TeleSUR
Un estudio realizado por el profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Seattle (noroeste)en Estados Unidos, Andrew Wilper, reveló que 44 mil 789 estadounidenses mueren cada año por no tener seguro médico y que el 40 por ciento de la población tiene más posibilidades de fallecer por no recibir asistencia sanitaria.
Wilper utilizó los datos relativos a personas de entre 17 y 64 años, que fueron extraídos del Tercer Informe Nacional de Salud y Nutrición preparado entre 1988 y 1994. Los resultados de la investigación fueron publicados por la prensa local, en medio de la lucha que lleva el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, por sacar adelante una reforma sanitaria que podría aliviar su baja popularidad que tiene en los actuales momentos.El proyecto legal propuesto por el mandatario ha generado polémica en país. Republicanos y algunos demócratas conservadores se oponen a esta ley por ser una opción pública y de cobertura estatal. El presidente Obama abogó por el instrumentoi y aseguró que "ayudaría a mejorar la calidad y a rebajar los costos" elevados que mantienen los servicios de salud de Estados Unidos.Los defensores del proyecto consideraron que con este plan el Ejecutivo creará un mercado de salud que mejorará la calidad de servicio.
Por su parte, en el sitio de internet HealthDay News, se anunció que el Centro Nacional para Análisis de Política que se opone a la reforma del sistema de salud, manifestó que el estudio de Wilper tiene muchos fallos. "Las conclusiones de esta investigación se basan en una metodología errada y el riesgo de muerte se exagera de manera considerable", dijo el presidente del Centro Nacional para Análisis de Política, John Goodman."Las personas fueron entrevistadas una sola vez y el estudio trata de vincular su situación respecto al seguro en aquel momento a su mortalidad una década después", explicó Goodman.Igualmente, añadió que durante el período posterior a esas entrevistas los autores del estudio no supieron si los consultados tenían seguro o no, qué tipo de atención médica recibieron y cuál fue la causa de su muerte.Por su parte, el director del Proyecto Asegurar a los no Asegurados, Lucien Wulsin afirmó que "no tener seguro médico supone una mayor probabilidad de muerte, porque uno no recibe atención cuando no tiene seguro (...) hasta que es demasiado tarde".El presidente Obama defendió en pasadas semanas su proyecto de salud, pues aseguró que con este plan se extenderá la asistencia médico- hospitalaria a más de 45 millones de estadounidenses que carecen del servicio. "Vamos a construir un Estados Unidos donde la reforma sanitaria dé mayor estabilidad y seguridad a todos los estadounidenses", dijo Barack Obama esta semana a un grupo de enfermeras en una conferencia cerca de la Casa Blanca, luego de haber defendido su reforma ante el Congreso de la nación .
viernes, 18 de septiembre de 2009
martes, 15 de septiembre de 2009
lunes, 14 de septiembre de 2009
Servicio exterior: un asunto de familia
Durante la administración del presidente Antonio Saca, al menos siete parientes del ex presidente y de su esposa fueron contratados para trabajar en el servicio exterior, con sueldos que llegan hasta los 8 mil dólares mensuales. Fuentes del anterior gobierno insisten en que no hay violación a ley alguna y, por lo tanto, no hay problema que señalar.
Daniel Valencia*cartas@elfaro.net
Publicada el 14 de septiembre de 2009 - El Faro
Entre 2004 y 2009, siete parientes del ex presidente Antonio Saca y de su esposa, Ana Ligia Mixco Sol, fueron contratados como embajadores o agregados consulares por los titulares de Cancillería para que representaran a El Salvador en diversas naciones de Asia, Norte, Centro y Suramérica.
Las contrataciones comenzaron en los primeros 100 días de Saca al frente del Ejecutivo, con el nombramiento de Gerardo Sol Mixco. El tío de la ex primera dama fue llamado al servicio para servir en Panamá con el cargo de embajador. Después de él, otros seis parientes de la pareja presidencial se fueron incorporando al servicio en el exterior, incluidos un hermano y un primo de la ex primera dama.
En Cancillería hay una larga lista de funcionarios del servicio exterior a quienes une la característica de su parentesco con personajes de la vida política de El Salvador, especialmente dirigentes o ex dirigentes del partido Arena y ex funcionarios del mismo Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin embargo, los familiares del ex gobernante Saca y de su esposa destacan porque se enrolaron en esa dependencia durante los cinco años que duró esa administración.
Eduardo Cálix, vicecanciller durante el gobierno de Saca, hace una especie de resumen de los hallazgos de El Faro, a los que agrega el detalle de contrataciones de personas de otros partidos distintos a Arena. “Pudieron haber sido personas cercanas al presidente, personas cercanas al partido, a los otros partidos… porque hay gente de los otros partidos políticos, hay gente nombrada de las otras instituciones del Estado, de la iniciativa privada, inclusive de ex militares… son gente que pasó por procedimientos (de selección) y como salvadoreños, si tienen aspiraciones legítimas, se sometieron a esos procedimientos”, dice Cálix.
El Faro envió un pedido de información a Cancillería para que detallara las fechas de contratación, salarios y la justificación de 15 de esas contrataciones.
En julio pasado, Relaciones Exteriores abrió a El Faro los registros de reclutamiento de algunas de estas personas y de otras que no aparecían en la lista que había elaborado este periódico. Junto al embajador Sol Mixco, en Panamá, la ex primera dama Ana Ligia Mixco Sol tuvo otros parientes en el extranjero: su hermano, José Eduardo Mixco Sol, se convirtió en ministro consejero en la embajada de El Salvador en México, el 1 de julio de 2005, con un sueldo de 2 mil 904 dólares.
Un mes antes, un primo, Salvador Sol, fue nombrado cónsul en Monterrey, Nuevo León, México.
De la ex primera dama también eran parientes otras dos funcionarias, informaron a El Faro los ex viceministros Eduardo Cálix y Margarita Escobar. Una de ellas, Patricia Figueroa, quien fue juramentada embajadora ante la India el 8 de abril de 2008. Con ella, y con un salario de 8 mil dólares, estrenó El Salvador sede diplomática en ese país asiático. Aunque las dos naciones tienen relaciones diplomáticas desde los años 70s, fue hasta 2008 cuando se abrió embajadas.
La otra pariente de la ex primera dama, según las fuentes, es Sonia Mireya Mendoza Sol viuda de Figueroa, quien fue nombrada ministra consejera y agregada consultar en Lima, Perú, con un sueldo de 3 mil 600 dólares.
A los cinco parientes de su esposa, el ex presidente Saca agregó dos: en Panamá, como consejera, a Gertrudis Estrella Murra Saca, con un sueldo de 2 mil 292.98 dólares; y en Toronto, Canadá, como cónsul, a Ana Haydeé Murra Saca, quien obtuvo una remuneración mensual de 4 mil 39.65 dólares. Esta última fue suspendida hace un mes por supuestas irregularidades, según Cancillería, que hizo una investigación interna.
En total, al sumar los salarios de los parientes de la familia Saca Mixco –menos el del embajador en Panamá, que no ha sido especificado por Cancillería- desde la fecha de contratación hasta mayo de 2009, último mes de la pareja presidencial al frente de gobierno, sus parientes obtuvieron unos 800 mil dólares.
