avanzando con
dificultad a través de la densa maleza, en medio de una fuerte tormenta,
en fila india y llevando a cuestas a quienes no podían caminar, las
familias trataban de escapar del ataque de unas fuerzas armadas
profesionales, bien entrenadas y equipadas.
La noche del 21 de
agosto, un grupo integrado por varios centenares de hombres, mujeres y
niños consiguió llegar por fin a orillas del río Amatitán, que iba muy
crecido, al lugar conocido como El Calabozo. Planearon reanudar la
marcha por la mañana, cuando los niños hubieran podido descansar.
Sin embargo, al amanecer se encontraron con que había llegado el ejército.
"Ya estaban los soldados tanto arriba como abajo al alrededor, ya los
tenían cerca ya, entonces ya no se podrían mover la gente, entonces que
se fueron acercando. Ellos no les dieron temor de que los iban a matar,
sino les dijeron que les iban a reunir y que hicieran una columna [...]
ellos les gritaban que ellos no les fueran a matar por los niños pues.
Pero [...] el jefe de mando dio la orden de que tenían que fusilarlos y
entonces allí fueron los lamentos de la pobre gente", declaró Felicita,
que había conseguido esconderse entre los matorrales con uno de sus
hijos a cierta distancia.
Sobrevivir al horror
Es difícil
confirmar el número de personas que murieron ese día. Según informes,
los soldados, pertenecientes al Batallón Atlacatl, entrenado por Estados
Unidos, arrojaron ácido sobre algunos de los cuerpos y el río se llevó
muchos de los cadáveres.
Pero los sobrevivientes y familiares han
confeccionado una lista de más de 200 personas desaparecidas, desde
bebés que aún no habían dado sus primeros pasos hasta abuelos de
avanzada edad.
Treinta años después, la pérdida de su familia sigue atormentando a Jesús.
Entre las personas asesinadas a sangre fría a orillas del río Amatitán
estaban su madre, su padre, su hermano y su hijo de cuatro años.
“De noche yo no sentía que lloraba pero dicen que yo sí lloraba. Yo no
sentía que lloraba. Me costó años, años para que se me pasara un poco.
Porque andaba por el camino llorando, iba comer a llorar, iba a cenar a
llorar, todos los tiempos de la comida, llorando…”, dijo.
Los
sobrevivientes y quienes habían huido tardaron casi 10 años en regresar a
sus pueblos. En 1992, algunos de ellos iniciaron un expediente judicial
ante las autoridades, pidiendo que se investigaran los crímenes y que
los responsables rindieran cuentas de sus actos ante la justicia.
El
expediente se cerró en 1993, a pesar de las pruebas y del hecho de que
la Comisión de la Verdad de la ONU, establecida tras finalizar el
conflicto, también había documentado la masacre.
Desde entonces,
sobrevivientes, familiares y las ONG que los acompañan vienen luchando
para que el caso sea juzgado. Cada vez que se ha reabierto se ha
encontrado con un nuevo obstáculo legal. La última vez que se reabrió
fue en 2006, pero 30 años después de que se cometiera la masacre aún no
ha llegado a juicio.
Treinta años sin respuestas
En El
Salvador, el pasado sigue estando muy presente. Las personas acusadas
de estar implicadas en masacres como la de El Calabozo aún ocupan cargos
influyentes, y los casos se paralizan durante decenios en un sistema
judicial que ha defraudado reiteradas veces a las víctimas.
Casi
ninguna de las personas que ordenaron y cometieron homicidios, torturas y
violencia sexual durante el conflicto, en el que se calcula que
murieron 75.000 personas, ha tenido que responder nunca de sus crímenes.
“Los y las sobrevivientes y familiares de las personas asesinadas en El
Calabozo reviven el dolor de ese día una y otra vez, como si hubiera
ocurrido ayer”, afirmó Esther Major, investigadora de Amnistía
Internacional sobre El Salvador, que se entrevistó con los familiares
este año.
“Las autoridades salvadoreñas han agravado su dolor y su
trauma al no hacer comparecer ante la justicia a ninguna de las personas
que ordenaron o cometieron la masacre. Treinta años después, ya es hora
de poner fin a esta farsa proporcionando finalmente una reparación a
sobrevivientes y familiares, y enjuiciando a los responsables de este
terrible crimen.”
Los sobrevivientes y familiares de El Calabozo no
pueden permitirse esperar más. “Ya en varios de los casos han muerto
algunas de las personas, debido a la edad —dice su abogada, Claudia
Interiano— […] pareciera que se está esperando ya, que mueran las y los
sobrevivientes de las masacres, las y los sobrevivientes de hechos tan
aterradores [...] para que se extermine el problema.”
Carolina
Constanza, directora del Centro para la Promoción de los Derechos
Humanos Madeleine Lagadec, que acompaña a los sobrevivientes, declaró:
“En el caso de El Calabozo, los familiares, las comunidades donde
ocurrieron los hechos, están clamando justicia y verdad, y nosotros que
los acompañamos pedimos que el Estado reconozca la verdad y busque las
medidas de reparar a las victimas.”
En lo que se consideró como una
medida positiva, el gobierno de El Salvador reconoció por fin,
recientemente, la responsabilidad del Estado en otra masacre —en la que
los soldados mataron a más de 750 personas en El Mozote, en 1981— e
inició un programa de reparaciones para esa comunidad.
Pero hasta
la fecha no ha habido ni siquiera un reconocimiento oficial de la
masacre de El Calabozo y de la devastación que produjo.
Hoy,
sobrevivientes y familiares como Jesús y Felicita se reúnen junto al río
Amatitán para conmemorar otro año de denegación de justicia, y están
más resueltos que nunca a hacer que las personas que ordenaron y
cometieron la masacre de sus familiares y amigos rindan cuentas de sus
actos. Es hora de poner fin a 30 años de injusticia y de que las
autoridades salvadoreñas respondan a sus peticiones de verdad, justicia y
reparación.
NOTA: Exhuman víctimas de masacre El Calabozo
LUNES, 06 FEBRERO 2012 E-mail Imprimir PDF
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Pro Búsqueda ha conseguido el permiso para recuperar los restos de tres
de las víctimas de una de las masacres emblemáticas de la guerra
Por Miriam Muñoz
SAN SALVADOR - Los cadáveres de dos niñas de cuatro a cinco años de
edad y su abuela, víctimas de la masacre ocurrida en El Calabozo, San
Vicente, el 22 de agosto de 1982, fueron exhumados este lunes, como
parte de un trabajo de investigación realizado por la Asociación Pro
Búsqueda De Niños Y Niñas Desaparecidos Durante el Conflicto Armado en
El Salvador.
Las primas Aidé Alvarado y Ana Carolina Alvarado
junto a su abuela, fueron asesinadas por soldados de la Fuerza Armada en
una operación militar denominada “Teniente Coronel Mario Azenón Palma”
realizada en El Calabozo, a la orilla del río Amatitán. Posteriormente
al haberse retirado las tropa, y dejado un gran número de muertos,
fueron enterradas por un tío que las encontró.
“Las dos niñas y
su abuelita estaban protegidas en un paderón de la quebrada cuando las
encontró el batallón Atlacatl; ahí mismo las asesinó y después les
roció ácido y los cuerpos estaban sumamente desechos, así que quien
enterró a estas niñas fue un tío, el cual no habíamos podido contactar y
es así, cuando él nos describe que las enterró, qu confirmamos el
asesinato”, aclaró la directora de Pro Búsqueda, Esther Alvarenga.
