miércoles, 15 de junio de 2011
sábado, 11 de junio de 2011
Forjando un mañana mejor y digno...
María Pentecostés,
cuando la Iglesia aún era
pobre y libre
como el Viento del Espíritu.
María Pentecostés,
cuando el fuego del Espíritu
era la ley de la Iglesia.
María Pentecostés,
cuando los Doce exhibían
el poder del testimonio.
María Pentecostés,
cuando era toda la Iglesia
boca del Resucitado
lunes, 6 de junio de 2011
Promesas...
http://cronicasguanacas.blogspot.com/
"Gobernar bien es la máxima expresión del compromiso con nuestro pueblo y con la memoria de Monseñor Óscar Arnulfo Romero; mi maestro, guía espiritual de la nación, cuya tumba visité esta mañana, antes de dirigirme a este auditorio".
"Queremos creer en las promesas verbales del Señor Presidente sobre la democratización del país, pero lamentablemente estos hechos tienden a contradecir esas promesas".
Convicciones (Saramago)
"Uno tiene convicciones y vive con ellas. Si las abandona, ¿qué queda? Nada. Aunque las cosas no sean tan puras como las imaginé, sigo siendo lo que he sido. Al menos, puedo decirme a mí mismo que no me he dejado contaminar".
"Gobernar bien es la máxima expresión del compromiso con nuestro pueblo y con la memoria de Monseñor Óscar Arnulfo Romero; mi maestro, guía espiritual de la nación, cuya tumba visité esta mañana, antes de dirigirme a este auditorio".
Mauricio Funes
1 de junio de 2009
"Queremos creer en las promesas verbales del Señor Presidente sobre la democratización del país, pero lamentablemente estos hechos tienden a contradecir esas promesas".
Monseñor Romero
Homilía del 2 de septiembre de 1979
Convicciones (Saramago)
"Uno tiene convicciones y vive con ellas. Si las abandona, ¿qué queda? Nada. Aunque las cosas no sean tan puras como las imaginé, sigo siendo lo que he sido. Al menos, puedo decirme a mí mismo que no me he dejado contaminar".
El Tiempo, Bogotá, 9 de julio de 2007
Una misión a España para sacar a Cristiani del caso Jesuitas
José Luis Sanz *
Publicado el 6 de Junio de 2011
Salvador Samayoa y Óscar Santamaría abogaron en diciembre de 2008 ante las autoridades españolas para sacar al ex presidente salvadoreño de la lista de imputados. Uno de los militares acusados en la Audiencia Nacional por el asesinato de los jesuitas asegura que el gobierno Saca prometió gestiones diplomáticas y fondos para defenderlos.
La demanda presentada en noviembre de 2008 ante la Audiencia Nacional española contra el ex presidente de la república Alfredo Cristiani y 14 militares salvadoreños por el asesinato en 1989 de seis sacerdotes jesuitas, su cocinera y la hija de esta, desató en El Salvador, casi 20 años después, una ofensiva diplomática y de gestiones personales para evitar que el ex mandatario tuviera que enfrentar un proceso judicial. Un cable de la embajada estadounidense en San Salvador, enviado a Washington el 16 de diciembre de 2008 da cuenta de una reunión celebrada el día 12 de diciembre, en la que el ex dirigente de las Fuerzas Populares de Liberación (FPL) y firmante de los acuerdos de paz Salvador Samayoa detalla a funcionarios estadounidenses parte de sus gestiones en una visita de tres días a Madrid para conversar con autoridades y miembros del sistema de justicia español a fin de trasladarles la preocupación de ciertos círculos políticos en El Salvador por el impacto que la reapertura del caso jesuitas podía tener en la reconciliación de posguerra en el país.
Según el cable, clasificado como confidencial y firmado por el encargado de negocios de la embajada, Robert Blau, Samayoa coincidió en Madrid entre el 7 y el 10 de diciembre de 2008 con el ex canciller durante el gobierno de Cristiani y también firmante de los acuerdos de paz, Óscar Santamaría, y ambos participaron juntos en al menos dos reuniones con funcionarios españoles para abordar el caso jesuitas: Fernando Burgos Pavón, fiscal adjunto de la Audiencia Nacional, y Trinidad Jiménez, secretaria de Estado para América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores español.