El Faro buscó repetidas veces la versión de la ex pareja presidencia. En el despacho de Antonio Saca en el Grupo Samix -la empresa radial que fundó junto a su esposa- no hubo respuesta hasta el cierre de esta nota, el fin de semana.
Sin embargo, a favor de Saca y Mixco Sol, los ex viceministros Eduardo Cálix y Margarita Escobar defienden que no tiene nada de ilegal la contratación de estos parientes. “En su debido momento son personas que se sometieron a las pruebas, a los requisitos, aspiraron a la carera diplomática, algunos estuvieron en inducción en Cancillería, y después salieron al exterior. No es porque sean los parientes del ex presidente que se les nombró. En su debido momento rindieron con las pruebas necesarias”, dice Eduardo Cálix.
El ex viceministro apela al razonamiento de que no puede obstaculizarse el desarrollo de su potencial o de su carrera a alguien que está apto para un cargo, solo porque sea pariente de un funcionario. “Nadie puede desmerecerse y a nadie puede coartársele la posibilidad de optar a un cargo en el exterior simplemente porque en su debido momento está o no relacionado”, dice.
Escobar, ex viceministra para salvadoreños en el exterior, agrega que lo que ocurrió es la necesidad de recuperar el tejido del servicio exterior, deteriorado durante la guerra interna salvadoreña. “Los años de la guerra destruyeron lo que eran los equipos profesionales, los equipos diplomáticos de carrera y consulares de carrera. En los últimos años se hizo un esfuerzo muy grande para preparar funcionarios expertos en materia diplomática. Por eso el servicio exterior es una combinación de gente que tiene muchísimos años de laborar, con gente que ha ido ingresando progresivamente y que ha ido escalando o se ha incorporado al escalafón diplomático del país”.
Asegura que los filtros para el ingreso en Cancillería son competencia, profesionalismo y aptitudes, y esos se aplicaron.
El Faro logró contactar uno de los dos cancilleres de la era Saca, Francisco Laínez, quien se rehusó a dar opinión. Fue imposible establecer contacto con quien en 2008 se convirtió en su sucesora, Marisol Argueta de Barillas.
Según el ex viceministro Cálix, no existe violación alguna a la ley en las contrataciones de los parientes del ex presidente Antonio Saca y de su esposa Ana Ligia.
Al preguntarle sobre la idoneidad de estas personas para los cargos que les fueron asignados, Cálix asegura que incluso antes de ser enviados a sus puestos, todos los funcionarios pasaron por un proceso de inducción en Cancillería en El Salvador. “No te obliga la ley a tener que ser parte ni del escalafón diplomático ni del escalafón consular para poder representar un cargo en el exterior o en la sede de Cancillería”, dice.
Para ilustrar su punto, evoca el Perú de Alberto Fujimori.“La mayoría de los países en América latina y Europa tienen diferenciado lo que son los funcionarios de carrera y los de designación política. ¿Por qué? Porque son puestos de confianza. Fujimori quiso hacer eso: quitar a todos los funcionarios de carrera y dejar a políticos, y lo que dijo Cancillería es que no, que la carrera diplomática se debe de respetar. Y lo que hizo fue dejar 30% para funcionaros de carrera y 70% para asignación del presidente de la república. Eso es en todos los países, en todos”, argumenta.
El Ministerio de Relaciones Exteriores ha reparado en otros nombramientos que llaman la atención por los vínculos con personajes de la vida política salvadoreña. Como el nombramiento del hermano del candidato presidencial Rodrigo Ávila como embajador ante el Reino Unido, a escasas semanas de la elección del 15 de marzo.
A Roberto Ricardo Ávila lo juramentó Argueta de Barillas en el primer trimestre de 2009, aunque la derrota de Rodrigo evitó que los dos hermanos estuvieran en la cima del nuevo gobierno. En junio, cuando tomó posesión la nueva administración, Ávila puso su cargo a disposición, aunque las nuevas autoridades aún no han decidido qué harán con estos puestos.
Otros apellidos célebres
Rodrigo Ávila no es el único ex presidente del partido Arena o de la República que tiene a familiares prestando servicios en el exterior, aunque diferencia de la era Saca, los nombramientos no coincidieron con el momento en que el funcionario ocupaba la silla presidencial del país.
El gobierno de Saca contrató a una cuñada del ex presidente Armando Calderón Sol, Zoila del Carmen Aguirre de May, y a un hijo del ex mandatario, José Gerardo Calderón Aguirre. Ella es hermana de la ex primera dama Elizabeth Aguirre de Calderón, y se incorporó como embajadora de El Salvador ante Corea del Sur el 28 de noviembre de 2007, con honorarios de 8 mil dólares mensuales.
El hijo del ex presidente fue nombrado consejero en la misión permanente de El Salvador ante la OEA, en Washington, el 1 de enero de 2007, con un salario de 2 mil 575 dólares. Compañero de Calderón Aguirrre en esa misma misión diplomática es el hijo del ex Ministro del Interior, Mario Acosta Oertel, contratado el 2 de mayo de 2006 con un salario de 3 mil 346.
Tanto el ex presidente Calderón Sol, como el ex viceministro Acosta Oertel descartan de tajo que sus familiares hayan llegado al servicio exterior gracias a que sus parientes tengan capacidad de influencia. Calderón Sol, por ejemplo, argumenta en el caso de su cuñada que ella es una diplomática de carrera que conoce esa nación asiática, lo que le da credenciales para el cargo. “Sin importar el parentesco, ella es una diplomática, ella conoce mucho de Asia, de Corea, ha estado en Corea mucho tiempo. Es una diplomática, traductora, tiene su propio currículo y su propia vida.”
Al ex presidente de la República le pareció que el interés de El Faro en el nombramiento de su pariente política es buscar sin sentido. “Creo que eso es hacer querer hacer una crítica insana donde no la hay”, dice.En el caso de su hijo, agrega, “es un hombre especializado, graduado de la universidad en Washington. Conoce de la política americana y latinoamericana, es un profesional ya y es un hombre que tiene todas las características para ejercer…”, dice Calderón Sol.
Algo parecido dice Acosta Oertel sobre la contratación de su hijo: “Mi hijo fue invitado a trabajar en la comisión de límites con Honduras de la cancillería por el doctor Mauricio Gutiérrez Castro. Él es un abogado de profesión, graduado de la Matías Delgado. Tiene muchos estudios internacionales. Luego le ofrecieron un cargo en la misión de El Salvador en la OEA en Washington y allá está trabajando porque es un diplomático de carrera”.
Al igual que el ex gobernante, subraya que no medió para su contratación la relación de consanguinidad. “No está ahí por dedo ni por favor ni porque su papá es aquí… Él tiene su propia personalidad, su propia vida profesional. Es profesional de carrera. Él entró a finales de 2003 y principios de 2004. No tiene nada que ver”.
Entre los parientes de personajes célebres de la política salvadoreña también está Ana Margarita Chávez E., cónsul general en Washington D.C., donde fue nombrada el 16 de mayo de 2005, con un sueldo de 4 mil 39 dólares. La ex viceministra para salvadoreños en el exterior, Margarita Escobar -hoy diputada- reconoce que hay parentesco, pero se rehúsa a precisar en qué grado. “Es otro tema que lo han querido politizar. La ley establece que no se puede hasta el tercer grado de consanguinidad, y en ese sentido Margarita Chávez no es pariente mío hasta el tercer grado de consanguinidad. Es una doctora, profesional y es una mujer que ha demostrado sus propias competencias”, dice.