El propósito de la asociación al realizar estas investigaciones es
darles tranquilidad a las familias de las victimas quienes sufren por no
saber qué ha pasado con sus seres queridos.
“Nosotros lo que
pretendemos es cumplir con una expectativa de los familiares, más bien
la petición de poderlas desenterrar, y darle una sepultura que todo ser
humano tiene derecho”, dijo Alvarenga.
La masacre del Calabozo
dejó más de 200 víctimas, entre ellas mujeres, niños y ancianos, que
fueron asesinados deliberadamente por efectivos del Batallón Atlacatl,
datos que se confirman según el informe de la Comisión de la Verdad
presentado el 15 de marzo de 1993.
En la actualidad, a 20 años
de la firma de los Acuerdos de Paz, muchos de los familiares de las
victimas aun continúan con la incertidumbre de dónde poder encontrar a
su seres queridos, ya sea que hayan muerto en la masacre o hayan podido
escapar y logrado sobrevivir.
Es el caso del hermano de una de
las dos niñas que fueron exhumadas, Antonio Alvarado, quien por la
necesidad de saber si podría encontrar con vida a su hermanita, acudió a
Pro Búsqueda para que ellos le ayudaran a descubrir su paradero. No
obstante, Pro Búsqueda después de investigar tuvo que darle la noticia
de que sí había sido asesinada.
Los restos de las niñas y la
señora serán exhumados entre hoy y mañana por El Equipo Argentino de
Antropología Forense, que también ha sido parte de investigaciones en El
Mozote; dos antropólogos de El Salvador y la cooperación de las
personas de la comunidad que se encargan de hacer la parte logística del
trabajo.
Otros encuentros
A pesar que Antonio no pudo
encontrar viva a su hermana, antes de dar con el paradero de sus
restos, la Asociación Pro Búsqueda, encontró en 2006a su hermano menor, a
quien con pruebas de ADN se le comprobó su consanguinidad con Antonio.
Él creía que su hermanito de seis meses había sido asesinado junto a su
madre, por eso no vio la posibilidad de encontrarlo.
Pero la realidad fue que al bebé se lo llevaron los militares y creció con un capitán.
“En una unidad militar había un muchacho que solo sabía que era
adoptado, por los vecinos que le dijeron que nunca la familia que lo
creció lo habían tenido. Y resulta que lo motivamos a que se acercara a
Pro Búsqueda a tomarse una prueba de ADN y este muchacho resultó ser
hermano de Antonio Alvarado”, explicó Esther Alvarenga.
Frente a
la violaciones de los derechos humanos cometidos a la familia de
Antonio aún no hay una denuncia, ya que “esto lo tendría que decidir la
familia; si ellos quisieran hacer una opción legal es la familia la que
determina”, argumentó Alvarenga.
Y agregó que el trabajo de Pro
Búsqueda ha sido sobre todo cumplir con la petición de la familia de
hacer exhumación para poder enterrar los cadáveres de las niñas y su
abuela en un cementerio con dignidad.
Al finalizar la
extracción, el equipo argentino tomará muestras de ADN a los cuerpos
para poder identificar a quién pertenece cada parte de los restos entre
los victimados, para posteriormente emitir un informe que se tardará de
tres a cuatro meses.
“De este informe se manda un escrito al
juzgado para que nos autorice a nosotros retirar las osamentas humanas,
que estarán en Medicina Legal para luego hacer el ritual de velación y
entierro”, relató la directora de Pro Búsqueda.
Aunque la
exhumación de cadáveres no es su finalidad, esta es la segunda vez que
Por Búsqueda ha optado por llevarla a cabo en sus procesos de
investigación sobre personas desaparecidas durante el conflicto armado
de El Salvador, del que se estima que hay alrededor de 8.000 personas
desaparecidas.
XXIX ANIVERSARIO DE LA MASACRE DEL CALABOZO
Sobrevivientes de masacre El Calabozo claman por justicia
Hace 29 años, el Ejército cometió una de las barbaridades más crueles:
matar a sangre fría a niños y niñas, y a mujeres, y a ancianos
indefensos. Las víctimas ahora piden justicia.
Acorralados como
animales, más de doscientos civiles, entre ellos niños y niñas, fueron
brutalmente asesinados a sangre fría por miembros del Batallón Atlacatl,
una unidad élite del ejército, en el río Amatitán, en el punto conocido
como El Calabozo, San Vicente. El caso ha estado engavetado por diez
años, pero ahora las víctimas piden que se reabra y se imparta justicia.
A la matanza se le conoce como la Masacre de El Calabozo, y de eso hace ya 29 años.
Pero Amadeo Carrillo no ha olvidado nada, mucho menos los gritos de las
mujeres y niños, entre ellos los suyos propios. Él, por puro milagro,
logró escapar de la muerte y se escapó hacia un cerro cercano. Desde
allí escuchó el dolor de la muerte.
“Viera qué tremendo es oir
que están matando a los hijos y a la esposa de uno, y uno sin poder
hacer nada”, dice, sentado en una banca de madera en su casa, del cantón
Amatitán Abajo.
La masacre ocurrió el 22 de agosto de 1982, en
el marco del más grande operativo militar realizado en la zona de San
Vicente. Se estima que unos seis mil soldados, de diferentes unidades
militares, participaron en dicha operación denominada “Teniente Coronel
Mario Azenón Palma”, en honor a un oficial caído en la zona.
Por varios días los militares del ejército persiguieron, torturaron y
masacraron como animales a habitantes de los municipios de San Esteban
Catarina, Santa Clara, San Lorenzo, al norte de San Vicente. Pero fue la
mañana del 22 de agosto que perpetuaron la matanza más grande, en una
hondonada conocida como El Calabozo, a la orilla del río Amatitán. Hasta
allí habían llegado huyendo aquellas gentes, perseguidos por soldados y
roqueteados desde el aire por helicópteros y aviones de la Fuerza
Aérea. Y solo encontraron allí una muerte cruel y salvaje.
Aunque
del brutal hecho ya transcurrieron casi 29 años, los únicos
sobrevivientes y familiares de las víctimas, pero también toda la
comunidad, no pierden la esperanza de que los culpables reciban su
castigo.
El pasado 15 de julio, con apoyo del Centro para la
Promoción de los Derechos Humanos (CPDH) “Madeleine Lagadec”,
presentaron una petición para que se reabra el juicio de la masacre de
El Calabozo, que desde 1999 está archivado.
Además el CPDH
solicitó al ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, el retiro
del actual embajador de El Salvador en Honduras, el Coronel retirado
Sigifredo Ochoa Pérez, por atribuirle responsabilidad en la masacre.
Ochoa era entonces el comandante del Destacamento Militar Número 2, con
sede en Sensuntepeque, y sus tropas también participaron en el operativo
–y en la carnicería—.
Las pruebas y testimonios se engavetan
De acuerdo al abogado que lleva el caso, David Morales, es anormal que
el juicio por la masacre de El Calabozo continúe en archivo, pues
generalmente un proceso pasa a archivo cuando no se tienen pruebas y
evidencias suficientes del caso.
“Este no era el caso porque
había prueba de la masacre, lo que había era una obligación de buscar
información al interior de la Fuerza Armada”, destacó Morales al señalar
que desde que inicio el juicio penal – en 1992— por la matanza, el CPDH
recolectó y presentó pruebas suficientes para que continuará el
proceso.