En ambos casos, siempre según el relato del cable, Samayoa y Santamaría recibieron palabras de comprensión y apoyo de las autoridades españolas, que se mostraron interesadas en que el caso no avanzara y críticas con el principio de justicia universal impulsado por algunos jueces de aquel país. Burgos, incluso, propuso a los delegados salvadoreños distintas alternativas para enfrentar el caso, ya fuera dilatándolo mediante peticiones de colaboración del sistema judicial salvadoreño, o acelerando la entrega de argumentos y pruebas desde el gobierno de El Salvador. Según el documento, el embajador de El Salvador en Madrid, que en aquel momento era precisamente el ex vicepresidente durante el gobierno de Calderón Sol, Enrique Borgo Bustamante, había tenido una semana antes un encuentro de resultado similar con el fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Samayoa detalló a los funcionarios estadounidenses que “en este viaje” le había sido imposible reunirse con el ex presidente español Felipe González para tratar el asunto de la acusación contra Cristiani.
En una entrevista exclusiva concedida a El Faro, el ex teniente coronel Camilo Hernández, uno de los imputados en el caso jesuitas, relata tres reuniones, una celebrada en la sede de la Asociación de Veteranos Militares de El Salvador, ASVEM, en noviembre de 2008, pocos días antes del viaje de Samayoa; otra celebrada en el Ministerio de Defensa; y una última en Casa Presidencial, en las que autoridades castrenses y el mismo presidente Antonio Saca mostraron a los militares acusados por el crimen su respaldo y su compromiso con su defensa ante la justicia española. Hernández estaba presente cuando Saca prometió, incluso, ayuda económica del Estado para sufragar parte de los gastos de defensa en España para los militares.
En una de esas reuniones se les anunció que finalmente el ex presidente Cristiani había desaparecido de la lista de imputados en España “porque había maniobrado antes (que los demás) con dos emisarios”, Santamaría y Samayoa. “Movieron sus teclas y por eso lo dejaron (a Cristiani) afuera”, dice Hernández.
Salvador Samayoa confirmó a El Faro que hizo aquel viaje, aunque desacreditó tanto a la embajada como a Camilo Hernández como fuentes válidas para conocer el motivo real y el alcance de su misión. El ex dirigente de las FPL se negó a entrar en detalles sobre el tema alegando que la publicación sobre esa misión “no aporta nada”, y se limitó a asegurar que la mayoría de sus gestiones en Madrid fueron individuales y que solo coincidió con Santamaría en dos encuentros, presuntamente los citados en el cable de la embajada estadounidense.
Funcionarios de la embajada de España en El Salvador confirman que a finales de 2008 trasladaron a Madrid el interés de diversas personalidades salvadoreñas por reunirse con funcionarios españoles para tratar el caso jesuitas, aunque se desmarcaron de cualquier intento de injerencia del gobierno de España en el funcionamiento autónomo de su sistema de justicia. Fuentes relacionadas con aquellas visitas hablaron a El Faro de la existencia en realidad de dos misiones diferentes de con el mismo propósito de interceder ante autoridades políticas y judiciales españolas a favor de Cristiani y del resto de demandados, una integrada entre otros por Santamaría y Samayoa y otra encabezada por el abogado de los militares, Carlos Méndez Flores.
Santamaría confirmó también sus viajes a Madrid con Samayoa a petición del ex presidente Cristiani, pero negó que Méndez Flores haya formado parte de la misma misión. "Con Salvador Samayoa nos fuimos a reunir allá con algunos amigos, nada más", dijo. El Faro habló también con Méndez Flores, quien se limitó a decir que sobre el caso jesuitas no tiene ningún comentario. "Ni le confirmo ni le niego esa información".
* Con reportes de Carlos Martínez y Carlos Dada http://www.elfaro.net/
Gobierno de Saca amenazó con retirarse de la Convención Americana de Derechos Humanos
José Luis Sanz
Publicado el 6 de Junio de 2011
Según cables de WikiLeaks, una misión salvadoreña acudió a la OEA para advertir que El Salvador podría desconocer a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si el caso por el asesinato de monseñor Romero seguía su curso. David Escobar Galindo, Salvador Samayoa y Óscar Santamaría viajaron a Washington para abogar por el cierre del caso.
La posibilidad de que la Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH) trasladara a la Corte Interamericana el caso del asesinato en 1980 del arzobispo Óscar Arnulfo Romero llevó al gobierno de Antonio Saca a amenazar en 2007 con retirarse de la Convención de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) y desconocer la autoridad de la Corte. Con esa advertencia y con el argumento de que la derogación de la Ley de Amnistía -una de las recomendaciones de la CIDH- suponía un peligro para el país, tres representantes del gobierno viajaron a Washington en octubre de ese año para tratar de frenar el caso Romero.