¿En qué grado es su pariente? “No lo sé. No tengo esos datos del árbol genealógico ahorita conmigo”, responde, con ironía.
La palabra nepotismo
Con la excepción del ex presidente Calderón Sol, ninguno de los ex funcionarios consultados por El Faro considera merecedora de crítica la contratación de parientes en el servicio exterior.
Calderón Sol aparta a sus familiares y hace una diferencia: “El sentido es más del nepotismo que pueda haber aquí entre parientes y las mismas argollas, que creo que se podría hacer tal vez una crítica. Eso sería diferente, poner a los familiares, ponerlos por su posición de parentesco. Y este es un gobierno que no es mi gobierno, yo soy ex presidente”, dice, refiriéndose a la administración durante la cual se produjeron estas contrataciones, que fue la de Antonio Saca.
Insiste en que su caso es diferente al de los parientes de la pareja Saca-Mixco. “No va a condenar a mi hijo o a cualquiera que es profesional que tiene acceso a un puesto público. Hay que tener suficiente objetividad como para no maltratar a un hijo de un político que ha dejado la presidencia desde hace 10 años y que tiene derecho el hijo también, pues, a hacer una vida pública, de valerse por su profesión y valerse por sus propios medios”, insiste.
* Con reportes de Sergio Arauz.
Daniel Valencia*cartas@elfaro.net
Publicada el 14 de septiembre de 2009 - El Faro
Entre 2004 y 2009, siete parientes del ex presidente Antonio Saca y de su esposa, Ana Ligia Mixco Sol, fueron contratados como embajadores o agregados consulares por los titulares de Cancillería para que representaran a El Salvador en diversas naciones de Asia, Norte, Centro y Suramérica.
Las contrataciones comenzaron en los primeros 100 días de Saca al frente del Ejecutivo, con el nombramiento de Gerardo Sol Mixco. El tío de la ex primera dama fue llamado al servicio para servir en Panamá con el cargo de embajador. Después de él, otros seis parientes de la pareja presidencial se fueron incorporando al servicio en el exterior, incluidos un hermano y un primo de la ex primera dama.
En Cancillería hay una larga lista de funcionarios del servicio exterior a quienes une la característica de su parentesco con personajes de la vida política de El Salvador, especialmente dirigentes o ex dirigentes del partido Arena y ex funcionarios del mismo Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin embargo, los familiares del ex gobernante Saca y de su esposa destacan porque se enrolaron en esa dependencia durante los cinco años que duró esa administración.
Eduardo Cálix, vicecanciller durante el gobierno de Saca, hace una especie de resumen de los hallazgos de El Faro, a los que agrega el detalle de contrataciones de personas de otros partidos distintos a Arena. “Pudieron haber sido personas cercanas al presidente, personas cercanas al partido, a los otros partidos… porque hay gente de los otros partidos políticos, hay gente nombrada de las otras instituciones del Estado, de la iniciativa privada, inclusive de ex militares… son gente que pasó por procedimientos (de selección) y como salvadoreños, si tienen aspiraciones legítimas, se sometieron a esos procedimientos”, dice Cálix.
El Faro envió un pedido de información a Cancillería para que detallara las fechas de contratación, salarios y la justificación de 15 de esas contrataciones.
En julio pasado, Relaciones Exteriores abrió a El Faro los registros de reclutamiento de algunas de estas personas y de otras que no aparecían en la lista que había elaborado este periódico. Junto al embajador Sol Mixco, en Panamá, la ex primera dama Ana Ligia Mixco Sol tuvo otros parientes en el extranjero: su hermano, José Eduardo Mixco Sol, se convirtió en ministro consejero en la embajada de El Salvador en México, el 1 de julio de 2005, con un sueldo de 2 mil 904 dólares.
Un mes antes, un primo, Salvador Sol, fue nombrado cónsul en Monterrey, Nuevo León, México.
De la ex primera dama también eran parientes otras dos funcionarias, informaron a El Faro los ex viceministros Eduardo Cálix y Margarita Escobar. Una de ellas, Patricia Figueroa, quien fue juramentada embajadora ante la India el 8 de abril de 2008. Con ella, y con un salario de 8 mil dólares, estrenó El Salvador sede diplomática en ese país asiático. Aunque las dos naciones tienen relaciones diplomáticas desde los años 70s, fue hasta 2008 cuando se abrió embajadas.
La otra pariente de la ex primera dama, según las fuentes, es Sonia Mireya Mendoza Sol viuda de Figueroa, quien fue nombrada ministra consejera y agregada consultar en Lima, Perú, con un sueldo de 3 mil 600 dólares.
A los cinco parientes de su esposa, el ex presidente Saca agregó dos: en Panamá, como consejera, a Gertrudis Estrella Murra Saca, con un sueldo de 2 mil 292.98 dólares; y en Toronto, Canadá, como cónsul, a Ana Haydeé Murra Saca, quien obtuvo una remuneración mensual de 4 mil 39.65 dólares. Esta última fue suspendida hace un mes por supuestas irregularidades, según Cancillería, que hizo una investigación interna.
En total, al sumar los salarios de los parientes de la familia Saca Mixco –menos el del embajador en Panamá, que no ha sido especificado por Cancillería- desde la fecha de contratación hasta mayo de 2009, último mes de la pareja presidencial al frente de gobierno, sus parientes obtuvieron unos 800 mil dólares.
El Faro buscó repetidas veces la versión de la ex pareja presidencia. En el despacho de Antonio Saca en el Grupo Samix -la empresa radial que fundó junto a su esposa- no hubo respuesta hasta el cierre de esta nota, el fin de semana.
Sin embargo, a favor de Saca y Mixco Sol, los ex viceministros Eduardo Cálix y Margarita Escobar defienden que no tiene nada de ilegal la contratación de estos parientes. “En su debido momento son personas que se sometieron a las pruebas, a los requisitos, aspiraron a la carera diplomática, algunos estuvieron en inducción en Cancillería, y después salieron al exterior. No es porque sean los parientes del ex presidente que se les nombró. En su debido momento rindieron con las pruebas necesarias”, dice Eduardo Cálix.
El ex viceministro apela al razonamiento de que no puede obstaculizarse el desarrollo de su potencial o de su carrera a alguien que está apto para un cargo, solo porque sea pariente de un funcionario. “Nadie puede desmerecerse y a nadie puede coartársele la posibilidad de optar a un cargo en el exterior simplemente porque en su debido momento está o no relacionado”, dice.
Escobar, ex viceministra para salvadoreños en el exterior, agrega que lo que ocurrió es la necesidad de recuperar el tejido del servicio exterior, deteriorado durante la guerra interna salvadoreña. “Los años de la guerra destruyeron lo que eran los equipos profesionales, los equipos diplomáticos de carrera y consulares de carrera. En los últimos años se hizo un esfuerzo muy grande para preparar funcionarios expertos en materia diplomática. Por eso el servicio exterior es una combinación de gente que tiene muchísimos años de laborar, con gente que ha ido ingresando progresivamente y que ha ido escalando o se ha incorporado al escalafón diplomático del país”.