Pero los jueces se negaron a pedir dicha información a
los militares, por lo cual permaneció estancado hasta que en 1999 el
juez de primera instancia de San Sebastián decidió pasarlo a archivo
administrativo.
A pesar de que el Informe de la Comisión de la
Verdad, de 1993, determinó que había pruebas suficientes de la masacre,
el ministro de Defensa de ese entonces, General José Guillermo García,
declaró que había hecho una investigación y que no había ocurrido
ninguna masacre.
Pero el mundo supo de las atrocidades que allí
se cometieron por medio de una nota periodística del diario
estadounidense The Washington Post, publicada el 8 de septiembre de
1982, dos semanas después de los hechos.
En tanto, los diarios
locales seguían sin informar sobre el caso. Básicamente publicaban los
partes de guerra emanados del Comité de Prensa de la Fuerza armada.
Una publicación del periódico El Mundo, del 24 de Agosto de 1982,
señala: “El Comité de Prensa de la Fuerza Armanda (COPREFA), informó hoy
que la Operación Militar ‘Teniente Coronel Mario Alberto Azenón Palma’,
que desde hacía una semana se venía realizando en el Noreste del
departamento de San Vicente, concluyó ayer con el éxito que se había
previsto y 150 o más extremistas resultaron muertos en combate”.
Pero todos eran civiles, aunque de algún modo organizados en la
guerrilla como soporte social: las señoras que echaban las tortillas,
los que acarreaban el agua y la leña, etc. y con ellos, sus niños y
niñas. Pero civiles, al fin y al cabo.
Que ruede la cabeza del embajador
La CPDH considera que la participación en el operativo –y en la
masacre, como jefe castrense que dirigió tropas— inhabilitan al
embajador Ochoa Pérez para ejercer la carrera diplomática, por ser
contradictoria con el requisito establecido en el artículo 9 de la Ley
Orgánica del Cuerpo Diplomático de El Salvador.
Esa ley dice
que para ejercer la misma es indispensable: “ser de honrosos
antecedentes, poseer sólida cultura y observar conducta intachable, a
juicio del Ministro de Relaciones Exteriores”.
“El Embajador
Ochoa debiese ser removido de su cargo actual, de conformidad al
artículo 2 y 9 de la cita Ley Orgánica del Cuerpo Diplomático, pues su
permanencia en el servicio diplomático constituye un continuo agravio a
las víctimas de la masacre de El Calabozo, atroz delito que constituye
un crimen de lesa humanidad, por lo que no puede amnistiarse ni ser
objeto de la prescripción de la acción penal”, concluye la CPDH.
En publicaciones de la época se evidencia al ex Coronel Ochoa
planificando el operativo. El Diario Latino, del 19 de agosto de 1982,
publicó una fotografía, en la cual aparece Ochoa y el coronel Domingo
Monterrosa planeando el plan de ataque del operativo en San Vicente.
El pie de foto reza: El Coronel Domingo Monterrosa comandante del
Batallón de Reacción Inmediata (al centro) y el Coronel Sigifredo Ochoa
comandante del Destacamento Militar No.2 de Cabañas (derecha) y segundo
comandante de la operación “Tte. Cnel. Mario Azedón Palma”, coordinan el
plan de ataque a seguir contra posiciones guerrilleras ubicadas al
norte del departamento de San Vicente.
ContraPunto intentó
conocer la postura del embajador Ochoa Pérez, pero nunca contestó
nuestras llamadas para entrevistarlo. Por su parte, un vocero de
Cancillería detalló que actualmente el Ministerio de Relaciones
Exteriores está realizando una evaluación de todo el cuerpo diplomático,
y que sin duda alguna la petición interpuesta por “Madeleine Lagadec”
para la destitución de Ochoa Pérez será tomada en cuenta.
“No
sabría decir si este va ser un elemento determinante, pero sí se va
tomar en cuenta en la evaluación de Ochoa Pérez”, indicó.
Por
su parte, el abogado del caso, David Morales, dijo que lo que esperan es
que se investiguen realmente sus antecedente, “es decir los gobiernos
anteriores lo que hacían era encubrir, y lo que esperamos ahora es que
ante nuestra petición el funcionario denunciado sea investigado y
evaluado”.
Vi sangre nadando en el río
En Amatitán
Abajo, la gente se siente en cierto modo indignada de que alguien como
Ochoa Pérez, con todo ese antecedentes oscuro, esté gozando de las
mieles que brinda el servicio diplomático.
Gabriel Amaya va
viajando en la cama de un pick up, un día soleadísimo de julio. De barba
y bigote abundante, y un sombrero de palma, va hablando como cualquier
campesino de las cosas de la siembra: que el abono está caro, que una
semilla sembrada con fe produce lo necesario, etc. Pero Gabriel, en
aquellos días de guerra, fue combatiente de la guerrilla. Para cuando
sucedió la masacre, él estaba combatiendo por otro lado, en el lugar
conocido como Tres Calles, Usulután.
“Cuando regresemos aquí, a
Amatitán, fui a El Calabozo, y lo que vi fue la sangre nadando en el
río para abajo”, dice, dando saltos en la cama del pick up. Y agrega:
“Vi como unos 150 cuerpos allí en el río, a la orilla, los demás se los
había llevando el río”.
Sobre Ochoa Pérez, dice: “Se le debería de hacer un juicio, por lo que ha hecho, él no debería estar de embajador”
Los militares acusados de la matanza en el calabozo son: los Generales
José Guillermo García (ex Ministro de Defensa y Seguridad Pública);
Rafael Flores Lima (ex jefe del Estado Mayor de la Fuerza Armanda) y
Juan Rafael Bustillo (ex comandante de la Fuerza Aérea de El Salvador).
También se incluye a los Coroneles Sigifredo Ochoa Pérez (entonces
Comandante del DM-2) y Napoleón Alvarado (entonces Comandante de la 5ª
Brigada de Infantería). Además, al Teniente Coronel Miguel Antonio
Méndez (ex Comandante del BIRI “Ramón Belloso”). Se incluye un
señalamiento histórico sobre la responsabilidad del entonces jefe del
BIRI Atlacalt, Domingo Monterrosa, ya fallecido.
Muchas de las
víctimas de El Calabozo fueron quemadas, debido a que los militares
vertieron ácido en sus cuerpos. Los sobrevivientes y familiares de las
víctimas, 27 años después, siguen esperando por justicia.
![MANA 32 AÑOS MASACRE DEL CALABOZO
Crimen de El Calabozo, a 30 años de una masacre” en El Salvador
AGOSTO 22, 2012 VOCES
Publicado en: Actualidad, Especiales, Nacionales, Política, Portada
En Agosto de 1982, uno de los mayores operativos militares desplegados en El Salvador, es la operación denominada “Teniente Coronel Mario Azenón Palma” donde participaron batallones como Atlacatl, Ramón Belloso y Atonal, así como tropas del destacamento militar Número 2 y la Quinta Brigada de Infantería, entre otros.
Redacción Voces
La operación incluyó persecución a civiles, torturas, violación y agresión sexual a niñas y mujeres, asesinatos que fueron ejecutados como estrategia para sembrar el horror y el miedo en San Vicente, en los municipios de San Esteban Catarina, Santo Domingo, San Sebastián, Santa Clara y San Lorenzo.
Fue la mañana del 22 de agosto que se cometió la matanza más grande, en una hondonada conocida como “El Calabozo”, a la orilla del río Amatitán, donde cientos de personas buscaron refugio al ser perseguidas y perseguidos por soldados en helicópteros y aviones de la Fuerza Aérea.