Un cable de la embajada de Estados Unidos en San Salvador fechado el 21 de septiembre de ese año recoge la visión de la administración Saca sobre el tema y su decisión de no ceder a las exigencias de la CIDH. Según el texto, una de las últimas recomendaciones hechas por la CIDH a fin de lograr un acuerdo entre el Estado salvadoreño y los demandantes – encabezados por CEJIL- era la retirada del monumento al fundador de Arena -y autor intelectual del asesinato de Romero, según la Comisión de la Verdad, Roberto d’Aubuisson- en el municipio de Antiguo Cuscatlán. La embajada lo consideraba “una condición vista aquí como imposible”.
Ver nota completa http://www.elfaro.net/
Publicado el 6 de Junio de 2011
Salvador Samayoa y Óscar Santamaría abogaron en diciembre de 2008 ante las autoridades españolas para sacar al ex presidente salvadoreño de la lista de imputados. Uno de los militares acusados en la Audiencia Nacional por el asesinato de los jesuitas asegura que el gobierno Saca prometió gestiones diplomáticas y fondos para defenderlos.
La demanda presentada en noviembre de 2008 ante la Audiencia Nacional española contra el ex presidente de la república Alfredo Cristiani y 14 militares salvadoreños por el asesinato en 1989 de seis sacerdotes jesuitas, su cocinera y la hija de esta, desató en El Salvador, casi 20 años después, una ofensiva diplomática y de gestiones personales para evitar que el ex mandatario tuviera que enfrentar un proceso judicial. Un cable de la embajada estadounidense en San Salvador, enviado a Washington el 16 de diciembre de 2008 da cuenta de una reunión celebrada el día 12 de diciembre, en la que el ex dirigente de las Fuerzas Populares de Liberación (FPL) y firmante de los acuerdos de paz Salvador Samayoa detalla a funcionarios estadounidenses parte de sus gestiones en una visita de tres días a Madrid para conversar con autoridades y miembros del sistema de justicia español a fin de trasladarles la preocupación de ciertos círculos políticos en El Salvador por el impacto que la reapertura del caso jesuitas podía tener en la reconciliación de posguerra en el país.
Según el cable, clasificado como confidencial y firmado por el encargado de negocios de la embajada, Robert Blau, Samayoa coincidió en Madrid entre el 7 y el 10 de diciembre de 2008 con el ex canciller durante el gobierno de Cristiani y también firmante de los acuerdos de paz, Óscar Santamaría, y ambos participaron juntos en al menos dos reuniones con funcionarios españoles para abordar el caso jesuitas: Fernando Burgos Pavón, fiscal adjunto de la Audiencia Nacional, y Trinidad Jiménez, secretaria de Estado para América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores español.
En ambos casos, siempre según el relato del cable, Samayoa y Santamaría recibieron palabras de comprensión y apoyo de las autoridades españolas, que se mostraron interesadas en que el caso no avanzara y críticas con el principio de justicia universal impulsado por algunos jueces de aquel país. Burgos, incluso, propuso a los delegados salvadoreños distintas alternativas para enfrentar el caso, ya fuera dilatándolo mediante peticiones de colaboración del sistema judicial salvadoreño, o acelerando la entrega de argumentos y pruebas desde el gobierno de El Salvador. Según el documento, el embajador de El Salvador en Madrid, que en aquel momento era precisamente el ex vicepresidente durante el gobierno de Calderón Sol, Enrique Borgo Bustamante, había tenido una semana antes un encuentro de resultado similar con el fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Samayoa detalló a los funcionarios estadounidenses que “en este viaje” le había sido imposible reunirse con el ex presidente español Felipe González para tratar el asunto de la acusación contra Cristiani.
En una entrevista exclusiva concedida a El Faro, el ex teniente coronel Camilo Hernández, uno de los imputados en el caso jesuitas, relata tres reuniones, una celebrada en la sede de la Asociación de Veteranos Militares de El Salvador, ASVEM, en noviembre de 2008, pocos días antes del viaje de Samayoa; otra celebrada en el Ministerio de Defensa; y una última en Casa Presidencial, en las que autoridades castrenses y el mismo presidente Antonio Saca mostraron a los militares acusados por el crimen su respaldo y su compromiso con su defensa ante la justicia española. Hernández estaba presente cuando Saca prometió, incluso, ayuda económica del Estado para sufragar parte de los gastos de defensa en España para los militares.
