Juez cita militares por desapariciones de 1982

La familia de las hermanas Serrano interpuso la denuncia en 1993, pero fue hasta en los últimos meses que un juez ordenó entrevistar a varios altos militares retirados. Efren Lemus judicial@laprensa.com.sv

Fecha de actualización: 10/3/2008

La orden salió del Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango. Por primera vez en la historia judicial salvadoreña, tres militares retirados, integrantes de la cúpula de la Fuerza Armada a inicios de la década de los ochenta, fueron llamados a declarar como testigos para esclarecer unas desapariciones durante el conflicto armado.

El pasado 26 de junio, la Fiscalía de Chalatenango tomó la declaración del general Rafael Flores Lima, ex jefe del Estado Mayor. A él se le preguntó sobre la denominada “operación limpieza”, un operativo militar que se realizó en junio de 1982, en el cantón Alvarengas, municipio de Nueva Trinidad, donde desaparecieron las hermanas Erlinda y Ernestina Serrano Cruz, de cuatro y siete años.
“Ya se remitió esa entrevista al juzgado”, confirmó Lorena Morales, jefa de una unidad fiscal en Chalatenango. Ese día de junio, a Flores Lima lo acompañaban unos abogados del Ministerio de Defensa, quienes no se mostraron parte en el proceso. Fiscales y una abogado de Pro Búsqueda —la ONG que representa a las hermanas desaparecidas— le interrogaron sobre el funcionamiento, el operativo y la cadena de mando dentro del Ejército. Él respondió sin reparos, sin ampararse en la ley de amnistía.
Esa ley, aprobada en 1993, es sinónimo de polémica. Para el Gobierno permitió consolidar el proceso de paz, pero para las organizaciones pro derechos humanos es un obstáculo para investigar los crímenes de lesa humanidad. Bajo el primer argumento, el Gobierno intentó frenar una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó, en 2005, investigar las desapariciones.
Esa sentencia internacional ha dado un nuevo aliento al proceso local. Por orden de la jueza Morena Concepción Laínez, la Fiscalía investigó el paradero del general Juan Rafael Bustillo Toledo y del coronel Mario Adalberto Mena Reyes, ex jefe de la Fuerza Aérea y ex comandante de la Cuarta Brigada de Infantería.
El citatorio contra Mena Reyes no se hizo efectivo porque el militar salió del país hace más de dos décadas; vive en Estados Unidos. A Bustillo Toledo sí se le notificó el citatorio, pero no llegó. Ese informe será remitido a la juez, quien tiene libertad para llamarlo a declarar incluso con apremio, bajo custodia policial.
¿Puede abstenerse de declarar, invocando la ley de amnistía? “Están llamados a ser entrevistados, tienen que venir y decir la información que sepan o no. Cualquier cuestión a la que se quieran amparar es decisión de la jueza y ella tendrá que valorar cuál es su fundamento. Esa decisión no es de nosotros”, responde la fiscal Morales.
Ayer se buscó a la jueza Laínez, pero su secretario dijo que no podía atender porque estaba en una audiencia. La abogada de Pro Búsqueda, Leonor Arteaga, sostiene que la investigación no debe detenerse porque se trata de un delito grave y continuado.