Se inició proceso penal en el año de 1992 ante el Juzgado de Primera Instancia de San Sebastián en el que se pide que se practique la inspección en el lugar de los hechos, se practique la exhumación de los restos, se realice el reconocimiento médico legal que ordena la ley, se citen a testigos y se sancionen a los que resultaren culpables.
Se realizan las diligencias, pero se archiva el caso el 22 de marzo de 1999, debido a que “No se ha establecido la verdadera identidad del sujeto o sujetos activos del hecho en comento”, y se determina “archívese el presente proceso penal, sin perjuicio de reabrirlo en caso que aparecieran elementos de juicio que así lo ameriten”.
El 27 de Septiembre de 2006 interponemos escrito por medio de nuestro apoderado, para querellar y acusar, por los delitos de Asesinato, actos de terrorismo, daños agravados, otros estragos, robo y privación ilegal de libertad tipificados en Código Penal anterior.
A partir del escrito, el tribunal corre traslado solicitando a Fiscalía General de la República (FGR), de sus observaciones, a lo que la FGR emite observaciones y dice que: “[…]de acuerdo a la normativa penal derogada, la acción penal ya prescribió y aún con la nueva normativa ya se establecen también los parámetros de la prescripción[…]”.
Como Sobrevivientes y familiares de víctimas de la masacre de El Calabozo, sabemos que este caso no ha prescrito, porque se trata de un crimen de lesa humanidad que ha afectado nuestras realidades violentando nuestros derechos como la vida, la integridad, la dignidad y el acceso a la justicia; que la ley de amnistía absoluta emitida en 1993, no puede aplicarse a ciertas categorías de crímenes, por prohibición constitucional y por oponerse a tratados internacionales de derechos humanos vigentes en El Salvador.
Ya la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha dispuesto, por vía jurisprudencial, que las amnistías no pueden derogar o quitarle eficacia a los derechos fundamentales de las personas y su aplicación supondría una violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otras disposiciones internacionales que constituye Leyes de la República en virtud del artículo 144 de la Constitución de la República de El Salvador.
Al respecto se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual ha establecido en el caso concreto de El Salvador: “que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extra legales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.
Ante estos y otros fundamentos, en el año 2010 hemos interpuesto denuncia ante la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos y una demanda de amparo ante la CSJ, que al momento no han tenido eco o quizá es un tema de último orden de importancia dentro de los despachos.
A 30 años de la Masacre de El Calabozo, reivindicamos nuestros derechos fundamentales como seres humanos, personas salvadoreñas que hemos aportado al desarrollo de este país, que buscamos un mejor nivel de vida, queriendo construir un país sin guerra, en verdadera paz, con dignidad.
Hoy, al mismo tiempo de que marcamos el 30º aniversario de este terrible crimen acá en El Salvador, activistas de Amnistía Internacional de todas partes del mundo estarán expresando su solidaridad con nosotros, y apoyando nuestras demandas en la exigencia de verdad, justicia y reparación.
Por todo lo antes expuesto los familiares de las víctimas que el Presidente de la República se manifieste públicamente sobre los hechos ocurridos en la Masacre, se incorporen medidas específicas dentro de un programa de reparación integral con enfoque de género que beneficie a sobrevivientes y familiares de víctimas de la masacre de El Calabozo.
De igual forma, solicitan a la Fiscalía General de la República (FGR) haga una investigación exhaustiva de los
delitos cometidos en contra de las víctimas de esta masacre y se desencuadren de la visión penalista, dando paso a la aplicación de tratados internacionales de protección a los derechos humanos.
Solicitan a la Corte Suprema de Justicia resuelva respecto a incidentes dentro del procedimiento, admita la demanda de amparo y resuelva conforme al análisis amplio de los derechos humanos.
Al mismo tiempo exigen a la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos, determinar mediante resolución sobre las peticiones de investigación sobre diligencias y actuaciones de las instituciones en el caso.
Hablando de memoria histórica: “La masacre de El Calabozo”
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Iván C. Montecinos
El pasado 22 de agosto se conmemoró el 26 aniversario de un capítulo negro en la historia salvadoreña conocido como “La Masacre de El Calabozo”. El hecho, ocurrido en 1982, fue la matanza de 200 campesinos por soldados de la Fuerza Armada, en la jurisdicción de San Esteban Catarina, departamento de San Vicente.
Las víctimas fueron asesinadas a balazos y machetazos.Dentro de los actos conmemorativos se realizó una peregrinación que salió de la capilla “Alirio Napoleón Macías”, en Amatitán Abajo, y se dirigió al lugar de la masacre, en donde se efectuó un sencillo pero significativo acto con diversas comunidades. Se recordó este terrible suceso con testimonios de personas sobrevivientes y luego fue celebrada una misa en memoria de las víctimas.
Según recopilaciones históricas, en el libro “Masacres”, editado por el Centro para la Promoción de Derechos Humanos, “Madeleine Lagadec”, a partir del 17 de agosto de 1982, en los municipios de San Esteban Catarina, Santo Domingo, San Sebastián, Santa Clara y San Lorenzo, el ejército desplegó uno de los mayores operativos militares realizados en esa región, en el que participaron unos 4,000 soldados. Esta operación contrainsurgente se denominó “Teniente Coronel Mario Azenón Palma” y participaron algunos de los batallones elites de reacción inmediata como el Atlacatl, Ramón Belloso y Atonal, así como tropas del destacamento militar Número 2 y la Quinta Brigada de Infantería, entre otros.
Como era usual, en aquella época y ante los sendos operativos militares, la guerrilla estratégicamente se replegaba y no ofrecía mayor combate, por lo que los soldados concentraban su accionar persiguiendo a la población civil, que huía despavorida por el ataque de artillería y los bombardeos aéreos. Eran miles de mujeres, ancianos, jóvenes y niños que abandonaban sus viviendas y trataban de salvarse buscando refugio en montes y ríos.
Estas huidas eran conocidas como “guindas” y eran numerosas las familias que en el afán de sobrevivir marchaban en grupos a paso lento y provocaba que muchas personas se rezagaran o se perdieran en el trayecto, tomando rumbos diferentes con el objetivo de burlar el cerco militar.
El 22 de agosto de 1982, en horas de la mañana, soldados del tenebroso, pero ya desaparecido Batallón Atlacatl, alcanzaron a un grupo de numerosos civiles en las riberas del río Amatitán, específicamente en el punto conocido como El Calabozo y ahí asesinaron a las más de 200 personas con lujo de barbarie y luego quemaron decenas de cadáveres. Esta matanza fue reivindicada por el ejército como un “éxito militar”, pues habrían ocasionado “numerosas bajas a los terroristas”, de acuerdo a los reportes de la época y reflejada en los periódicos de mayor circulación, que se abstenían de investigar la veracidad de los informes.
El Diario de Hoy, con fecha del 25 de agosto de 1982, en su página cuatro, informaba sobre este operativo militar de la siguiente manara: “Como un rotundo éxito para la Fuerza Armada, fue calificada en fuentes oficiales la operación “Tte. Cnel. Mario Alberto Azenon Palma”, que terminó ayer en el norte de San Vicente(...) La acción militar, dijo una fuente del Comité de Prensa de la Fuerza Armada (COPREFA), tenía como objetivos la búsqueda, localización y destrucción de campamentos y reductos terrorista”. Por supuesto, que medios como este, nunca verificaron el informe de las fuentes oficiales y siempre los daban por ciertos.