En una de esas reuniones se les anunció que finalmente el ex presidente Cristiani había desaparecido de la lista de imputados en España “porque había maniobrado antes (que los demás) con dos emisarios”, Santamaría y Samayoa. “Movieron sus teclas y por eso lo dejaron (a Cristiani) afuera”, dice Hernández.
Salvador Samayoa confirmó a El Faro que hizo aquel viaje, aunque desacreditó tanto a la embajada como a Camilo Hernández como fuentes válidas para conocer el motivo real y el alcance de su misión. El ex dirigente de las FPL se negó a entrar en detalles sobre el tema alegando que la publicación sobre esa misión “no aporta nada”, y se limitó a asegurar que la mayoría de sus gestiones en Madrid fueron individuales y que solo coincidió con Santamaría en dos encuentros, presuntamente los citados en el cable de la embajada estadounidense.
Funcionarios de la embajada de España en El Salvador confirman que a finales de 2008 trasladaron a Madrid el interés de diversas personalidades salvadoreñas por reunirse con funcionarios españoles para tratar el caso jesuitas, aunque se desmarcaron de cualquier intento de injerencia del gobierno de España en el funcionamiento autónomo de su sistema de justicia. Fuentes relacionadas con aquellas visitas hablaron a El Faro de la existencia en realidad de dos misiones diferentes de con el mismo propósito de interceder ante autoridades políticas y judiciales españolas a favor de Cristiani y del resto de demandados, una integrada entre otros por Santamaría y Samayoa y otra encabezada por el abogado de los militares, Carlos Méndez Flores.
Santamaría confirmó también sus viajes a Madrid con Samayoa a petición del ex presidente Cristiani, pero negó que Méndez Flores haya formado parte de la misma misión. "Con Salvador Samayoa nos fuimos a reunir allá con algunos amigos, nada más", dijo. El Faro habló también con Méndez Flores, quien se limitó a decir que sobre el caso jesuitas no tiene ningún comentario. "Ni le confirmo ni le niego esa información".
* Con reportes de Carlos Martínez y Carlos Dada http://www.elfaro.net/
Gobierno de Saca amenazó con retirarse de la Convención Americana de Derechos Humanos
José Luis Sanz
Publicado el 6 de Junio de 2011
Según cables de WikiLeaks, una misión salvadoreña acudió a la OEA para advertir que El Salvador podría desconocer a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si el caso por el asesinato de monseñor Romero seguía su curso. David Escobar Galindo, Salvador Samayoa y Óscar Santamaría viajaron a Washington para abogar por el cierre del caso.
La posibilidad de que la Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH) trasladara a la Corte Interamericana el caso del asesinato en 1980 del arzobispo Óscar Arnulfo Romero llevó al gobierno de Antonio Saca a amenazar en 2007 con retirarse de la Convención de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) y desconocer la autoridad de la Corte. Con esa advertencia y con el argumento de que la derogación de la Ley de Amnistía -una de las recomendaciones de la CIDH- suponía un peligro para el país, tres representantes del gobierno viajaron a Washington en octubre de ese año para tratar de frenar el caso Romero.
Un cable de la embajada de Estados Unidos en San Salvador fechado el 21 de septiembre de ese año recoge la visión de la administración Saca sobre el tema y su decisión de no ceder a las exigencias de la CIDH. Según el texto, una de las últimas recomendaciones hechas por la CIDH a fin de lograr un acuerdo entre el Estado salvadoreño y los demandantes – encabezados por CEJIL- era la retirada del monumento al fundador de Arena -y autor intelectual del asesinato de Romero, según la Comisión de la Verdad, Roberto d’Aubuisson- en el municipio de Antiguo Cuscatlán. La embajada lo consideraba “una condición vista aquí como imposible”.
Ver nota completa http://www.elfaro.net/
sábado, 4 de junio de 2011
La Noche Oscura: Funes avaló decreto de la derecha que amarra a Sala de lo Constitucional
Sorpresa? Indignación? verguenza? asombro?...
Estamos de luto: Un golpe bajo a la dignidad del Pueblo Salvadoreño. Será que el Presidente Funes, Arena, Gana, PCN, PDC, algunos diputados del FMLN nos tienen por TARADOS¡
Que porqueria lo que han hecho e indignante.
