Un policía confesó que agentes, cabos y subinspectores destacados en el oriente del país recibieron sobornos de contrabandistas. Ninguno fue investigado penalmente y, según informes policiales, su involucramiento siguió. Con el pasar de los años, lo que inició como contrabando se volvió una actividad de narcotráfico en varias playas unionenses. Escrito por Equipo Nación Miércoles, 06 mayo 2009 00:00
En el sector de la isla La Criba y la bocana El Tamarindo, en el lugar conocido como el embarcadero, están saliendo lanchas con droga”.
Informe policial de Operación Camaleón
La lancha atracó frente al puesto policial... De lo que sí está seguro (el informante) es que fueron policías los que bajaron los bultos.”
Parte de un informe policial de la Operación Camaleón
A juzgar por documentos policiales y judiciales, el lugar y los protagonistas eran los mismos y lo único que cambió a lo largo de una década fue la evolución del delito: del contrabando pasaron a realizar actividades de narcotráfico. En las playas unionenses de El Icacal y El Tamarindo, perfiladas como destino de lanchas con droga por parte de la operación encubierta bautizada como Plan Camaleón, ya había sido detallada como zona en donde las voluntades de agentes, cabos y hasta subinspectores policiales estaban compradas por los contrabandistas desde 2004.
La información de inteligencia policial, recogida entre marzo y abril de 2008, en islas del golfo de Fonseca, la playa el Tamarindo, el Icacal y otras, buscando indicios de la entrada de drogas, ya eran mencionadas como entrada del contrabando de lácteos desde cuatro años antes de la operación encubierta.
Los diversos elementos policiales pertenecientes a las unidades de Patrulleros de Caminos de San Miguel y Ciudad el Triunfo (Usulután), de los puestos policiales de Intipucá (La Unión) y de la División de Finanzas de Cutuco (La Unión) fueron delatados como cooperantes de contrabandistas de la zona oriente del país.
Los señalados, cuyos nombres fueron proporcionados por un policía acusado de participar en los hechos delictivos y que recibió el criterio de oportunidad (beneficios a cambio de su declaración), constan en el proceso judicial que se llevó a cabo contra unas 30 personas. Sin embargo, ninguno de ellos fue investigado.
La figura clave dentro del sonado contrabando de lácteos, fallido completamente en su etapa judicial ya que ninguna persona fue condenada, fue Abel Hernández Castillo. Los lancheros que trabajaban para él también estaban a las órdenes de Daniel Quezada, empresario, al que un investigador policial ubica como un mando medio en la organización.
El mismo modus operandi
En agosto de 2008, una investigación de LA PRENSA GRÁFICA reveló que “a finales de 2003 y durante los primeros nueve meses de 2004 los policías favorecían a los contrabandistas de tal forma que arrestaban solo a la competencia de los que daban dádivas, a esos no los tocaban. Los policías empezaban a manifestar que recibían dádivas de las estructuras de grandes contrabandistas, hoy conocidos como Los Perrones”.
De hecho, un memorando policial fechado en junio de 2007 barajaba la posibilidad del involucramiento del entonces jefe de delegación de Usulután, comisionado Ciro Barrera, ya que supuestamente ordenó levantar un retén policial de la División de Finanzas. Lo plasmado dentro del expediente 296-01-07 coincide de forma escandalosa con los informes: agentes patrulleros de caminos estaban “a sueldo” de un contrabandista, y este les cancelaba “coimas” incluso semanalmente para que estos “le limpiaran” las carreteras de retenes, entre estas, la carretera del Litoral, recibiendo entre $200 y $600.
Entre los mencionados en repetidas ocasiones por el testigo está Carlos Humberto Hércules, identificado como de la Unidad de Patrulleros de Caminos, y el que según el acta del operativo de captura de Castillo y otras cinco personas más, bloqueó la diligencia encubierta de darle seguimiento a un furgón con queso de contrabando, hecha el 28 de junio de 2006.
Incluso, el mismo jefe del testigo criteriado —según el relato judicial—, el subinspector Manuel Antonio Gutiérrez Hernández, a la cabeza del puesto policial del cantón El Quebradero (Jiquilisco, Usulután), estaría al tanto del “trabajo” de su subalterno, y también él recibía beneficios económicos por ayudar a los contrabandistas.
El policía involucrado, según el relato de los hechos del expediente, trabajó aproximadamente un año con Hernández Castillo —desde 2004—, y algunos de los puntos de desembarque de los quesos contrabandeados desde Nicaragua identificados por él fueron la playa El Tamarindo, y El Icacal. Cuatro años más tarde, estos mismos son mencionados como posibles lugares de entrada de drogas, vía marítima, en varios informes del Centro de Inteligencia Conjunta Antinarcóticos.
Además, fue el puesto policial de El Tamarindo el indagado durante el operativo encubierto policial denominado Plan Camaleón, por presunta infiltración de narcotraficantes con elementos de la corporación.
Por otra parte, el Juzgado Especializado de Instrucción de San Miguel resolvió, dentro del proceso llevado contra Daniel Quezada —arrestado el primero de abril de 2009— por tráfico de drogas, que ese puesto policial sea indagado por su presunta vinculación con narcos.
Otra de las coincidencias que el proceso deja entrever es la relación con los lancheros. Según el testigo, Hernández Castillo trabajó durante mucho tiempo con José Ángel Villatoro Salmerón, lanchero residente en el cantón de El Tamarindo. A él, fuentes policiales lo confirman como “empleado” en el contrabando de quesos con Daniel Quezada y José Natividad Luna Pereira (o “Chepe Luna”), años atrás.
De hecho, parte del relato del testigo en la causa 296-01-07 detalla que Hernández Castillo decidió cambiar como lanchero a Villatoro Salmerón porque “le transporta producto a varios queseros, entre estos, Antonio Hernández, Carlos Blanco, José Luis Macay, Marcelino N., los Luna, y otros...”. Pese a ser un sospechoso de contrabando desde 1998, Luna Pereira viajaba con un jefe policial del oriente del país, Herberth Larios, según documentación interna de la Policía.
La otra coincidencia entre los otrora contrabandistas y hoy sospechosos de narcotráfico es el modus operandi. El testigo delató que los contrabandistas nicaragüenses de lácteos que entraban vía marítima al resguardo nocturno: unas señales rápidas con una lámpara de mano eran enviadas a la costa salvadoreña, desde donde los nacionales les contestaban de igual manera. Tal forma de operar fue detectada en el Plan Camaleón para el tráfico de drogas.
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