En 1992, cuando la guerra ya había finalizado, el Comité “Madeleine Lagadec” presentó un amplio reporte debidamente documentado ante la Comisión de la Verdad, que lo incluyó en su informe público y confirmó la masacre, basada en una gran cantidad de pruebas testimoniales que permitían una reconstrucción objetiva de los sucesos ocurridos en El Calabozo en 1982.
Los testimonios de las personas que sobrevivieron a esta matanza son espeluznantes y han quedado debidamente registrados y compilados en el libro Masacres. Así por ejemplo, tenemos la versión de Raúl González Arévalo, quien en ese tiempo era un niño de apenas unos 10 años y quien en su testimonio cuenta que: “estaba viviendo en el caserío Palo Grande, municipio de Santa Clara, San Vicente, cuando hubo la masacre en El Calabozo.”
Raúl relata que: “ese 22 de agosto, a las siete de la mañana, la población civil de Amatitán Abajo y Palo Grande, aproximadamente unas 300 personas, huyeron bajando hacia el río Calabozo. Nosotros podíamos ver los soldados llegando, porque el caserío está al lado del río. Cuando los soldados se dieron cuenta que la población se había salido del caserío bajaron al río. Cuando nos encontraron, nos recogieron y nos forzaron a formar filas; la quebrada estaba llena de gente, nos acusaron de ser subversivos, aunque éramos civiles, y nos dijeron que nos iban a matar. Colocaron cuatro ametralladoras en la quebrada. Los soldados que tenían las ametralladoras comenzaron a rafaguear y los que no tenían empezaron a rafaguear con fusiles. Yo estaba en medio de la gente junto a mi hermano Cruz Arévalo, de ocho años. Cuando los soldados comenzaron a ametrallar, cayó mi hermano, yo me caí al lado de él aunque no estaba herido....”
Testimonios de numerosos supervivientes de la masacre relatan que luego de masacrar a las más de doscientas personas civiles, los soldados apilaron a un gran número de cadáveres y les prendieron fuego, otros fueron devorados por zopilotes y otros animales de rapiña.
Sobre este caso, la Comisión de la Verdad presentó el 15 de marzo de 1993, un informe al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, en el que en una de sus partes decía : “Existen pruebas suficientes de que el 22 de agosto de 1982, efectivos del Batallón Atlacatl dieron muerte deliberadamente a más de doscientos civiles, hombres, mujeres y niños, que habían apresado sin resistencia”.
A pesar de las comprobadas denuncias sobre La Masacre de El Calabozo, este hecho como muchos otros en el país, está en la total impunidad y las víctimas y sus familiares aún esperan que se haga justicia.
“Y ahora escribe” Iván C Montecinos, periodista colaborador de Diario Co Latino y Raíces.
Masacre de El Calabozo, necesita reconocimiento
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Martes, 06 Noviembre 2012
Piden pronunciamiento del Estado por masacre de El Calabozo
Por Gloria Morán
SAN SALVADOR- Las masacres ocurridas durante la guerra civil en El Salvador continúan haciendo eco, tanto a nivel nacional como internacional, sobre todo porque la justicia no se ha hecho presente en la mayoría de los crímenes cometidos durante ese periodo.
Esta vez la masacre de El Calabozo, ocurrida el 22 de agosto de 1982 en San Vicente, es la razón por la que Amnistía Internacional emita una Carta Abierta al presidente salvadoreño, Mauricio Funes, la cual fue presentada esta tarde en Casa Presidencial.
La masacre del Calabozo dejó más de 200 víctimas, entre ellas mujeres, niños y ancianos, que fueron asesinados deliberadamente por efectivos del Batallón Atlacatl, datos que se confirman según el informe de la Comisión de la Verdad presentado el 15 de marzo de 1993.
Amnistía Internacional retoma las demandas de los familiares de las víctimas y de las peticiones del Centro para la Defensa de los Derechos Humanos “Madeleine Lagadec” en su carta.
Según una publicación en la página web de Amnistía Internacional, la investigadora sobre América Latina en esa organización, Esther Major, dijo “Esta semana (la semana del dos de noviembre, día de los difuntos), cuando personas de todo El Salvador visitan las tumbas de sus familiares fallecidos para rendirles homenaje, decenas de familias de las personas asesinadas a sangre fría en El Calabozo llorarán la muerte despiadada de sus seres queridos, desde bebés que ni siquiera habían dado sus primeros pasos, hasta abuelos de avanzada edad. La inmensa mayoría no tiene una tumba que visitar, sólo un monumento conmemorativo construido para recordar el lugar donde se cometió la masacre”.
Los encargados de presentar la carta fueron precisamente los representantes del Centro para la Defensa de los Derechos Humanos “Madeleine Lagadec”, quienes llevaban un paquete que contenía la carta y las 5.000 firmas que diversas personas a nivel mundial han dado para que el caso de El Calabozo obtenga justicia.
“Como Sobrevivientes y familiares de víctimas de la masacre de El Calabozo, sabemos que este caso no ha prescrito, porque se trata de un crimen de lesa humanidad que ha afectado nuestras realidades violentando nuestros derechos como la vida, la integridad, la dignidad y el acceso a la justicia; que la ley de amnistía absoluta emitida en 1993, no puede aplicarse a ciertas categorías de crímenes, por prohibición constitucional y por oponerse a tratados internacionales de derechos humanos vigentes en El Salvador”, cita la carta.
Entre las peticiones está que Funes se manifieste públicamente sobre los hechos ocurridos en la masacre, que se incorporen medidas específicas dentro de un programa de reparación integral con enfoque de género que beneficie a sobrevivientes y familiares de víctimas de la masacre de El Calabozo.
Otra es Que la Fiscalía General de la República (FGR) haga una investigación exhaustiva de los delitos cometidos en contra de las víctimas de esta masacre y se “des encuadren de la visión penalista, dando paso a la aplicación de tratados internacionales de protección a los derechos humanos”, cita la carta entregada.
Además solicitan que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resuelva respecto a incidentes dentro del procedimiento, admita la demanda de amparo y resuelva conforme al análisis amplio de los derechos humanos.
“Exigimos a la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos, determinar mediante resolución sobre las peticiones de investigación sobre diligencias y actuaciones de las instituciones en el caso”, piden los familiares de las víctimas.
Claudia Interiano de la fundación Madelaine Lagadec dijo que “aplauden” el hecho que el Estado salvadoreño se haya pronunciado en otros casos similares y hay pedido perdón, pero que las “víctimas y familiares de las víctimas de El Calabozo también tienen ese derecho”.
Una de las acciones de petición de perdón fue en enero de 2012, cuando Funes reconoció formalmente la responsabilidad del Estado salvadoreño en otra masacre cometida durante la guerra civil en El Mozote, donde los soldados mataron a más de 750 personas, en ese momento también inició un programa de reparaciones para los afectados por esa masacre.
Recientemente el Estado salvadoreño pidió perdón a familiares y víctimas de las desapariciones forzadas de los hermanos Contreras y otros tres niños. Este acto fue en obediencia a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH)
El Salvador: Asesinados a sangre fría a orillas del río en El Calabozo
Tres décadas después, los sobrevivientes vuelven al lugar donde tuvo lugar la masacre de El Calabozo en 1982.Tres décadas después, los sobrevivientes vuelven al lugar donde tuvo lugar la masacre de El Calabozo en 1982.© Amnistía Internacional
“
Los y las sobrevivientes y familiares de las personas asesinadas en El Calabozo reviven el dolor de ese día una y otra vez, como si hubiera ocurrido ayer
”
Esther Major, investigadora de Amnistía Internacional sobre El Salvador
Mar, 21/08/2012
El año 1982 fue un año peligroso en El Salvador.