El Salvador será:
El Salvador será un lindo y sin exagerar) un serio pais
cuando la clase obrera y el campesinado
lo fertilicen lo peinen lo talqueen
le curen la goma historica
lo adecenten lo reconstituyan
y lo hechen a andar.
El problema es que hoy El Salvador
tienen como mil puyas y cien mil desniveles
quinimil callos y algunas postemillas
cánceres, cáscaras, caspas, chuquedades,
llagas, fracturas, tembladeras, tufos.
Habrá que darle un poco de machete,
lija, torno, aguarrás, penicilina,
baños de asiento, besos, pólvora
Roque Dalton
Tomado de wwwelfaro.net
La Imprenta Nacional hace constar que el decreto legislativo aprobado por los partidos de derecha el jueves ya fue sancionado por el presidente Funes y se publicará en el Diario Oficial de ayer. El presidente así se unió al criterio de Arena, Gana, PCN y PDC, en tanto que el fiscal general, la ANEP y el FMLN condenaron la reforma aprobada sin debate de por medio.
Sergio Arauz, Efren Lemus y Gabriel Labrador
elfaro.net / Publicado el 3 de Junio de 2011
El abogado Tomás Calderón participa de una manifestación frente a Casapres convocada por medios sociales contra la medida del presidente Funes. Foto Mauro Arias
El presidente de la República, Mauricio Funes, dio su visto bueno al decreto que sin discusión aprobaron los partidos de derecha la tarde del jueves, que obligará a la Sala de lo Constitucional a resolver sus sentencias por unanimidad, y no por mayoría, como prescribía la Ley Orgánica Judicial.
Las reformas a la Ley Orgánica Judicial fueron promovidas por el Partido de Conciliación Nacional en un proceso que en términos de tiempo refleja la manera en que se concibió todo: el PCN propuso las enmiendas la tarde del jueves, los partidos Arena, Gana y PDC le dieron su respaldo inmediato. Una vez aprobado el decreto, lo enviaron a Casa Presidencial para consideración de Funes y este lo sancionó.
Aunque el decreto 743 aparecerá publicado dentro de unos 15 días, según explicaron a El Faro fuentes del Diario Oficial, será incluido en el ejemplar correspondiente a ayer. "La Presidencia de la República pidió reserva de espacio para que apareciera publicado en el Diario Oficial del 2 de junio de 2011", dijo una persona que trabaja en la Imprenta Nacional. Este periódico pidió una constancia de que el decreto será incluido en el Diario Oficial de ayer, y fue firmada por el subdirector de la Imprenta, Edgard Antonio Mendoza. En la práctica, la decisión de "homologar" las decisiones de los magistrados constitucionalistas será publicada dentro de dos semanas en un Diario Oficial prefechado 2 de junio.
El decreto fue tan controvertido que el diputado arenero Guillermo Ávila Qüehl le llamó "aberración" y se retiró de la sesión plenaria. Los diputados de los cuatro partidos que lo aprobaron no pudieron explicar en qué consistía la necesidad de obligar a los magistrados de la Sala a votar por unanimidad las sentencias de inconstitucionalidad.
Lo que sí dejaron claro algunos de ellos es que legislaron para afectar el trabajo de aquellos magistrados que le han complicado la vida a las cúpulas partidarias con varias sentencias de inconstitucionalidad emitidas en los últimos 10 meses. El pedecista Rodolfo Parker declaró que a su juicio había necesidad de frenar a la Sala porque con sus decisiones estaba violando la Constitución.
Las reformas a la Ley Orgánica Judicial fueron elaboradas un día antes de que la Sala estudiara la posibilidad de declarar inconstitucional el sistema electoral que permite que algunos diputados sean elegidos hasta con una quinta parte del apoyo que reciben otros legisladores. La Constitución establece que el voto de todos los salvadoreños vale lo mismo, pero en la práctica no ocurre así gracias al sistema de residuos que prescribe el Código Electoral. En 2009, por ejemplo, el PCN obtuvo diputados con una votación de apenas entre 7 mil y 8 mil sufragios, mientras que a otros partidos, como el FMLN y Arena, en varios departamentos les costó obtener hasta 35 mil votos o más para tener derecho a un solo escaño legislativo.
FMLN, fiscal y ANEP critican maniobra
Y mientras la Presidencia de la República ha callado sobre las razones para sancionar el decreto, otros actores sí se pronunciaron con claridad este lunes, incluido al partido del gobernante, el FMLN, que consideró una "tragedia para la democracia" la actuación del mandatario.