Asegura que los filtros para el ingreso en Cancillería son competencia, profesionalismo y aptitudes, y esos se aplicaron.
El Faro logró contactar uno de los dos cancilleres de la era Saca, Francisco Laínez, quien se rehusó a dar opinión. Fue imposible establecer contacto con quien en 2008 se convirtió en su sucesora, Marisol Argueta de Barillas.
Según el ex viceministro Cálix, no existe violación alguna a la ley en las contrataciones de los parientes del ex presidente Antonio Saca y de su esposa Ana Ligia.
Al preguntarle sobre la idoneidad de estas personas para los cargos que les fueron asignados, Cálix asegura que incluso antes de ser enviados a sus puestos, todos los funcionarios pasaron por un proceso de inducción en Cancillería en El Salvador. “No te obliga la ley a tener que ser parte ni del escalafón diplomático ni del escalafón consular para poder representar un cargo en el exterior o en la sede de Cancillería”, dice.
Para ilustrar su punto, evoca el Perú de Alberto Fujimori.“La mayoría de los países en América latina y Europa tienen diferenciado lo que son los funcionarios de carrera y los de designación política. ¿Por qué? Porque son puestos de confianza. Fujimori quiso hacer eso: quitar a todos los funcionarios de carrera y dejar a políticos, y lo que dijo Cancillería es que no, que la carrera diplomática se debe de respetar. Y lo que hizo fue dejar 30% para funcionaros de carrera y 70% para asignación del presidente de la república. Eso es en todos los países, en todos”, argumenta.
El Ministerio de Relaciones Exteriores ha reparado en otros nombramientos que llaman la atención por los vínculos con personajes de la vida política salvadoreña. Como el nombramiento del hermano del candidato presidencial Rodrigo Ávila como embajador ante el Reino Unido, a escasas semanas de la elección del 15 de marzo.
A Roberto Ricardo Ávila lo juramentó Argueta de Barillas en el primer trimestre de 2009, aunque la derrota de Rodrigo evitó que los dos hermanos estuvieran en la cima del nuevo gobierno. En junio, cuando tomó posesión la nueva administración, Ávila puso su cargo a disposición, aunque las nuevas autoridades aún no han decidido qué harán con estos puestos.
Otros apellidos célebres
Rodrigo Ávila no es el único ex presidente del partido Arena o de la República que tiene a familiares prestando servicios en el exterior, aunque diferencia de la era Saca, los nombramientos no coincidieron con el momento en que el funcionario ocupaba la silla presidencial del país.
El gobierno de Saca contrató a una cuñada del ex presidente Armando Calderón Sol, Zoila del Carmen Aguirre de May, y a un hijo del ex mandatario, José Gerardo Calderón Aguirre. Ella es hermana de la ex primera dama Elizabeth Aguirre de Calderón, y se incorporó como embajadora de El Salvador ante Corea del Sur el 28 de noviembre de 2007, con honorarios de 8 mil dólares mensuales.
El hijo del ex presidente fue nombrado consejero en la misión permanente de El Salvador ante la OEA, en Washington, el 1 de enero de 2007, con un salario de 2 mil 575 dólares. Compañero de Calderón Aguirrre en esa misma misión diplomática es el hijo del ex Ministro del Interior, Mario Acosta Oertel, contratado el 2 de mayo de 2006 con un salario de 3 mil 346.
Tanto el ex presidente Calderón Sol, como el ex viceministro Acosta Oertel descartan de tajo que sus familiares hayan llegado al servicio exterior gracias a que sus parientes tengan capacidad de influencia. Calderón Sol, por ejemplo, argumenta en el caso de su cuñada que ella es una diplomática de carrera que conoce esa nación asiática, lo que le da credenciales para el cargo. “Sin importar el parentesco, ella es una diplomática, ella conoce mucho de Asia, de Corea, ha estado en Corea mucho tiempo. Es una diplomática, traductora, tiene su propio currículo y su propia vida.”
Al ex presidente de la República le pareció que el interés de El Faro en el nombramiento de su pariente política es buscar sin sentido. “Creo que eso es hacer querer hacer una crítica insana donde no la hay”, dice.En el caso de su hijo, agrega, “es un hombre especializado, graduado de la universidad en Washington. Conoce de la política americana y latinoamericana, es un profesional ya y es un hombre que tiene todas las características para ejercer…”, dice Calderón Sol.
Algo parecido dice Acosta Oertel sobre la contratación de su hijo: “Mi hijo fue invitado a trabajar en la comisión de límites con Honduras de la cancillería por el doctor Mauricio Gutiérrez Castro. Él es un abogado de profesión, graduado de la Matías Delgado. Tiene muchos estudios internacionales. Luego le ofrecieron un cargo en la misión de El Salvador en la OEA en Washington y allá está trabajando porque es un diplomático de carrera”.
Al igual que el ex gobernante, subraya que no medió para su contratación la relación de consanguinidad. “No está ahí por dedo ni por favor ni porque su papá es aquí… Él tiene su propia personalidad, su propia vida profesional. Es profesional de carrera. Él entró a finales de 2003 y principios de 2004. No tiene nada que ver”.
Entre los parientes de personajes célebres de la política salvadoreña también está Ana Margarita Chávez E., cónsul general en Washington D.C., donde fue nombrada el 16 de mayo de 2005, con un sueldo de 4 mil 39 dólares. La ex viceministra para salvadoreños en el exterior, Margarita Escobar -hoy diputada- reconoce que hay parentesco, pero se rehúsa a precisar en qué grado. “Es otro tema que lo han querido politizar. La ley establece que no se puede hasta el tercer grado de consanguinidad, y en ese sentido Margarita Chávez no es pariente mío hasta el tercer grado de consanguinidad. Es una doctora, profesional y es una mujer que ha demostrado sus propias competencias”, dice.
¿En qué grado es su pariente? “No lo sé. No tengo esos datos del árbol genealógico ahorita conmigo”, responde, con ironía.
La palabra nepotismo
Con la excepción del ex presidente Calderón Sol, ninguno de los ex funcionarios consultados por El Faro considera merecedora de crítica la contratación de parientes en el servicio exterior.
Calderón Sol aparta a sus familiares y hace una diferencia: “El sentido es más del nepotismo que pueda haber aquí entre parientes y las mismas argollas, que creo que se podría hacer tal vez una crítica. Eso sería diferente, poner a los familiares, ponerlos por su posición de parentesco. Y este es un gobierno que no es mi gobierno, yo soy ex presidente”, dice, refiriéndose a la administración durante la cual se produjeron estas contrataciones, que fue la de Antonio Saca.
Insiste en que su caso es diferente al de los parientes de la pareja Saca-Mixco. “No va a condenar a mi hijo o a cualquiera que es profesional que tiene acceso a un puesto público. Hay que tener suficiente objetividad como para no maltratar a un hijo de un político que ha dejado la presidencia desde hace 10 años y que tiene derecho el hijo también, pues, a hacer una vida pública, de valerse por su profesión y valerse por sus propios medios”, insiste.