La guerra civil había empezado dos años antes, y en las zonas controladas por los rebeldes, el ejército nacional consideraba a todos —campesinos, bebés, mujeres y ancianos— objetivos militares legítimos.
En 1982 las fuerzas armadas ya habían cometido una serie de masacres en todo el país.
En agosto de ese año, las fuerzas armadas salvadoreñas lanzaron una importante ofensiva en la región septentrional de San Vicente, una zona que los militares consideraban un baluarte de la guerrilla. A medida que se difundía la noticia de la ofensiva, las comunidades de San Vicente empezaron a huir al temer por sus vidas. Muchos de quienes se quedaron para cuidar las tierras eran ancianos, mujeres y niños de corta edad.
Se habían quedado creyendo que en casa estarían a salvo.
Nadie podía imaginar lo que estaba a punto de ocurrir.
Operación “tierra arrasada”
Tras varios días y noches de bombardeos, los lugareños oyeron rumores de que los militares habían enviado tropas terrestres para terminar el trabajo. Miles de quienes aún permanecían en la zona huyeron de sus hogares, llevando a sus hijos y la poca comida que pudieron tomar, mientras la oleada de destrucción avanzaba.
“El operativo lo eligieron la fuerza armada como tierra arrasada. Porque ellos querían terminar con todo, con personas y animales; en realidad aquí las vacas que miraban, las mataron. Los caballos, los perros, gatos, gallinas; los dejaron sin nada. Los incendiaron las casas, todo lo quemaron”, recordaba Felicita, una de las sobrevivientes, cuando habló con una investigadora de Amnistía Internacional este año.
Avanzando con dificultad a través de la densa maleza, en medio de una fuerte tormenta, en fila india y llevando a cuestas a quienes no podían caminar, las familias trataban de escapar del ataque de unas fuerzas armadas profesionales, bien entrenadas y equipadas.
La noche del 21 de agosto, un grupo integrado por varios centenares de hombres, mujeres y niños consiguió llegar por fin a orillas del río Amatitán, que iba muy crecido, al lugar conocido como El Calabozo. Planearon reanudar la marcha por la mañana, cuando los niños hubieran podido descansar.
Sin embargo, al amanecer se encontraron con que había llegado el ejército.
"Ya estaban los soldados tanto arriba como abajo al alrededor, ya los tenían cerca ya, entonces ya no se podrían mover la gente, entonces que se fueron acercando. Ellos no les dieron temor de que los iban a matar, sino les dijeron que les iban a reunir y que hicieran una columna [...] ellos les gritaban que ellos no les fueran a matar por los niños pues. Pero [...] el jefe de mando dio la orden de que tenían que fusilarlos y entonces allí fueron los lamentos de la pobre gente", declaró Felicita, que había conseguido esconderse entre los matorrales con uno de sus hijos a cierta distancia.
Sobrevivir al horror
Es difícil confirmar el número de personas que murieron ese día. Según informes, los soldados, pertenecientes al Batallón Atlacatl, entrenado por Estados Unidos, arrojaron ácido sobre algunos de los cuerpos y el río se llevó muchos de los cadáveres.
Pero los sobrevivientes y familiares han confeccionado una lista de más de 200 personas desaparecidas, desde bebés que aún no habían dado sus primeros pasos hasta abuelos de avanzada edad.
Treinta años después, la pérdida de su familia sigue atormentando a Jesús.
Entre las personas asesinadas a sangre fría a orillas del río Amatitán estaban su madre, su padre, su hermano y su hijo de cuatro años.
“De noche yo no sentía que lloraba pero dicen que yo sí lloraba. Yo no sentía que lloraba. Me costó años, años para que se me pasara un poco. Porque andaba por el camino llorando, iba comer a llorar, iba a cenar a llorar, todos los tiempos de la comida, llorando…”, dijo.
Los sobrevivientes y quienes habían huido tardaron casi 10 años en regresar a sus pueblos. En 1992, algunos de ellos iniciaron un expediente judicial ante las autoridades, pidiendo que se investigaran los crímenes y que los responsables rindieran cuentas de sus actos ante la justicia.
El expediente se cerró en 1993, a pesar de las pruebas y del hecho de que la Comisión de la Verdad de la ONU, establecida tras finalizar el conflicto, también había documentado la masacre.
Desde entonces, sobrevivientes, familiares y las ONG que los acompañan vienen luchando para que el caso sea juzgado. Cada vez que se ha reabierto se ha encontrado con un nuevo obstáculo legal. La última vez que se reabrió fue en 2006, pero 30 años después de que se cometiera la masacre aún no ha llegado a juicio.
Treinta años sin respuestas
En El Salvador, el pasado sigue estando muy presente. Las personas acusadas de estar implicadas en masacres como la de El Calabozo aún ocupan cargos influyentes, y los casos se paralizan durante decenios en un sistema judicial que ha defraudado reiteradas veces a las víctimas.
Casi ninguna de las personas que ordenaron y cometieron homicidios, torturas y violencia sexual durante el conflicto, en el que se calcula que murieron 75.000 personas, ha tenido que responder nunca de sus crímenes.
“Los y las sobrevivientes y familiares de las personas asesinadas en El Calabozo reviven el dolor de ese día una y otra vez, como si hubiera ocurrido ayer”, afirmó Esther Major, investigadora de Amnistía Internacional sobre El Salvador, que se entrevistó con los familiares este año.
“Las autoridades salvadoreñas han agravado su dolor y su trauma al no hacer comparecer ante la justicia a ninguna de las personas que ordenaron o cometieron la masacre. Treinta años después, ya es hora de poner fin a esta farsa proporcionando finalmente una reparación a sobrevivientes y familiares, y enjuiciando a los responsables de este terrible crimen.”
Los sobrevivientes y familiares de El Calabozo no pueden permitirse esperar más. “Ya en varios de los casos han muerto algunas de las personas, debido a la edad —dice su abogada, Claudia Interiano— […] pareciera que se está esperando ya, que mueran las y los sobrevivientes de las masacres, las y los sobrevivientes de hechos tan aterradores [...] para que se extermine el problema.”
Carolina Constanza, directora del Centro para la Promoción de los Derechos Humanos Madeleine Lagadec, que acompaña a los sobrevivientes, declaró: “En el caso de El Calabozo, los familiares, las comunidades donde ocurrieron los hechos, están clamando justicia y verdad, y nosotros que los acompañamos pedimos que el Estado reconozca la verdad y busque las medidas de reparar a las victimas.”
En lo que se consideró como una medida positiva, el gobierno de El Salvador reconoció por fin, recientemente, la responsabilidad del Estado en otra masacre —en la que los soldados mataron a más de 750 personas en El Mozote, en 1981— e inició un programa de reparaciones para esa comunidad.
Pero hasta la fecha no ha habido ni siquiera un reconocimiento oficial de la masacre de El Calabozo y de la devastación que produjo.
Hoy, sobrevivientes y familiares como Jesús y Felicita se reúnen junto al río Amatitán para conmemorar otro año de denegación de justicia, y están más resueltos que nunca a hacer que las personas que ordenaron y cometieron la masacre de sus familiares y amigos rindan cuentas de sus actos. Es hora de poner fin a 30 años de injusticia y de que las autoridades salvadoreñas respondan a sus peticiones de verdad, justicia y reparación.
