Jueves, 03 de Julio de 2008

Abogados de Nicolás Carranza buscan revertir fallo a través de Ley de Amnistía

Beatriz CastilloRedacción Diario Co LatinoLos abogados del ex subsecretario de defensa, Nicolás Carranza, buscan revertir el fallo de la Corte Federal de Memphis, de los Estados Unidos. El 18 de noviembre de 2005, la Corte Federal de Memphis decretó culpabilidad en los crímenes contra la humanidad, asesinatos extrajudiciales y torturas, al militar retirado, Nicolás Carranza, después de que cinco salvadoreños interpusieran una demanda en su contra. El veredicto obligaba que el militar pagara medio millón de dólares en compensación por daños, para cada uno de los cuatro acusadores, y cuatro millones de dólares más, repartidos también entre los denunciadores, como castigo por sus crímenes.Uno de los abogados del bufete The Center For Justice y Accountability, dijo a Diario Co Latino que a pesar de que el juzgado se declaró sin dinero, continúa pagando abogados para revertir el fallo.Además, reveló que el Estado salvadoreño designó un abogado para que “presentara un amicus a favor de Carranza”, poniendo como principal alegato para revertirlo la Ley de Amnistía salvadoreña.Este vespertino publicó ayer que el ex militar habría cedido sus bienes, entre ellas unas propiedades ubicadas en el departamento de Usulután, para evitar los pagos del fallo, a su hija Ana Consuelo Carranza de Romero, esposa del ex Ministro de la Defensa Otto Romero. Dicho traspaso los realizó un año después del veredicto, según consta un poder general, en manos de Diario Co Latino. El abogado de las víctimas de estos crímenes de lesa humanidad y torturas, aseguró que el bufete The Center For Justice y Accountability, indicó que aun se está en el proceso de apelación para que el ex militar sea obligado a pagar la sentencia.Después de la década de los 80’s, varios jefes de alto rango militar fueron involucrados en crímenes de lesa humanidad y torturas. Sin embargo, la Ley de Amnistía, decretada en 1993, no permite el juzgamiento en estos casos. Según los funcionarios que avalaron dicha ley, fue un instrumento creado para cerrar “heridas y mantener la paz”. Sin embargo, el instrumento legal avalado después del conflicto armado no permite el juzgamiento de militares involucrados en crímenes cometidos durante la guerra civil.