* Con reportes de Sergio Arauz.
jueves, 10 de septiembre de 2009
El Salvador y Brasil le apuesta al transporte
Ambos gobiernos se propone renovar el transporte público del país. también acordaron cooperación en el área agrícola, afinaron detalles de un crédito y le apuestan a impulsar, a futuro, un acuerdo de asociación entre Centroamérica y Mercosur.
Escrito por ENVIADA BRASILKARLA RAMOS
Jueves, 10 septiembre 2009 00:00
Como gobierno vamos a hacer todos los esfuerzos que esté a nuestro alcance para que su gobierno pueda consolidar la democracia y atender a la población”
Luiz Inácio Lula Da Silva, presidente de Brasil
No hemos venido a pedir tan solo ayuda, hemos venido esencialmente a constituirnos en aliados, pues El Salvador puede ser la gran puerta de entrada de Brasil a otros mercados.”
Mauricio Funes, presidente de El Salvador
El Salvador partió de la capital brasileña con varios compromisos bajo el brazo, y entre ellos destaca el posible financiamiento para el diseño e implementación de un nuevo sistema de transporte público, tal como había anunciado el presidente Mauricio Funes, a través del brasileño Banco Nacional de Desenvolvimiento Social (BNDS).
“Otras oportunidades se abren en el campo de modernización de transporte e infraestructura, y las empresas brasileñas están interesadas en volver a la economía salvadoreña más competitiva”, dijo el presidente Luiz Inácio Lula Da Silva, al ennumerar las áreas en que Brasil pude ayudar financiera y técnicamente a El Salvador y a toda Centroamérica, y al destacar que su país tiene la “obligación política, ética y económica de ser un ejemplo de solidaridad” con los más pequeños.
Precisamente ayer, una comitiva salvadoreña, entre ellos el viceministro de Transporte, Nelson García, sostuvo una reunión con delegados del BNDS. Según García, tras ese encuentro, el compromiso más inmediato fue “otorgar los créditos necesarios para que el país pueda tener un nuevo sistema de transporte”, aunque no habló de cifras.
Para eso, el primer acuerdo es conformar comisiones técnicas y hacer estudios que determinen las condiciones de la infraestructura vial de El Salvador y a partir de eso identificar el modelo de transporte a implementar. “Cuando digo la modalidad, es porque en base a las condiciones geográficas es que tenemos que definir qué tipos de buses vamos a usar”, agregó el funcionario, quien explicó que hasta no tener esos estudios no puede asumir el compromiso de incluir en ese proceso el proyecto de Metrobús, impulsado por el alcalde capitalino, Norman Quijano.
García detalla que la idea es empezar con un diagnóstico del Área Metropolitana de San Salvador, pero posteriormente impulsar esa reforma de transporte a escala nacional.
Solo en estos cinco años, de acuerdo con viceministro, la ley obliga a sustituir no menos de 1,500 unidades, la mitad de autobuses que Brasil actualmente está financiando en la vecina Guatemala.
Otros acuerdos
Funes y Lula también acordaron impulsar un acuerdo de asociación Centroamérica-Mercosur. Funes ofreció a El Salvador como punto de entrada a las inversiones brasileñas a nuevos mercados. “El Salvador puede ser la gran puerta de entrada de productos y servicios del Brasil al gran mercado norteamericano y a los mercados más reducidos de Centroamérica y el Caribe”, dijo el mandatario.
Lula no hizo oídos sordos y destacó que en el último año, el comercio brasileño hacia El Salvador ha crecido en un 50%. Actualmente, Brasil exporta más de $240 millones al país, mientras El Salvador no llega ni a los $4 millones en ventas.
El mandatario brasileño dijo ver en El Salvador y C.A. el “potencial como puente del continente”, y destacó que por esa visión Brasil se hizo observador del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y se alista a ser socio extrarregional del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). “Eso permitirá financiar proyectos prioritarios para Centroamérica”, detalló, tras lo que se comprometió a reforzar la cooperación en salud, seguridad ciudadana y agricultura, entre otros.
En ese marco, para octubre, una delegación de la oficina de tecnología agropecuaria de Brasil (Embrapa) llegará al país para asesorar en la modenización y reingeniería del CENTA y la Escuela Nacional de Agricultura (ENA). También vendrá una misión para definir el programa de cooperación 2009-2011.
Apoyo político
La reunión bilateral no finalizó sin que Funes lanzara un llamado para que Brasil participe activamente en una zona de “influencia” hasta el momento eclipsada por Estados Unidos, un país al que ambos mandatarios dedicaron ayer un reconocimiento bajo la administración de Barack Obama. “Es importante que Estados Unidos tenga otro punto en América Latina”, comentó Lula al contar que en su reunión con Obama le habló de Funes y de lo que implicaba el gane de él en Centroamérica. Un gane que consideró histórico y “la gran sorpresa electoral” en los últimos años, y que a su juicio permite construir una integración regional basada en la solidaridad y la justicia social.
Escrito por ENVIADA BRASILKARLA RAMOS
Jueves, 10 septiembre 2009 00:00
Como gobierno vamos a hacer todos los esfuerzos que esté a nuestro alcance para que su gobierno pueda consolidar la democracia y atender a la población”
Luiz Inácio Lula Da Silva, presidente de Brasil
No hemos venido a pedir tan solo ayuda, hemos venido esencialmente a constituirnos en aliados, pues El Salvador puede ser la gran puerta de entrada de Brasil a otros mercados.”
Mauricio Funes, presidente de El Salvador
El Salvador partió de la capital brasileña con varios compromisos bajo el brazo, y entre ellos destaca el posible financiamiento para el diseño e implementación de un nuevo sistema de transporte público, tal como había anunciado el presidente Mauricio Funes, a través del brasileño Banco Nacional de Desenvolvimiento Social (BNDS).
“Otras oportunidades se abren en el campo de modernización de transporte e infraestructura, y las empresas brasileñas están interesadas en volver a la economía salvadoreña más competitiva”, dijo el presidente Luiz Inácio Lula Da Silva, al ennumerar las áreas en que Brasil pude ayudar financiera y técnicamente a El Salvador y a toda Centroamérica, y al destacar que su país tiene la “obligación política, ética y económica de ser un ejemplo de solidaridad” con los más pequeños.
Precisamente ayer, una comitiva salvadoreña, entre ellos el viceministro de Transporte, Nelson García, sostuvo una reunión con delegados del BNDS. Según García, tras ese encuentro, el compromiso más inmediato fue “otorgar los créditos necesarios para que el país pueda tener un nuevo sistema de transporte”, aunque no habló de cifras.
Para eso, el primer acuerdo es conformar comisiones técnicas y hacer estudios que determinen las condiciones de la infraestructura vial de El Salvador y a partir de eso identificar el modelo de transporte a implementar. “Cuando digo la modalidad, es porque en base a las condiciones geográficas es que tenemos que definir qué tipos de buses vamos a usar”, agregó el funcionario, quien explicó que hasta no tener esos estudios no puede asumir el compromiso de incluir en ese proceso el proyecto de Metrobús, impulsado por el alcalde capitalino, Norman Quijano.
García detalla que la idea es empezar con un diagnóstico del Área Metropolitana de San Salvador, pero posteriormente impulsar esa reforma de transporte a escala nacional.