NOTA: Exhuman víctimas de masacre El Calabozo
LUNES, 06 FEBRERO 2012 E-mail Imprimir PDF
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Pro Búsqueda ha conseguido el permiso para recuperar los restos de tres de las víctimas de una de las masacres emblemáticas de la guerra
Por Miriam Muñoz
SAN SALVADOR - Los cadáveres de dos niñas de cuatro a cinco años de edad y su abuela, víctimas de la masacre ocurrida en El Calabozo, San Vicente, el 22 de agosto de 1982, fueron exhumados este lunes, como parte de un trabajo de investigación realizado por la Asociación Pro Búsqueda De Niños Y Niñas Desaparecidos Durante el Conflicto Armado en El Salvador.
Las primas Aidé Alvarado y Ana Carolina Alvarado junto a su abuela, fueron asesinadas por soldados de la Fuerza Armada en una operación militar denominada “Teniente Coronel Mario Azenón Palma” realizada en El Calabozo, a la orilla del río Amatitán. Posteriormente al haberse retirado las tropa, y dejado un gran número de muertos, fueron enterradas por un tío que las encontró.
“Las dos niñas y su abuelita estaban protegidas en un paderón de la quebrada cuando las encontró el batallón Atlacatl; ahí mismo las asesinó y después les roció ácido y los cuerpos estaban sumamente desechos, así que quien enterró a estas niñas fue un tío, el cual no habíamos podido contactar y es así, cuando él nos describe que las enterró, qu confirmamos el asesinato”, aclaró la directora de Pro Búsqueda, Esther Alvarenga.
El propósito de la asociación al realizar estas investigaciones es darles tranquilidad a las familias de las victimas quienes sufren por no saber qué ha pasado con sus seres queridos.
“Nosotros lo que pretendemos es cumplir con una expectativa de los familiares, más bien la petición de poderlas desenterrar, y darle una sepultura que todo ser humano tiene derecho”, dijo Alvarenga.
La masacre del Calabozo dejó más de 200 víctimas, entre ellas mujeres, niños y ancianos, que fueron asesinados deliberadamente por efectivos del Batallón Atlacatl, datos que se confirman según el informe de la Comisión de la Verdad presentado el 15 de marzo de 1993.
En la actualidad, a 20 años de la firma de los Acuerdos de Paz, muchos de los familiares de las victimas aun continúan con la incertidumbre de dónde poder encontrar a su seres queridos, ya sea que hayan muerto en la masacre o hayan podido escapar y logrado sobrevivir.
Es el caso del hermano de una de las dos niñas que fueron exhumadas, Antonio Alvarado, quien por la necesidad de saber si podría encontrar con vida a su hermanita, acudió a Pro Búsqueda para que ellos le ayudaran a descubrir su paradero. No obstante, Pro Búsqueda después de investigar tuvo que darle la noticia de que sí había sido asesinada.
Los restos de las niñas y la señora serán exhumados entre hoy y mañana por El Equipo Argentino de Antropología Forense, que también ha sido parte de investigaciones en El Mozote; dos antropólogos de El Salvador y la cooperación de las personas de la comunidad que se encargan de hacer la parte logística del trabajo.
Otros encuentros
A pesar que Antonio no pudo encontrar viva a su hermana, antes de dar con el paradero de sus restos, la Asociación Pro Búsqueda, encontró en 2006a su hermano menor, a quien con pruebas de ADN se le comprobó su consanguinidad con Antonio. Él creía que su hermanito de seis meses había sido asesinado junto a su madre, por eso no vio la posibilidad de encontrarlo.
Pero la realidad fue que al bebé se lo llevaron los militares y creció con un capitán.
“En una unidad militar había un muchacho que solo sabía que era adoptado, por los vecinos que le dijeron que nunca la familia que lo creció lo habían tenido. Y resulta que lo motivamos a que se acercara a Pro Búsqueda a tomarse una prueba de ADN y este muchacho resultó ser hermano de Antonio Alvarado”, explicó Esther Alvarenga.
Frente a la violaciones de los derechos humanos cometidos a la familia de Antonio aún no hay una denuncia, ya que “esto lo tendría que decidir la familia; si ellos quisieran hacer una opción legal es la familia la que determina”, argumentó Alvarenga.
Y agregó que el trabajo de Pro Búsqueda ha sido sobre todo cumplir con la petición de la familia de hacer exhumación para poder enterrar los cadáveres de las niñas y su abuela en un cementerio con dignidad.
Al finalizar la extracción, el equipo argentino tomará muestras de ADN a los cuerpos para poder identificar a quién pertenece cada parte de los restos entre los victimados, para posteriormente emitir un informe que se tardará de tres a cuatro meses.
“De este informe se manda un escrito al juzgado para que nos autorice a nosotros retirar las osamentas humanas, que estarán en Medicina Legal para luego hacer el ritual de velación y entierro”, relató la directora de Pro Búsqueda.
Aunque la exhumación de cadáveres no es su finalidad, esta es la segunda vez que Por Búsqueda ha optado por llevarla a cabo en sus procesos de investigación sobre personas desaparecidas durante el conflicto armado de El Salvador, del que se estima que hay alrededor de 8.000 personas desaparecidas.
XXIX ANIVERSARIO DE LA MASACRE DEL CALABOZO
Sobrevivientes de masacre El Calabozo claman por justicia
Hace 29 años, el Ejército cometió una de las barbaridades más crueles: matar a sangre fría a niños y niñas, y a mujeres, y a ancianos indefensos. Las víctimas ahora piden justicia.
Acorralados como animales, más de doscientos civiles, entre ellos niños y niñas, fueron brutalmente asesinados a sangre fría por miembros del Batallón Atlacatl, una unidad élite del ejército, en el río Amatitán, en el punto conocido como El Calabozo, San Vicente. El caso ha estado engavetado por diez años, pero ahora las víctimas piden que se reabra y se imparta justicia.
A la matanza se le conoce como la Masacre de El Calabozo, y de eso hace ya 29 años.
Pero Amadeo Carrillo no ha olvidado nada, mucho menos los gritos de las mujeres y niños, entre ellos los suyos propios. Él, por puro milagro, logró escapar de la muerte y se escapó hacia un cerro cercano. Desde allí escuchó el dolor de la muerte.
“Viera qué tremendo es oir que están matando a los hijos y a la esposa de uno, y uno sin poder hacer nada”, dice, sentado en una banca de madera en su casa, del cantón Amatitán Abajo.
La masacre ocurrió el 22 de agosto de 1982, en el marco del más grande operativo militar realizado en la zona de San Vicente. Se estima que unos seis mil soldados, de diferentes unidades militares, participaron en dicha operación denominada “Teniente Coronel Mario Azenón Palma”, en honor a un oficial caído en la zona.
Por varios días los militares del ejército persiguieron, torturaron y masacraron como animales a habitantes de los municipios de San Esteban Catarina, Santa Clara, San Lorenzo, al norte de San Vicente. Pero fue la mañana del 22 de agosto que perpetuaron la matanza más grande, en una hondonada conocida como El Calabozo, a la orilla del río Amatitán. Hasta allí habían llegado huyendo aquellas gentes, perseguidos por soldados y roqueteados desde el aire por helicópteros y aviones de la Fuerza Aérea. Y solo encontraron allí una muerte cruel y salvaje.
Aunque del brutal hecho ya transcurrieron casi 29 años, los únicos sobrevivientes y familiares de las víctimas, pero también toda la comunidad, no pierden la esperanza de que los culpables reciban su castigo.