Al debate se unieron además el fiscal general, Romeo Barahona, y la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), que criticaron la medida.
Barahona lanzó esta mañana dos críticas al decreto. “En ningún tribunal constitucional se resuelven las cosas por unanimidad (…) En la mayoría, como el tribunal constitucional de Estados Unidos, España, Costa Rica y otros suramericanos, las decisiones se toman por mayoría”.
El segundo cuestionamiento del fiscal se refiere al tiempo de vigor del decreto 743 que establece que las reformas a la Ley Orgánica Judicial durarán hasta julio de 2012, justo cuando terminan su mandato en la Sala de lo Constitucional los cuatro magistrados que han estado votando unidos desde cuando asumieron. “Los decretos no tienen que ser transitorios, las leyes son eminentemente generales, abstractas e impersonales. Esas son las características esenciales de una ley”.
Aunque el decreto no cumple las características que debería tener, el funcionario no quiso pronunciarse sobre la posible ilegalidad: “No puedo decir que es inconstitucional porque es regulado por una ley secundaria”.
La ANEP también se pronunció en contra del decreto, considerando que se trata de un atentado contra la democracia. "La reforma aprobada por Gana, Arena, PCN y PDC, que obliga al consenso de votos para la aprobación de los dictámenes de la Sala de lo Constitucional, es un verdadero golpe a la democracia salvadoreña", dijo la ANEP.
La interpretación del gremio empresarial es que la reforma a la Ley Orgánica Judicial elimina el sistema de pesos y contrapesos que garantiza un régimen democrático. "Ahora, con la reforma de esta ley, el poder judicial, que ejercía un importante contrapeso para defender la democracia, ha sido neutralizado. Llama la atención que el mismo día de su aprobación, la ley fue sancionada y publicada por el Presidente de la República, sin analizar la constitucionalidad y la conveniencia para la democracia."
De todos los actores políticos que se pronunciaron este viernes, quizás la mayor contundencia la puso el mismo partido del presidente. El diputado Sigfrido Reyes calificó como una "tragedia para la democracia" el hecho de que el presidente hubiera avalado el decreto que su partido no apoyó durante la sesión plenaria del jueves.
Reyes, ex vocero del FMLN y ahora presidente de la Asamblea Legislativa, calificó de aberrante la decisión presidencial: “Yo creo que aquí hay una opinión ciudadana, hay un pueblo, hay una sociedad civil y hay un sector político que nos oponemos a ese tipo de decisiones aberrantes. Es una aberración desde todo punto de vista”, dijo.
Lamentó que el decreto haya sido sancionado con tanta celeridad y dijo que cabe sospechar que detrás del acuerdo exista una negociación oculta. “La lógica de este decreto no resiste ningún análisis serio, no me extrañaría que estos señores de la derecha vengan mañana a plantear que todas las decisiones de esta Asamblea Legislativa vengan con unanimidad”, dijo.
Organizaciones cívicas contra el decreto
parte del gremio empresarial ANEP, cuatro organizaciones cívicas que han venido analizando desde hace meses las sentencias de la Sala de lo Constitucional se pronunciaron también este viernes calificando como "golpe a la institucionalidad" la emisión del decreto y la sanción de parte del presidente Funes.
Fespad, Fundaspad, Abodel y la ISD, que con ANEP cubren todos los signos ideológicos de izquierda a derecha, consideraron que la sanción que dio el presidente al decreto es lamentable y un atropello al funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia.
Abraham Ábrego, de la Fundación Salvadoreña de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) manifestó que el hecho de que un solo magistrado pueda imponer un candado a las resoluciones de la Sala es atentatorio contra la institucionalidad. “No es propio de la democracia que una minoría pueda imponer su criterio sobre el resto”, comentó Ábrego.
También hubo críticas al proceso de aprobación. “Llama la atención que se hizo en un período corto, y lo único que demuestra es que hubo un acuerdo previo”, dijo José Mirio González, presidente de la Asociación de Abogados de La Libertad (Abodel).
Por la Iniciativa Social para la Democracia (ISD), René Landaverde, informó que está preparando un informe que será presentado al Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el
que se demostraría que el decreto violenta la Carta Democrática Interamericana
Estamos de luto: Un golpe bajo a la dignidad del Pueblo Salvadoreño. Será que el Presidente Funes, Arena, Gana, PCN, PDC, algunos diputados del FMLN nos tienen por TARADOS¡
Que porqueria lo que han hecho e indignante.
