José Luis Sanz *
Publicado el 6 de Junio de 2011
Salvador Samayoa y Óscar Santamaría abogaron en diciembre de 2008 ante las autoridades españolas para sacar al ex presidente salvadoreño de la lista de imputados. Uno de los militares acusados en la Audiencia Nacional por el asesinato de los jesuitas asegura que el gobierno Saca prometió gestiones diplomáticas y fondos para defenderlos.
La demanda presentada en noviembre de 2008 ante la Audiencia Nacional española contra el ex presidente de la república Alfredo Cristiani y 14 militares salvadoreños por el asesinato en 1989 de seis sacerdotes jesuitas, su cocinera y la hija de esta, desató en El Salvador, casi 20 años después, una ofensiva diplomática y de gestiones personales para evitar que el ex mandatario tuviera que enfrentar un proceso judicial. Un cable de la embajada estadounidense en San Salvador, enviado a Washington el 16 de diciembre de 2008 da cuenta de una reunión celebrada el día 12 de diciembre, en la que el ex dirigente de las Fuerzas Populares de Liberación (FPL) y firmante de los acuerdos de paz Salvador Samayoa detalla a funcionarios estadounidenses parte de sus gestiones en una visita de tres días a Madrid para conversar con autoridades y miembros del sistema de justicia español a fin de trasladarles la preocupación de ciertos círculos políticos en El Salvador por el impacto que la reapertura del caso jesuitas podía tener en la reconciliación de posguerra en el país.
Según el cable, clasificado como confidencial y firmado por el encargado de negocios de la embajada, Robert Blau, Samayoa coincidió en Madrid entre el 7 y el 10 de diciembre de 2008 con el ex canciller durante el gobierno de Cristiani y también firmante de los acuerdos de paz, Óscar Santamaría, y ambos participaron juntos en al menos dos reuniones con funcionarios españoles para abordar el caso jesuitas: Fernando Burgos Pavón, fiscal adjunto de la Audiencia Nacional, y Trinidad Jiménez, secretaria de Estado para América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores español.
En ambos casos, siempre según el relato del cable, Samayoa y Santamaría recibieron palabras de comprensión y apoyo de las autoridades españolas, que se mostraron interesadas en que el caso no avanzara y críticas con el principio de justicia universal impulsado por algunos jueces de aquel país. Burgos, incluso, propuso a los delegados salvadoreños distintas alternativas para enfrentar el caso, ya fuera dilatándolo mediante peticiones de colaboración del sistema judicial salvadoreño, o acelerando la entrega de argumentos y pruebas desde el gobierno de El Salvador. Según el documento, el embajador de El Salvador en Madrid, que en aquel momento era precisamente el ex vicepresidente durante el gobierno de Calderón Sol, Enrique Borgo Bustamante, había tenido una semana antes un encuentro de resultado similar con el fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Samayoa detalló a los funcionarios estadounidenses que “en este viaje” le había sido imposible reunirse con el ex presidente español Felipe González para tratar el asunto de la acusación contra Cristiani.
En una entrevista exclusiva concedida a El Faro, el ex teniente coronel Camilo Hernández, uno de los imputados en el caso jesuitas, relata tres reuniones, una celebrada en la sede de la Asociación de Veteranos Militares de El Salvador, ASVEM, en noviembre de 2008, pocos días antes del viaje de Samayoa; otra celebrada en el Ministerio de Defensa; y una última en Casa Presidencial, en las que autoridades castrenses y el mismo presidente Antonio Saca mostraron a los militares acusados por el crimen su respaldo y su compromiso con su defensa ante la justicia española. Hernández estaba presente cuando Saca prometió, incluso, ayuda económica del Estado para sufragar parte de los gastos de defensa en España para los militares.
En una de esas reuniones se les anunció que finalmente el ex presidente Cristiani había desaparecido de la lista de imputados en España “porque había maniobrado antes (que los demás) con dos emisarios”, Santamaría y Samayoa. “Movieron sus teclas y por eso lo dejaron (a Cristiani) afuera”, dice Hernández.
Salvador Samayoa confirmó a El Faro que hizo aquel viaje, aunque desacreditó tanto a la embajada como a Camilo Hernández como fuentes válidas para conocer el motivo real y el alcance de su misión. El ex dirigente de las FPL se negó a entrar en detalles sobre el tema alegando que la publicación sobre esa misión “no aporta nada”, y se limitó a asegurar que la mayoría de sus gestiones en Madrid fueron individuales y que solo coincidió con Santamaría en dos encuentros, presuntamente los citados en el cable de la embajada estadounidense.
Funcionarios de la embajada de España en El Salvador confirman que a finales de 2008 trasladaron a Madrid el interés de diversas personalidades salvadoreñas por reunirse con funcionarios españoles para tratar el caso jesuitas, aunque se desmarcaron de cualquier intento de injerencia del gobierno de España en el funcionamiento autónomo de su sistema de justicia. Fuentes relacionadas con aquellas visitas hablaron a El Faro de la existencia en realidad de dos misiones diferentes de con el mismo propósito de interceder ante autoridades políticas y judiciales españolas a favor de Cristiani y del resto de demandados, una integrada entre otros por Santamaría y Samayoa y otra encabezada por el abogado de los militares, Carlos Méndez Flores.