Solo en estos cinco años, de acuerdo con viceministro, la ley obliga a sustituir no menos de 1,500 unidades, la mitad de autobuses que Brasil actualmente está financiando en la vecina Guatemala.
Otros acuerdos
Funes y Lula también acordaron impulsar un acuerdo de asociación Centroamérica-Mercosur. Funes ofreció a El Salvador como punto de entrada a las inversiones brasileñas a nuevos mercados. “El Salvador puede ser la gran puerta de entrada de productos y servicios del Brasil al gran mercado norteamericano y a los mercados más reducidos de Centroamérica y el Caribe”, dijo el mandatario.
Lula no hizo oídos sordos y destacó que en el último año, el comercio brasileño hacia El Salvador ha crecido en un 50%. Actualmente, Brasil exporta más de $240 millones al país, mientras El Salvador no llega ni a los $4 millones en ventas.
El mandatario brasileño dijo ver en El Salvador y C.A. el “potencial como puente del continente”, y destacó que por esa visión Brasil se hizo observador del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y se alista a ser socio extrarregional del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). “Eso permitirá financiar proyectos prioritarios para Centroamérica”, detalló, tras lo que se comprometió a reforzar la cooperación en salud, seguridad ciudadana y agricultura, entre otros.
En ese marco, para octubre, una delegación de la oficina de tecnología agropecuaria de Brasil (Embrapa) llegará al país para asesorar en la modenización y reingeniería del CENTA y la Escuela Nacional de Agricultura (ENA). También vendrá una misión para definir el programa de cooperación 2009-2011.
Apoyo político
La reunión bilateral no finalizó sin que Funes lanzara un llamado para que Brasil participe activamente en una zona de “influencia” hasta el momento eclipsada por Estados Unidos, un país al que ambos mandatarios dedicaron ayer un reconocimiento bajo la administración de Barack Obama. “Es importante que Estados Unidos tenga otro punto en América Latina”, comentó Lula al contar que en su reunión con Obama le habló de Funes y de lo que implicaba el gane de él en Centroamérica. Un gane que consideró histórico y “la gran sorpresa electoral” en los últimos años, y que a su juicio permite construir una integración regional basada en la solidaridad y la justicia social.
martes, 8 de septiembre de 2009
Ex concejo de San José Villanueva regaló calle a Grupo Roble
El camino que atraviesa el condominio residencial La Hacienda fue donado a Roble por el anterior concejo municipal, alegando que había quedado en desuso y que siempre fue un inmueble privado. Con ello, obligarían a los pobladores de una comunidad pobre a hacer un rodeo de 1.3 kilómetros y contradijeron un informe oficial que dice que la calle siempre ha sido propiedad pública.
Daniel Valencia
cartas@elfaro.net
Publicada el 31 de agosto de 2009 - El Faro
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Cuando les faltaban solo 40 días para dejar sus cargos tras perder la elección de enero pasado, los concejales de San José Villanueva decidieron regalarle a Grupo Roble una calle, con lo cual condenaron a los habitantes de una comunidad a usar un camino alterno que los obliga a añadir 1.3 kilómetros al recorrido a que estaban acostumbrados desde hacía 70 años.
La decisión de la municipalidad, además, significaba una ayuda para Roble, que enfrentaba una demanda ante la Defensoría del Consumidor, donde estaba acusada de haber vendido el proyecto habitacional La Hacienda como un complejo cerrado, sin informar a los clientes que el terreno estaba partido en dos por una vía pública.
El concejo, encabezado por el alcalde Francisco Arias Mejía, del partido Arena, basó su decisión en el argumento de que la vía estaba en desuso y en que el camino legítimamente pertenecía a Roble, por lo que el acuerdo del concejo en la práctica era nada más devolver una propiedad.
Ese camino en realidad es un bien público, según determinó en 2006 un informe del Instituto Geográfico Nacional, y según lo tiene registrado hasta la fecha el Centro Nacional de Registros (CNR).
La vía en disputa sirve a los habitantes de la comunidad El Escalón, en el sur del municipio de San José Villanueva, para transitar hacia el pueblo del mismo nombre. Sin embargo, cuando cobró vida el proyecto habitacional La Hacienda, sus inquilinos decidieron un día hacer lo que consideraban era su derecho: cerrar la calle al paso de personas que no vivieran ahí. Pronto supieron que ese camino que consideraban parte del proyecto, era en realidad propiedad estatal y eso precipitó una primera demanda ante la Defensoría del Consumidor.
| Una calle nacional |
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El camino es utilizado por unas 40 familias de El Escalón que tienen al menos 70 años de transitarlo, y que cuando se construyó La Hacienda no tenían otra manera de llegar al pueblo de San José Villanueva. Una vez desatada la pugna, en 2006, el alcalde Arias Mejía se alineó en favor de los intereses de la comunidad El Escalón, a tal punto que entre el 29 de junio y el 19 de septiembre de ese año ordenó quitar la puerta y la caseta que restringían el paso por la calle, explicó ante los habitantes de La Hacienda que el camino era público e invitó a celebrar los 168 años de haber sido declarada propiedad estatal la vía.
Roble es la subsidiaria de bienes raíces en Centroamérica del Grupo Poma, y según explicó a El Faro Billy Solano, gerente de investigación y desarrollo de la firma, la vara cuadrada dentro de La Hacienda vale 35 dólares. La calle que parte en dos al complejo tiene una extensión de 56 mil varas cuadradas, con lo que su valor económico se acercaría a los 2 millones de dólares.
El camino vecinal que del cantón El Escalón conduce al casco del municipio mide 2.3 kilómetros y atraviesa esa residencial, donde los clientes tienen la opción de comprar solo el lote o el lote con casa ya construida. Los precios van desde los 120 mil hasta los 250 mil dólares y hasta la fecha están vendidas 325 de las 562 propiedades puestas a la venta. El lote más pequeño mide 2 mil 600 varas cuadradas, lo que equivale a un poco más de un cuarto de manzana de terreno.
Cuando en 2006, un grupo de 14 dueños de estos terrenos se percató de que ese camino que divide en dos La Hacienda era de uso público, acudió a la Defensoría del Consumidor (DC) para denunciar que Roble les vendió las propiedades sin decirles toda la verdad. Y Roble, el 3 de octubre de 2006, se comprometió a pagarles en concepto de indemnización por daño moral 50 mil dólares.
Los de El Escalón son habitantes de una comunidad rural, con casas de bahareque o lámina. Son gente sencilla y pobre que, en algunos casos, paradójicamente encontraron en el proyecto de Roble una fuente de empleos y a la vez el poder que les iba a cerrar el camino que habían utilizado toda su vida. Los hombres, mientras se sigue expandiendo el complejo, sirven ahí de albañiles, jardineros o multiusos a los habitantes de La Hacienda. Los que no han logrado ocuparse en la residencial, trabajan en tareas similares en el pueblo de San José Villanueva o en Santa Tecla. Y los más viejos -y los más jóvenes- colaboran con el sustento familiar apoyando en la siembra de subsistencia, especialmente maíz.
Cuando el concejo presidido por Arias se reunió el pasado 19 de marzo -exactamente dos meses después de perder la elección ante el partido FMLN-, aprobó la donación en el acta número 8. “La calle ha quedado en desuso y, en consecuencia, ha perdido utilidad pública”, justificó el concejo.