El pasado 15 de julio, con apoyo del Centro para la Promoción de los Derechos Humanos (CPDH) “Madeleine Lagadec”, presentaron una petición para que se reabra el juicio de la masacre de El Calabozo, que desde 1999 está archivado.
Además el CPDH solicitó al ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, el retiro del actual embajador de El Salvador en Honduras, el Coronel retirado Sigifredo Ochoa Pérez, por atribuirle responsabilidad en la masacre. Ochoa era entonces el comandante del Destacamento Militar Número 2, con sede en Sensuntepeque, y sus tropas también participaron en el operativo –y en la carnicería—.
Las pruebas y testimonios se engavetan
De acuerdo al abogado que lleva el caso, David Morales, es anormal que el juicio por la masacre de El Calabozo continúe en archivo, pues generalmente un proceso pasa a archivo cuando no se tienen pruebas y evidencias suficientes del caso.
“Este no era el caso porque había prueba de la masacre, lo que había era una obligación de buscar información al interior de la Fuerza Armada”, destacó Morales al señalar que desde que inicio el juicio penal – en 1992— por la matanza, el CPDH recolectó y presentó pruebas suficientes para que continuará el proceso.
Pero los jueces se negaron a pedir dicha información a los militares, por lo cual permaneció estancado hasta que en 1999 el juez de primera instancia de San Sebastián decidió pasarlo a archivo administrativo.
A pesar de que el Informe de la Comisión de la Verdad, de 1993, determinó que había pruebas suficientes de la masacre, el ministro de Defensa de ese entonces, General José Guillermo García, declaró que había hecho una investigación y que no había ocurrido ninguna masacre.
Pero el mundo supo de las atrocidades que allí se cometieron por medio de una nota periodística del diario estadounidense The Washington Post, publicada el 8 de septiembre de 1982, dos semanas después de los hechos.
En tanto, los diarios locales seguían sin informar sobre el caso. Básicamente publicaban los partes de guerra emanados del Comité de Prensa de la Fuerza armada.
Una publicación del periódico El Mundo, del 24 de Agosto de 1982, señala: “El Comité de Prensa de la Fuerza Armanda (COPREFA), informó hoy que la Operación Militar ‘Teniente Coronel Mario Alberto Azenón Palma’, que desde hacía una semana se venía realizando en el Noreste del departamento de San Vicente, concluyó ayer con el éxito que se había previsto y 150 o más extremistas resultaron muertos en combate”.
Pero todos eran civiles, aunque de algún modo organizados en la guerrilla como soporte social: las señoras que echaban las tortillas, los que acarreaban el agua y la leña, etc. y con ellos, sus niños y niñas. Pero civiles, al fin y al cabo.
Que ruede la cabeza del embajador
La CPDH considera que la participación en el operativo –y en la masacre, como jefe castrense que dirigió tropas— inhabilitan al embajador Ochoa Pérez para ejercer la carrera diplomática, por ser contradictoria con el requisito establecido en el artículo 9 de la Ley Orgánica del Cuerpo Diplomático de El Salvador.
Esa ley dice que para ejercer la misma es indispensable: “ser de honrosos antecedentes, poseer sólida cultura y observar conducta intachable, a juicio del Ministro de Relaciones Exteriores”.
“El Embajador Ochoa debiese ser removido de su cargo actual, de conformidad al artículo 2 y 9 de la cita Ley Orgánica del Cuerpo Diplomático, pues su permanencia en el servicio diplomático constituye un continuo agravio a las víctimas de la masacre de El Calabozo, atroz delito que constituye un crimen de lesa humanidad, por lo que no puede amnistiarse ni ser objeto de la prescripción de la acción penal”, concluye la CPDH.
En publicaciones de la época se evidencia al ex Coronel Ochoa planificando el operativo. El Diario Latino, del 19 de agosto de 1982, publicó una fotografía, en la cual aparece Ochoa y el coronel Domingo Monterrosa planeando el plan de ataque del operativo en San Vicente.
El pie de foto reza: El Coronel Domingo Monterrosa comandante del Batallón de Reacción Inmediata (al centro) y el Coronel Sigifredo Ochoa comandante del Destacamento Militar No.2 de Cabañas (derecha) y segundo comandante de la operación “Tte. Cnel. Mario Azedón Palma”, coordinan el plan de ataque a seguir contra posiciones guerrilleras ubicadas al norte del departamento de San Vicente.
ContraPunto intentó conocer la postura del embajador Ochoa Pérez, pero nunca contestó nuestras llamadas para entrevistarlo. Por su parte, un vocero de Cancillería detalló que actualmente el Ministerio de Relaciones Exteriores está realizando una evaluación de todo el cuerpo diplomático, y que sin duda alguna la petición interpuesta por “Madeleine Lagadec” para la destitución de Ochoa Pérez será tomada en cuenta.
“No sabría decir si este va ser un elemento determinante, pero sí se va tomar en cuenta en la evaluación de Ochoa Pérez”, indicó.
Por su parte, el abogado del caso, David Morales, dijo que lo que esperan es que se investiguen realmente sus antecedente, “es decir los gobiernos anteriores lo que hacían era encubrir, y lo que esperamos ahora es que ante nuestra petición el funcionario denunciado sea investigado y evaluado”.
Vi sangre nadando en el río
En Amatitán Abajo, la gente se siente en cierto modo indignada de que alguien como Ochoa Pérez, con todo ese antecedentes oscuro, esté gozando de las mieles que brinda el servicio diplomático.
Gabriel Amaya va viajando en la cama de un pick up, un día soleadísimo de julio. De barba y bigote abundante, y un sombrero de palma, va hablando como cualquier campesino de las cosas de la siembra: que el abono está caro, que una semilla sembrada con fe produce lo necesario, etc. Pero Gabriel, en aquellos días de guerra, fue combatiente de la guerrilla. Para cuando sucedió la masacre, él estaba combatiendo por otro lado, en el lugar conocido como Tres Calles, Usulután.
“Cuando regresemos aquí, a Amatitán, fui a El Calabozo, y lo que vi fue la sangre nadando en el río para abajo”, dice, dando saltos en la cama del pick up. Y agrega: “Vi como unos 150 cuerpos allí en el río, a la orilla, los demás se los había llevando el río”.
Sobre Ochoa Pérez, dice: “Se le debería de hacer un juicio, por lo que ha hecho, él no debería estar de embajador”
Los militares acusados de la matanza en el calabozo son: los Generales José Guillermo García (ex Ministro de Defensa y Seguridad Pública); Rafael Flores Lima (ex jefe del Estado Mayor de la Fuerza Armanda) y Juan Rafael Bustillo (ex comandante de la Fuerza Aérea de El Salvador).
También se incluye a los Coroneles Sigifredo Ochoa Pérez (entonces Comandante del DM-2) y Napoleón Alvarado (entonces Comandante de la 5ª Brigada de Infantería). Además, al Teniente Coronel Miguel Antonio Méndez (ex Comandante del BIRI “Ramón Belloso”). Se incluye un señalamiento histórico sobre la responsabilidad del entonces jefe del BIRI Atlacalt, Domingo Monterrosa, ya fallecido.
Muchas de las víctimas de El Calabozo fueron quemadas, debido a que los militares vertieron ácido en sus cuerpos. Los sobrevivientes y familiares de las víctimas, 27 años después, siguen esperando por justicia.](https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/s403x403/561915_703661699649686_1766282345_n.jpg)
