Fátima Anabel Hernández, es mi hermana mayor. De cuarenta y tres años, licenciada en enfermería, madre de dos hijos, el mayor estudia en la Universidad Nacional, el pequeño de 6 años en un colegio religioso catolico, residente en Soyapango, San Salvador. Tiene mas de 20 años de trabajar en el Hospital Primero de Mayo.
La noche del 25 de febrero de 2016 fue detenida en su casa en Soyapango, acusada del delito de extorsión y llevada a San Miguel. Allá los medios de comunicación locales la presentaron como miembro de una banda de extorsionistas y colaboradora de una pandilla e incluso la volvieron a trasladar a San Salvador para que el Director de la PNC, Howard Cotto, también violara su derecho a la presunción de inocencia presentándola a los medios.
Según la acusación fiscal, Fátima recibió $10 por una extorsión el 9 de noviembre de 2014, dicho dinero supuestamente fue “reenviado” a través de una transacción de Tigo Money por otra imputada que aparentemente cobró la extorsión. El teléfono que aparece vinculado en la investigación corresponde a un número que Fátima perdió hace años y que no ha sido eliminado de los registros de Tigo.
Al analizar las diligencias de investigación realizadas es evidente la falta de exhaustividad en el trabajo policial y fiscal, pues únicamente cuentan con el registro de llamadas en las bitácoras respectivas pero no logran vincular el número que perteneció a Fátima con los teléfonos desde los que presuntamente se cometió la extorsión y en ningún momento logran comprobar que ella participó del delito cobrando el dinero.
De hecho, el Juez de Paz que conoció su caso en San Miguel, le otorgó medidas sustitutivas a la detención por considerar “que no se había podido verificar” que haya retirado el dinero; asimismo no [se había establecido] la existencia de comunicación directa entre el número de teléfono de Fátima y el número desde donde se realizó la extorsión, por lo cual no es posible afirmar su conocimiento sobre la procedencia del dinero transferido a su número telefónico.
La fiscal Janci Maricela Velásquez apeló la resolución de medidas sustitutivas pero la Cámara de lo Penal de la Primera Sección de Oriente ratificó la decisión judicial. Fátima pudo volver con su familia pero el proceso sigue, la audiencia preliminar está prevista para el 5 de octubre del presente año.
Fátima es una enfermera del ISSS, trabajadora, honesta, servicial, de valores cristianos. Debido a ese proceso, Fátima tuvo que dejar su casa en Soyapango, porque pandilleros de la zona preguntaron por ella, todo el dinero invertido y las experiencias vividas en la casa donde nacieron sus hijos ha sido tirada por la negligencia fiscal.
Esta semana volvieron a detenerla, la han llevado a La Unión, a la orden del Juzgado de Paz de Lislique, acusada nuevamente de extorsión, esta vez por $500. La audiencia inicial está programada para el sábado 1 de octubre de 2016. Hoy la fiscalía, nuevamente la acusa de ser miembro de una pandilla y utiliza un testigo criteriado que le llama “manolo” para poderla incriminar.
El periódico digital El Blog sacó una nota, detallando todos sus datos, violando claramente el derecho de defensa .
Somos 8 hermanos y junto a nuestra madre estamos unidos. A toda la familia, compañeros de trabajo, amigos que le conocen, muy bien sabemos que es inocente y lo vamos a demostrar.
Pido sus oraciones por ella, el momento es dificil y muy doloroso, pero juntos saldremos adelante.
Ella es víctima y están jugando con su vida, con sus hijos y con toda la familia.
Pbro. Pablo Edgardo Hernandez Garcia.
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