La calle, sin embargo, no ha dejado de utilizarse, como lo evidencia el paso diario de los habitantes por ese lugar. “Esta calle siempre será el camino principal de nosotros hacia el pueblo”, dice el presidente de la comunidad El Escalón, Sergio Alfaro.
El acta fue suscrita a las l0 de la mañana y hace explícita la donación del inmueble. “Desafectar, de modo irreversible, el antes denominado camino vecinal al cantón El Escalón, que afecta y atraviesa el inmueble que antes se conocía como finca El Carmen y que ahora forma parte del condominio quintas recreativas La Hacienda, bien inmueble catastralmente identificado como parcela treinta y cuatro mil noventa y tres (34093), hoy cincuenta mil dos (50002) del sector cero quinientos catorce U cero cuatro (0514U04)”, dice uno de los puntos del acuerdo. Más adelante, establece dos órdenes: una, “no afectar con servidumbre de tránsito” la calle debido a que el cantón ya no está incomunicado, y dos, “devolver de forma gratuita el bien inmueble identificado catastralmente como parcela 34093, hoy 50002, del sector 0514U04 a sus propietarios, en razón que el terreno vacante fue ocupado sin indemnización por esta propiedad”.
A diferencia de 2006, cuando estalló la disputa, ahora sí hay una calle alternativa. Fue construida en 2008 por Roble y la alcaldía con el propósito de conectar el cantón con el casco del municipio. Fue construida en concreto hidráulico y mide 3.6 kilómetros, y con eso la alcaldía cambió su discurso y junto a Roble comenzaron a expresar que el cantón ya no quedaría aislado si se cerraba la antigua calle vecinal. La vía opcional supone para los habitantes de El Escalón un recorrido adicional de 1.3 kilómetros adicionales respecto del camino original.
Entonces la constructora y la alcaldía iniciaron una campaña de disuasión con la comunidad El Escalón, para que accedieran al cierre de la vía tradicional. Roble incluso pagó el servicio de un autobús para ir a recoger a los habitantes del cantón a determinadas horas del día, pero el apoyo no prosperó porque los del cantón vieron eso como una burla, sobre todo porque nunca se les consultó si querían cambiar el camino para llegar al pueblo.
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| Un agente de seguridad del grupo Roble y uno privado siguen y anotan las placas del vehículo en el que se conducen periodistas de El Faro por la calle pública en litigio. |
Y mientras eso ocurría, los dueños de los terrenos en La Hacienda siguieron su pelea con Roble, a la que demandaron por segunda ocasión ante la Defensoría del Consumidor. El juicio en el que se acusó a la empresa de ofrecer privacidad sabiendo que una vía pública atravesaba la propiedad, concluyó en contra de la compañía, a pesar de que esta presentó como prueba en su favor, el acta de donación firmada por los concejales el 19 de marzo. El 24 de junio de 2009, la DC resolvió en favor de los demandantes, condenando a otra multa a Roble. “Se consideró que el proveedor había omitido una información precontractual que debía considerarse esencial, como el carácter público de la calle, y que sin lugar a dudas habría modificado la voluntad del consumidor. Sanción: $48,075.00”, dijo la DC.
Roble, sancionado, ahora dice no compartir criterio con el anterior concejo municipal, cuya decisión dio ánimos a los habitantes de La Hacienda para exigir, nuevamente, el cierre definitivo de la calle. Roble hoy dice estar alineado en favor de la comunidad El Escalón. “Ellos han ocupado siempre esa calle y hay que llegar a un acuerdo”, dice Solano.
El alcalde que se contradijo
El ex alcalde de San José Villanueva es hoy, al menos para los habitantes de El Escalón y para tres de sus concejales, una de esas personas con las cuales es incómodo cruzarse por la calle; sobre todo cuando en el pueblo todo mundo ya sabe que la anterior comuna regaló la calle, llamada por Roble “Paseo La Hacienda”.
Arias Mejía, sin embargo, hubo un tiempo en el que estuvo a favor de la comunidad de El Escalón. En una carta fechada el 29 de junio de 2006, el alcalde ordenó a la administradora de La Hacienda quitar la puerta, la caseta de control y la seguridad privada instalados en la antigua calle al cantón El Escalón.
El 31 de agosto del mismo año, el alcalde, en otra carta, volvió a informar a los directivos de La Hacienda que según mapas del CNR la calle es pública. Un mes más tarde, el 19 de septiembre –luego de haber derribado los portones-, el alcalde mandó otra misiva para reiterar sus argumentos:
“El motivo de la presente es para hacerle una atenta invitación a usted y miembros de su iglesia a la celebración del decreto 1938 de la calle principal cantón El Escalón Piedra Pintada y sus 168 años que se declaró calle pública”, rezaba la carta dirigida a Ana María de Lara, entonces presidenta de la junta directiva de La Hacienda.
“Nunca le creímos a Roble que esa calle es privada”, dijo el alcalde en noviembre de 2007 a El Faro.
Casi dos años después, Arias Mejía ratificó un documento que expone una versión diferente de los antecedentes de la calle. El alcalde y su concejo hicieron suyos los argumentos que Roble había utilizado todo el tiempo para decir que la calle era suya, y dijo que el municipio había ocupado la calle “sin que exista título alguno que acredite derecho del municipio sobre el inmueble ocupado por el antiguo camino al cantón El Escalón”.
Pero en 2007, luego del pleito entre Roble y los condóminos que denunciaron a la empresa, el alcalde Arias, la DC, los clientes de Roble, los habitantes de El Escalón y el mismo Centro Nacional de Registros coincidieron en que sí era un bien nacional.
Ese informe, de 2006, suscrito por la que en ese entonces era directora del Instituto Geográfico y del Catastro Nacional, Gracia Morena Peña, decía que en 1997 hubo una inclusión de un terreno un tanto extraña dentro de la propiedad.
“En esta reunión de inmuebles se incluyó la calle en referencia, cuando según el análisis de los antecedentes de los inmuebles reunidos se establece que están divididos por caminos, esto se puede constatar en las colindancias de los antecedentes reunidos”, dice el documento, en poder de la DC. El CNR registra que en 1997 el inmueble fue remedido y posteriormente sobre él se constituyó el proyecto habitacional de Roble, “incluyendo el bien nacional, al cual se le ha denominado Paseo La Hacienda”.
“En inspección de campo se ha podido constatar que ese bien nacional no ha perdido su naturaleza de camino vecinal, ya que es el único acceso a los pobladores del cantón El Escalón, ubicados rumbo sur del referido condominio”, continuaba el informe.
“El camino vecinal, cuyo código es el de 34093 (está) controlado catastralmente a favor del Estado de El Salvador”, concluyó el Instituto Geográfico.
Pero en el acta aprobada el 19 de marzo pasado, el concejo asegura que el camino vecinal siempre fue propiedad de sus legítimos propietarios (los titulares de Quintas Recreativas La Hacienda) de conformidad con las inscripciones en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas del departamento de La Libertad.
Consultado al respecto, vía teléfono, el ex alcalde Arias vuelve a contradecirse y ahora asegura que la calle es nacional.