El Salvador será:
El Salvador será un lindo y sin exagerar) un serio pais
cuando la clase obrera y el campesinado
lo fertilicen lo peinen lo talqueen
le curen la goma historica
lo adecenten lo reconstituyan
y lo hechen a andar.
El problema es que hoy El Salvador
tienen como mil puyas y cien mil desniveles
quinimil callos y algunas postemillas
cánceres, cáscaras, caspas, chuquedades,
llagas, fracturas, tembladeras, tufos.
Habrá que darle un poco de machete,
lija, torno, aguarrás, penicilina,
baños de asiento, besos, pólvora
Roque Dalton
Tomado de wwwelfaro.net
La Imprenta Nacional hace constar que el decreto legislativo aprobado por los partidos de derecha el jueves ya fue sancionado por el presidente Funes y se publicará en el Diario Oficial de ayer. El presidente así se unió al criterio de Arena, Gana, PCN y PDC, en tanto que el fiscal general, la ANEP y el FMLN condenaron la reforma aprobada sin debate de por medio.
Sergio Arauz, Efren Lemus y Gabriel Labrador
elfaro.net / Publicado el 3 de Junio de 2011
El abogado Tomás Calderón participa de una manifestación frente a Casapres convocada por medios sociales contra la medida del presidente Funes. Foto Mauro Arias
El presidente de la República, Mauricio Funes, dio su visto bueno al decreto que sin discusión aprobaron los partidos de derecha la tarde del jueves, que obligará a la Sala de lo Constitucional a resolver sus sentencias por unanimidad, y no por mayoría, como prescribía la Ley Orgánica Judicial.
Las reformas a la Ley Orgánica Judicial fueron promovidas por el Partido de Conciliación Nacional en un proceso que en términos de tiempo refleja la manera en que se concibió todo: el PCN propuso las enmiendas la tarde del jueves, los partidos Arena, Gana y PDC le dieron su respaldo inmediato. Una vez aprobado el decreto, lo enviaron a Casa Presidencial para consideración de Funes y este lo sancionó.
Aunque el decreto 743 aparecerá publicado dentro de unos 15 días, según explicaron a El Faro fuentes del Diario Oficial, será incluido en el ejemplar correspondiente a ayer. "La Presidencia de la República pidió reserva de espacio para que apareciera publicado en el Diario Oficial del 2 de junio de 2011", dijo una persona que trabaja en la Imprenta Nacional. Este periódico pidió una constancia de que el decreto será incluido en el Diario Oficial de ayer, y fue firmada por el subdirector de la Imprenta, Edgard Antonio Mendoza. En la práctica, la decisión de "homologar" las decisiones de los magistrados constitucionalistas será publicada dentro de dos semanas en un Diario Oficial prefechado 2 de junio.
El decreto fue tan controvertido que el diputado arenero Guillermo Ávila Qüehl le llamó "aberración" y se retiró de la sesión plenaria. Los diputados de los cuatro partidos que lo aprobaron no pudieron explicar en qué consistía la necesidad de obligar a los magistrados de la Sala a votar por unanimidad las sentencias de inconstitucionalidad.
Lo que sí dejaron claro algunos de ellos es que legislaron para afectar el trabajo de aquellos magistrados que le han complicado la vida a las cúpulas partidarias con varias sentencias de inconstitucionalidad emitidas en los últimos 10 meses. El pedecista Rodolfo Parker declaró que a su juicio había necesidad de frenar a la Sala porque con sus decisiones estaba violando la Constitución.
Las reformas a la Ley Orgánica Judicial fueron elaboradas un día antes de que la Sala estudiara la posibilidad de declarar inconstitucional el sistema electoral que permite que algunos diputados sean elegidos hasta con una quinta parte del apoyo que reciben otros legisladores. La Constitución establece que el voto de todos los salvadoreños vale lo mismo, pero en la práctica no ocurre así gracias al sistema de residuos que prescribe el Código Electoral. En 2009, por ejemplo, el PCN obtuvo diputados con una votación de apenas entre 7 mil y 8 mil sufragios, mientras que a otros partidos, como el FMLN y Arena, en varios departamentos les costó obtener hasta 35 mil votos o más para tener derecho a un solo escaño legislativo.