Santamaría confirmó también sus viajes a Madrid con Samayoa a petición del ex presidente Cristiani, pero negó que Méndez Flores haya formado parte de la misma misión. "Con Salvador Samayoa nos fuimos a reunir allá con algunos amigos, nada más", dijo. El Faro habló también con Méndez Flores, quien se limitó a decir que sobre el caso jesuitas no tiene ningún comentario. "Ni le confirmo ni le niego esa información".
* Con reportes de Carlos Martínez y Carlos Dada http://www.elfaro.net/
Gobierno de Saca amenazó con retirarse de la Convención Americana de Derechos Humanos
José Luis Sanz
Publicado el 6 de Junio de 2011
Según cables de WikiLeaks, una misión salvadoreña acudió a la OEA para advertir que El Salvador podría desconocer a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si el caso por el asesinato de monseñor Romero seguía su curso. David Escobar Galindo, Salvador Samayoa y Óscar Santamaría viajaron a Washington para abogar por el cierre del caso.
La posibilidad de que la Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH) trasladara a la Corte Interamericana el caso del asesinato en 1980 del arzobispo Óscar Arnulfo Romero llevó al gobierno de Antonio Saca a amenazar en 2007 con retirarse de la Convención de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) y desconocer la autoridad de la Corte. Con esa advertencia y con el argumento de que la derogación de la Ley de Amnistía -una de las recomendaciones de la CIDH- suponía un peligro para el país, tres representantes del gobierno viajaron a Washington en octubre de ese año para tratar de frenar el caso Romero.
Un cable de la embajada de Estados Unidos en San Salvador fechado el 21 de septiembre de ese año recoge la visión de la administración Saca sobre el tema y su decisión de no ceder a las exigencias de la CIDH. Según el texto, una de las últimas recomendaciones hechas por la CIDH a fin de lograr un acuerdo entre el Estado salvadoreño y los demandantes – encabezados por CEJIL- era la retirada del monumento al fundador de Arena -y autor intelectual del asesinato de Romero, según la Comisión de la Verdad, Roberto d’Aubuisson- en el municipio de Antiguo Cuscatlán. La embajada lo consideraba “una condición vista aquí como imposible”.
Ver nota completa http://www.elfaro.net/
Publicado el 6 de Junio de 2011
Salvador Samayoa y Óscar Santamaría abogaron en diciembre de 2008 ante las autoridades españolas para sacar al ex presidente salvadoreño de la lista de imputados. Uno de los militares acusados en la Audiencia Nacional por el asesinato de los jesuitas asegura que el gobierno Saca prometió gestiones diplomáticas y fondos para defenderlos.
La demanda presentada en noviembre de 2008 ante la Audiencia Nacional española contra el ex presidente de la república Alfredo Cristiani y 14 militares salvadoreños por el asesinato en 1989 de seis sacerdotes jesuitas, su cocinera y la hija de esta, desató en El Salvador, casi 20 años después, una ofensiva diplomática y de gestiones personales para evitar que el ex mandatario tuviera que enfrentar un proceso judicial. Un cable de la embajada estadounidense en San Salvador, enviado a Washington el 16 de diciembre de 2008 da cuenta de una reunión celebrada el día 12 de diciembre, en la que el ex dirigente de las Fuerzas Populares de Liberación (FPL) y firmante de los acuerdos de paz Salvador Samayoa detalla a funcionarios estadounidenses parte de sus gestiones en una visita de tres días a Madrid para conversar con autoridades y miembros del sistema de justicia español a fin de trasladarles la preocupación de ciertos círculos políticos en El Salvador por el impacto que la reapertura del caso jesuitas podía tener en la reconciliación de posguerra en el país.
Según el cable, clasificado como confidencial y firmado por el encargado de negocios de la embajada, Robert Blau, Samayoa coincidió en Madrid entre el 7 y el 10 de diciembre de 2008 con el ex canciller durante el gobierno de Cristiani y también firmante de los acuerdos de paz, Óscar Santamaría, y ambos participaron juntos en al menos dos reuniones con funcionarios españoles para abordar el caso jesuitas: Fernando Burgos Pavón, fiscal adjunto de la Audiencia Nacional, y Trinidad Jiménez, secretaria de Estado para América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores español.