-Esa calle es nacional. Si llega hasta el litoral -dice.
-¿Entonces por qué se la regalaron a Grupo Roble?
-No, no. Esa calle ellos (Roble) la querían para repararla, pavimentarla, para poder llegar mejor al cantón.
-Señor Arias, el acuerdo que usted y su concejo firmaron dice una cosa totalmente diferente.
-Mire, ahorita estoy en un casamiento por El Congo, de un hermano. Estoy saliendo de un templo evangélico. Mejor hábleme más tarde…
Cuando se le llamó repetidas veces más tarde, Arias ya no respondió su teléfono.
El acuerdo firmado por el concejo anterior no concuerda con el informe que rindió el CNR a la Defensoría. Y Roble, a pesar de que admite que esa calle siempre ha sido utilizada por los habitantes de El Escalón, decidió ponerle pelea al CNR por su versión sobre la propiedad del camino.
Grupo Roble, que es la subsidiaria de bienes raíces del Grupo Poma, acudió a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, alegando que la calle pertenece a la empresa. La Sala no ha resuelto la demanda.
Ex concejales se dicen timados
El ex síndico Ronald Tolentino, el ex primer regidor, Héctor Antonio Pérez Matute, y el ex primer regidor suplente, Santos Cruz, aseguran que el principal vocero para regalar la calle fue el ex alcalde Francisco Arias Mejía, e intentan librarse de culpas diciendo que no vieron lo que firmaron, y que el acta final no era la que se acordó en el concejo.
“Tuvimos tres reuniones antes de firmar esa acta. En la primera, un representante de Roble, el señor Julio Guevara, presentó un documento que decía que se les donaba a calle, a lo cual nos opusimos. En otra reunión, el señor alcalde llevó a otra abogada que presentó otro proyecto, en donde se mantenía el libre tránsito por la calle a favor de la gente de El Escalón. Acordamos que ese sería el acuerdo. Pero aceptamos que, por error, cuando vinimos a firmar lo hicimos sin leer el documento”, dice Matute.
Este ex funcionario, que se salió de Arena y hoy está en las filas del PCN, comparte junto a los otros dos que al menos de lo que recuerdan, ese acuerdo ni siquiera se elaboró en marzo, como dice la fecha registrada en el libro de actas.
“Ese acuerdo se hizo a finales de abril, antes de entregar la gestión. Lo que pasa es que como era común que se traspapelaran papeles… a veces se firman cosas con fechas atrasadas. Pero sí, no se firmó en marzo”, dice el ex síndico, Ronald Tolentino
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| Una familia camina por la calle alternativa construida por Grupo Roble para intentar que los habitantes del cantón El Escalón utilicen la que pasa por la residencial La Hacienda, que es 1.3 kilómetros más corta que esta. |
Una mañana de finales de abril, según cuentan los tres, antes de firmar el acta, el abogado Julio Guevara le ofreció al alcalde ayudarle a la secretaria municipal para redactar el acta, en la oficina de la secretaría municipal. “Vaya pues, papaíto”, le dijo el alcalde, cuenta Matute.
El Faro intentó obtener la versión de Julio Guevara, el abogado de Roble, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta. El gerente de investigación y desarrollo, Billy Solano, dice que esa versión es “increíble”.
En el Centro Nacional de Registros hay constancia de una inscripción a favor de Roble en donde se menciona la desafectación de la calle hasta el 20 de abril de este año, bajo el asiento de presentación “200905010128”, emitida a las 15:27:55 horas.
Sin embargo, a la hora de pedir un mapa catastral de la arteria, esta sigue teniendo un solo propietario: “Estado y gobierno de El Salvador (camino vecinal)”, es lo que dictamina el CNR, en respuesta a El Faro, el 24 de agosto pasado. Consultado acerca de este registro oficial, Solano se limita a decir que no entiende la situación: “No me lo explico”.
Con eso se encontró el nuevo concejo municipal, cuando la síndica, Ana Lilian Cañas fue a buscar información de la misma, el 27 de julio de este año. Un día después, el nuevo concejo firmó un acta de revocatoria del acuerdo anterior, y envió la documentación a la comisión de obras públicas de la Asamblea Legislativa pidiendo “se detenga cualquier trámite que pretenda declarar en desuso la calle”, escribió el actual alcalde, José Arnoldo Jiménez.
El 24 de julio de 2009, según cuentan cuatro dueños de terrenos en La Hacienda, los condóminos celebraron una reunión extraordinaria para tratar temas que les competen junto a los representantes de Grupo Roble. A esa reunión, aseguran, llegó Patricio Escobar Thompson, vicepresidente ejecutivo de Grupo Roble Internacional.
Días previos a esa reunión, Roble había intentado convencer a la junta directiva de La Hacienda para que se incluyera un punto de votación, a favor de la empresa, para que la calle otrora en disputa quedara siempre abierta, con libre tránsito para los habitantes de El Escalón.
“Pero a nosotros, de rebote, con esa acta de la alcaldía, ahora sí nos asiste la razón. Ahora sí está claro que la calle es privada, que ya no es pública, y entonces Roble tiene que cumplirnos la oferta que nos prometió al vendernos las propiedades: la tiene que cerrar. Sabemos cuál es nuestra posición, cuál es la posición de los habitantes de El Escalón, cuál fue la posición de la alcaldía, pero no sabemos cuál es la posición de Roble. ¿Por qué hoy piden que se deje abierta? No entendemos”, dice Ana María de Lara, vocera del comité de vecinos que demandó a Roble en 2006.
La empresa ahora insiste en que se deje un paso de servidumbre a los habitantes de El Escalón, que siempre han utilizado la calle, pensando, aseguran, en el prójimo. Pero para los condóminos y para los habitantes de El Escalón, Roble tiene una agenda oculta, y esa agenda oculta se llama “Campo Real”, un proyecto de campo de golf ya aprobado que colinda con La Hacienda y con El Escalón y que tendría acceso desde la calle El Espíritu Santo y desde el Paseo La Hacienda: dos entradas, dos salidas.
El Espíritu Santo es la calle construida conjuntamente entre alcaldía y Roble, y que se ofreció a los habitantes del cantón El Escalón para que accediera a que se cerrara la antigua vía.
“Teniendo paso de servidumbre El Escalón, también tendrán acceso aquellos que vengan al campo. La calle El Espíritu Santo ahí se confirma que no se hizo pensando en la comunidad, se hizo pensando en el campo de golf”, dice Sergio Alfaro, de la comunidad perjudicada. Ana María de Lara y otros tres residentes de La Hacienda que piden el anonimato coinciden con el dirigente de la comunidad.
Al preguntarle sobre la suposición que manejan dos de las partes en conflicto con su empresa, Billy Solano suelta en carcajada amplia: “Ja, ja, ja. ¡Ya! No es secreto para nadie –hemos hecho un trabajo social donde compartimos y socializamos el proyecto y toda la gente sabe- y es lógico que eso quieran pensar. En primer lugar lo que queríamos resolver es el tema del condominio, que es la desafectación de la calle, habilitando este tramo (la otra calle). Que justamente no niega, por ser una vía publica, que habilite el acceso al resto del proyecto”.
viernes, 4 de septiembre de 2009
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