FMLN, fiscal y ANEP critican maniobra
Y mientras la Presidencia de la República ha callado sobre las razones para sancionar el decreto, otros actores sí se pronunciaron con claridad este lunes, incluido al partido del gobernante, el FMLN, que consideró una "tragedia para la democracia" la actuación del mandatario.
Al debate se unieron además el fiscal general, Romeo Barahona, y la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), que criticaron la medida.
Barahona lanzó esta mañana dos críticas al decreto. “En ningún tribunal constitucional se resuelven las cosas por unanimidad (…) En la mayoría, como el tribunal constitucional de Estados Unidos, España, Costa Rica y otros suramericanos, las decisiones se toman por mayoría”.
El segundo cuestionamiento del fiscal se refiere al tiempo de vigor del decreto 743 que establece que las reformas a la Ley Orgánica Judicial durarán hasta julio de 2012, justo cuando terminan su mandato en la Sala de lo Constitucional los cuatro magistrados que han estado votando unidos desde cuando asumieron. “Los decretos no tienen que ser transitorios, las leyes son eminentemente generales, abstractas e impersonales. Esas son las características esenciales de una ley”.
Aunque el decreto no cumple las características que debería tener, el funcionario no quiso pronunciarse sobre la posible ilegalidad: “No puedo decir que es inconstitucional porque es regulado por una ley secundaria”.
La ANEP también se pronunció en contra del decreto, considerando que se trata de un atentado contra la democracia. "La reforma aprobada por Gana, Arena, PCN y PDC, que obliga al consenso de votos para la aprobación de los dictámenes de la Sala de lo Constitucional, es un verdadero golpe a la democracia salvadoreña", dijo la ANEP.
La interpretación del gremio empresarial es que la reforma a la Ley Orgánica Judicial elimina el sistema de pesos y contrapesos que garantiza un régimen democrático. "Ahora, con la reforma de esta ley, el poder judicial, que ejercía un importante contrapeso para defender la democracia, ha sido neutralizado. Llama la atención que el mismo día de su aprobación, la ley fue sancionada y publicada por el Presidente de la República, sin analizar la constitucionalidad y la conveniencia para la democracia."
De todos los actores políticos que se pronunciaron este viernes, quizás la mayor contundencia la puso el mismo partido del presidente. El diputado Sigfrido Reyes calificó como una "tragedia para la democracia" el hecho de que el presidente hubiera avalado el decreto que su partido no apoyó durante la sesión plenaria del jueves.
Reyes, ex vocero del FMLN y ahora presidente de la Asamblea Legislativa, calificó de aberrante la decisión presidencial: “Yo creo que aquí hay una opinión ciudadana, hay un pueblo, hay una sociedad civil y hay un sector político que nos oponemos a ese tipo de decisiones aberrantes. Es una aberración desde todo punto de vista”, dijo.
Lamentó que el decreto haya sido sancionado con tanta celeridad y dijo que cabe sospechar que detrás del acuerdo exista una negociación oculta. “La lógica de este decreto no resiste ningún análisis serio, no me extrañaría que estos señores de la derecha vengan mañana a plantear que todas las decisiones de esta Asamblea Legislativa vengan con unanimidad”, dijo.
Organizaciones cívicas contra el decreto
parte del gremio empresarial ANEP, cuatro organizaciones cívicas que han venido analizando desde hace meses las sentencias de la Sala de lo Constitucional se pronunciaron también este viernes calificando como "golpe a la institucionalidad" la emisión del decreto y la sanción de parte del presidente Funes.
Fespad, Fundaspad, Abodel y la ISD, que con ANEP cubren todos los signos ideológicos de izquierda a derecha, consideraron que la sanción que dio el presidente al decreto es lamentable y un atropello al funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia.
Abraham Ábrego, de la Fundación Salvadoreña de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) manifestó que el hecho de que un solo magistrado pueda imponer un candado a las resoluciones de la Sala es atentatorio contra la institucionalidad. “No es propio de la democracia que una minoría pueda imponer su criterio sobre el resto”, comentó Ábrego.
También hubo críticas al proceso de aprobación. “Llama la atención que se hizo en un período corto, y lo único que demuestra es que hubo un acuerdo previo”, dijo José Mirio González, presidente de la Asociación de Abogados de La Libertad (Abodel).
Por la Iniciativa Social para la Democracia (ISD), René Landaverde, informó que está preparando un informe que será presentado al Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el
que se demostraría que el decreto violenta la Carta Democrática Interamericana
jueves, 2 de junio de 2011
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