En ambos casos, siempre según el relato del cable, Samayoa y Santamaría recibieron palabras de comprensión y apoyo de las autoridades españolas, que se mostraron interesadas en que el caso no avanzara y críticas con el principio de justicia universal impulsado por algunos jueces de aquel país. Burgos, incluso, propuso a los delegados salvadoreños distintas alternativas para enfrentar el caso, ya fuera dilatándolo mediante peticiones de colaboración del sistema judicial salvadoreño, o acelerando la entrega de argumentos y pruebas desde el gobierno de El Salvador. Según el documento, el embajador de El Salvador en Madrid, que en aquel momento era precisamente el ex vicepresidente durante el gobierno de Calderón Sol, Enrique Borgo Bustamante, había tenido una semana antes un encuentro de resultado similar con el fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Samayoa detalló a los funcionarios estadounidenses que “en este viaje” le había sido imposible reunirse con el ex presidente español Felipe González para tratar el asunto de la acusación contra Cristiani.
En una entrevista exclusiva concedida a El Faro, el ex teniente coronel Camilo Hernández, uno de los imputados en el caso jesuitas, relata tres reuniones, una celebrada en la sede de la Asociación de Veteranos Militares de El Salvador, ASVEM, en noviembre de 2008, pocos días antes del viaje de Samayoa; otra celebrada en el Ministerio de Defensa; y una última en Casa Presidencial, en las que autoridades castrenses y el mismo presidente Antonio Saca mostraron a los militares acusados por el crimen su respaldo y su compromiso con su defensa ante la justicia española. Hernández estaba presente cuando Saca prometió, incluso, ayuda económica del Estado para sufragar parte de los gastos de defensa en España para los militares.
En una de esas reuniones se les anunció que finalmente el ex presidente Cristiani había desaparecido de la lista de imputados en España “porque había maniobrado antes (que los demás) con dos emisarios”, Santamaría y Samayoa. “Movieron sus teclas y por eso lo dejaron (a Cristiani) afuera”, dice Hernández.
Salvador Samayoa confirmó a El Faro que hizo aquel viaje, aunque desacreditó tanto a la embajada como a Camilo Hernández como fuentes válidas para conocer el motivo real y el alcance de su misión. El ex dirigente de las FPL se negó a entrar en detalles sobre el tema alegando que la publicación sobre esa misión “no aporta nada”, y se limitó a asegurar que la mayoría de sus gestiones en Madrid fueron individuales y que solo coincidió con Santamaría en dos encuentros, presuntamente los citados en el cable de la embajada estadounidense.
Funcionarios de la embajada de España en El Salvador confirman que a finales de 2008 trasladaron a Madrid el interés de diversas personalidades salvadoreñas por reunirse con funcionarios españoles para tratar el caso jesuitas, aunque se desmarcaron de cualquier intento de injerencia del gobierno de España en el funcionamiento autónomo de su sistema de justicia. Fuentes relacionadas con aquellas visitas hablaron a El Faro de la existencia en realidad de dos misiones diferentes de con el mismo propósito de interceder ante autoridades políticas y judiciales españolas a favor de Cristiani y del resto de demandados, una integrada entre otros por Santamaría y Samayoa y otra encabezada por el abogado de los militares, Carlos Méndez Flores.
Santamaría confirmó también sus viajes a Madrid con Samayoa a petición del ex presidente Cristiani, pero negó que Méndez Flores haya formado parte de la misma misión. "Con Salvador Samayoa nos fuimos a reunir allá con algunos amigos, nada más", dijo. El Faro habló también con Méndez Flores, quien se limitó a decir que sobre el caso jesuitas no tiene ningún comentario. "Ni le confirmo ni le niego esa información".
* Con reportes de Carlos Martínez y Carlos Dada http://www.elfaro.net/
Gobierno de Saca amenazó con retirarse de la Convención Americana de Derechos Humanos
José Luis Sanz
Publicado el 6 de Junio de 2011
Según cables de WikiLeaks, una misión salvadoreña acudió a la OEA para advertir que El Salvador podría desconocer a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si el caso por el asesinato de monseñor Romero seguía su curso. David Escobar Galindo, Salvador Samayoa y Óscar Santamaría viajaron a Washington para abogar por el cierre del caso.
La posibilidad de que la Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH) trasladara a la Corte Interamericana el caso del asesinato en 1980 del arzobispo Óscar Arnulfo Romero llevó al gobierno de Antonio Saca a amenazar en 2007 con retirarse de la Convención de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) y desconocer la autoridad de la Corte. Con esa advertencia y con el argumento de que la derogación de la Ley de Amnistía -una de las recomendaciones de la CIDH- suponía un peligro para el país, tres representantes del gobierno viajaron a Washington en octubre de ese año para tratar de frenar el caso Romero.
Un cable de la embajada de Estados Unidos en San Salvador fechado el 21 de septiembre de ese año recoge la visión de la administración Saca sobre el tema y su decisión de no ceder a las exigencias de la CIDH. Según el texto, una de las últimas recomendaciones hechas por la CIDH a fin de lograr un acuerdo entre el Estado salvadoreño y los demandantes – encabezados por CEJIL- era la retirada del monumento al fundador de Arena -y autor intelectual del asesinato de Romero, según la Comisión de la Verdad, Roberto d’Aubuisson- en el municipio de Antiguo Cuscatlán. La embajada lo consideraba “una condición vista aquí como imposible”.
Ver nota completa http://www.elfaro.net/
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